¿Adquirirías una vivienda por debajo de su precio de mercado aunque esté ocupada ilegalmente? Esta es la audaz estrategia que siguen algunos inversores inmobiliarios para conseguir la máxima rentabilidad posible.
Un ejemplo de ello es el de Pascual Ariño, dueño de 16 inmuebles destinados al alquiler. "No me gusta que exista, pero comprar casas ocupadas es una mina de oro", admite.
En una entrevista para el podcast Las Gafas Rojas, reconoce que gestiona esta problemática con total pragmatismo: "Lo veo como un negocio".
Los números avalan esta controvertida metodología. Según un estudio de Pisos.com, un inmueble ocupado se devalúa entre un 58 y 70 %. Esta depreciación incluso puede llegar al 74 % en función de la ubicación de la vivienda.
Este desplome del valor es lo que convierte el problema de la ocupación ilegal en una jugosa oportunidad para aumentar los márgenes de beneficio.
"Yo ya sé lo que estoy comprando, hay okupas que los sacas con 3.000 o 5.000 euros...", explica Pascual, aunque matiza que hay excepciones: "También hay okupas que a lo mejor tienes que llamar a una empresa para sacarlos y otros donde tienes que rascarte el bolsillo y pagar mucho más".
En esta línea, el inversor distingue dos perfiles claros de ocupantes. Por un lado, destaca a la "gentuza" o "delincuentes". Según su experiencia, estos casos "se solucionan con muy poco dinero", ya que son personas habituadas a usurpar propiedades ajenas.
En contraposición está el antiguo propietario del inmueble. Según Pascual, el componente psicológico es totalmente opuesto: "Tiene un valor sentimental y no va a atreverse a romper una puerta".
"Una cosa es quedarte en la que era tu casa y otra cometer un delito entrando en otra", argumenta. Pese a la controversia moral, el inversor defiende que su método beneficia a todas las partes: "Yo gano dinero, él también, y España tributa con los impuestos".
La ocupación ilegal en España
En el plano estadístico, el fenómeno de la ocupación ilegal ha experimentado un ligero retroceso. Según los datos del Ministerio del Interior, España registró 14.875 denuncias por ocupaciones ilegales en 2025.
Esto supone una caída cercana al 10% en comparación al año anterior.
Sin embargo, la incidencia territorial es enormemente desigual. Cataluña concentra el grueso, acaparando 4 de cada 10 casos a nivel nacional.
En números totales, acumula cerca de 6.000 denuncias. Le siguen Andalucía con 1.900 ocupaciones, y la Comunidad Valenciana con alrededor de 1.800 casos.