La Comisión Europea ha dado un nuevo paso contra España por el retraso en la adaptación de su legislación a las normas comunitarias sobre los créditos al consumo.
Bruselas ha enviado un dictamen motivado y concede al Gobierno un plazo de dos meses para completar la transposición de la Directiva (UE) 2023/2225, antes de que el procedimiento pueda llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La directiva europea establece un marco común para reforzar la protección de los consumidores, mejorar la información sobre los préstamos y garantizar unas condiciones más transparentes en el mercado del crédito.
Los Estados miembros tenían hasta el 20 de noviembre de 2025 para incorporar sus disposiciones al ordenamiento nacional, aunque las nuevas reglas están previstas para aplicarse desde el 20 de noviembre de 2026. España, por su parte, ya ha iniciado el proceso.
El Gobierno aprobó en enero el anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, con el objetivo de transponer esta directiva y otra norma europea relacionada con los servicios financieros contratados a distancia. El texto busca aumentar la transparencia, reforzar la evaluación de solvencia y limitar determinados costes asociados a los créditos.
Mayor protección para los consumidores
Una de las principales novedades que contempla el proyecto español afecta a los préstamos de alto coste y a las tarjetas revolving. El Gobierno planteó un límite temporal del 22% para determinados costes del crédito, una cifra que también afecta al 'stock' de tarjetas revolving.
Posteriormente, el límite general se establecerá de forma periódica y será decreciente en función del importe del préstamo. En el caso de los microcréditos o préstamos de alto coste, el anteproyecto establece además un régimen específico.
Se plantea limitar el interés mensual al 4% y la comisión de apertura al 5%, con un máximo de 30 euros. El objetivo declarado por el Ejecutivo es evitar que estos productos generen situaciones de sobreendeudamiento, especialmente entre los consumidores con menor capacidad económica.
La reforma también amplía el ámbito de protección a nuevas formas de financiación. Entre ellas se encuentran los sistemas de 'compra ahora y paga después' y determinados créditos de bajo importe.
El anteproyecto prevé además una mayor supervisión de los prestamistas no bancarios y nuevas obligaciones relacionadas con la evaluación de la solvencia de los clientes.
La normativa europea también refuerza las obligaciones de información y publicidad para que los consumidores puedan comparar las distintas ofertas antes de contratar un préstamo. La Comisión Europea señala que la reforma pretende mejorar la transparencia y la evaluación de la capacidad de pago de los consumidores.
El procedimiento abierto por Bruselas añade presión sobre la tramitación española. Si el Gobierno no adopta las medidas necesarias dentro del plazo concedido, la Comisión podrá avanzar hacia el TJUE y solicitar sanciones económicas.
Mientras tanto, España debe culminar la adaptación de su legislación antes de que las nuevas reglas europeas sean aplicables el próximo 20 de noviembre.