La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas políticos y sociales de España. El precio de los alquileres, la escasez de oferta y las dificultades de los jóvenes para acceder a una casa han elevado la tensión entre propietarios e inquilinos, hasta convertirse también en uno de los ejes de la actualidad política.
El rechazo en el Congreso de los dos reales decretos impulsados por el Gobierno para introducir nuevas medidas en materia de vivienda terminó evidenciando las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante sus iniciativas.
Las normas incluían, entre otras cuestiones, cambios en los alquileres de temporada y por habitaciones, prórrogas extraordinarias de contratos y medidas relacionadas con los desahucios y las ayudas a los hogares.
El bloqueo parlamentario se produjo en un momento de creciente presión social por el acceso a la vivienda y precedió a la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre de 2026, con la vivienda como uno de los asuntos centrales del debate político.
En medio de esta situación se encuentra María, una propietaria de 38 años que tiene 30 viviendas en alquiler, todas ellas en Cataluña. Lleva dos décadas dedicándose al arrendamiento y asegura que esta actividad constituye su principal fuente de ingresos.
Los propietarios, señalados por los inquilinos
Según explica, todos sus pisos están alquilados al precio establecido por el índice de referencia o incluso por debajo. "He pintado y reformado con mis propias manos y me molesta que me digan que no trabajo. Cada día a las 8 estoy trabajando", afirma a EL ESPAÑOL.
Su percepción del mercado, asegura, ha cambiado radicalmente desde la pandemia: "Empecé a alquilar hace 20 años y lo que llevamos viviendo desde el 2020 no se había visto nunca".
Uno de los principales problemas que denuncia es la morosidad. María asegura tener actualmente varios inquilinos que llevan meses sin pagar mientras ella continúa afrontando los gastos de las viviendas. También relata casos de alquiler de habitaciones, plantaciones o viviendas que sostiene que se destinaban a Airbnb.
La propietaria critica especialmente las situaciones de vulnerabilidad que pueden paralizar los procedimientos de desahucio. "Siento desamparo total", sostiene. "Las asistentas sociales no comprueban y en minutos hacen el certificado de vulnerabilidad que tienes que matarte para demostrar que no es así".
El debate sobre estas medidas se ha intensificado con la Ley de Vivienda de 2023 y la aplicación de las zonas tensionadas. Cataluña fue una de las primeras comunidades en activar este mecanismo, que permite limitar determinadas rentas en áreas donde el mercado residencial cumple los requisitos.
María asegura que no rechaza el índice de precios y que sus viviendas cumplen con los límites establecidos. Su principal crítica se dirige a las situaciones de impago y a las medidas de protección frente a los desahucios: "Si me pagan podemos llegar a todos los acuerdos que quieran, pero en cuanto no paguen fuera, lo siento. Eso es lo peor".
La situación ha hecho que incluso se plantee abandonar progresivamente el mercado del alquiler. "Estoy muy decepcionada. Estoy empezando a vender. No puedo más", afirma.
Para ella, la solución pasa por incrementar la oferta. Defiende la construcción de vivienda pública, pero también facilitar la promoción privada y mejorar las conexiones de transporte para reducir la presión sobre las grandes ciudades.
Su crítica alcanza directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.
María considera que los propietarios se han convertido en uno de los colectivos señalados en el debate político sobre la vivienda: "El Gobierno sabe muy bien lo que hace. No se olvida de nosotros, nos utiliza para su relato".
Y resume su posición con una crítica hacia el Ejecutivo. "Nos culpabilizan a nosotros porque el Gobierno es incapaz de gestionarlo. Hay que buscar un culpable", indica.
Con las elecciones del 29 de noviembre ya convocadas y la vivienda convertida en uno de los principales asuntos de la campaña, el conflicto entre propietarios, inquilinos y Administraciones amenaza con seguir ocupando el centro del debate.