Ramón siempre ha estado vinculado al campo. Su familia lleva generaciones dedicados a la agricultura, más concretamente al sector cerealista de secano en Carmona, Sevilla.
A sus 62 años y tantos años de experiencia, el hombre confiesa a EL ESPAÑOL que "el futuro del sector tiene muy mala pinta. Somos los que peor lo estamos pasando".
Como Ramón, cerca de 200.000 explotaciones en España afrontan una realidad asfixiante: costes disparados, márgenes estrechos y una competencia feroz del mercado exterior.
"Los precios bajos vienen dados por la importación desde terceros países con costes inferiores, producciones muy superiores a las nuestras y una climatología más estable", refleja el agricultor
¿El efecto de esto? Que sea un negocio al límite de la viabilidad. "Desde hace 20 años la rentabilidad ha ido bajando con los precios congelados de nuestros productos o incluso por debajo de hace años y, por si fuera poco, los gastos cada vez más altos", cuenta el agricultor.
Aunque el campo ha vivido picos puntuales de rentabilidad por las guerras o contextos geopolíticos, la tendencia de fondo es de pérdidas constantes.
Hoy, la volatilidad de mercado aprieta al agricultor: mientras los insumos como fertilizantes, semillas y maquinaria se mantienen caros, la cotización del grano en origen se hunde.
Los problemas del campo
Cuando Ramón empezó como autónomo con 22 años para afrontar el negocio familiar, el campo era muy diferente.
En aquel entonces el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) fijaba anualmente los precios de garantía y precios de intervención. Era un sector más protegido, había más explotaciones cerealistas y alrededor del 18% de la población activa se dedicaba al campo.
Hoy todo es diferente. "Actualmente nada tiene que ver como era antes, las jornadas a veces son largas otras menos, pero al ser autónomo es lo que hay. Dependo mucho de la climatología", cuenta Ramón.
Durante la última década, España vive una transformación climatológica que afecta directamente el sector cerealista: un aumento de las temperaturas, acortamiento de las estaciones o un patrón de precipitaciones irracional.
"Dependemos de la temperatura, la lluvia o las sequías", indica. "Ha sido muy cambiante en estos últimos años perjudicando a los rendimientos, y por consiguiente a la rentabilidad".
Eso no es todo. A la climatología se le suma la burocracia. De hecho, para Ramón "hace que se estreche aún más la viabilidad" y tiene un impacto económico en su rentabilidad.
Normativas como la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC), la Ley de Cadena Alimentaria, los Ecorregímenes o El Cuaderno Digital de Explotación impuestas por Bruselas o el Gobierno, exigen un gasto continuo de tiempo y dinero para profesionales como Ramón.
Frente a estas exigencias, Ramón asegura que los cerealistas se sienten "desprotegidos", especialmente ante las mercancías que llegan desde el extranjero.
España es el primer país importador de cereales de la Unión Europea. Las importaciones han llegado a rozar o superar los 20-22 millones de toneladas en un solo año con países proveedores como Ucrania, Brasil o Canadá.
"Entran mercancías sin aranceles o con aranceles muy bajos, no se controlan los contingentes establecidos y no se realizan los suficientes controles de calidad y salubridad", señala.
Así mientras al agricultor español se le imponen restricciones medioambientales y se le prohíben de fitosanitarios baratos, al agricultor de terceros países no se le exigen las mismas condiciones de sostenibilidad ambiental.
El grano importado tan solo pasa por los controles sanitarios fronterizos que poco tienen que ver con las obligaciones que tienen los cerealistas como Ramón a la hora de trabajar sus explotaciones.
"No se atisba ningún cambio a corto plazo", concluye Ramón. "Los mercados solo buscan lo más barato, eso lo encuentran en los puertos. Con eso en España no podemos competir".