A partir del 1 de julio de 2027, los autónomos en España deberán usar un software de facturación antifraude que cumpla requisitos técnicos para evitar la manipulación de datos contables.
La normativa, recogida en el Real Decreto-ley 15/2025, prohíbe el uso de hojas de cálculo o programas que no garanticen la integridad y trazabilidad de las facturas.
El sistema Veri*factu permitirá el envío automático de registros a la Agencia Tributaria y exige una declaración responsable de los fabricantes de software.
El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 50.000 euros para autónomos y hasta 150.000 euros para fabricantes o distribuidores de programas no conformes.
Los autónomos tendrán que adaptar su forma de gestionar las facturas a partir de 2027.
Desde el 1 de julio del próximo año, deberán utilizar obligatoriamente un sistema de facturación que cumpla con los requisitos técnicos establecidos para evitar el fraude fiscal y garantizar que la información contable no pueda manipularse.
El cambio está recogido en el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, que modificó los plazos previstos inicialmente para la implantación de estos sistemas.
La medida desarrolla las obligaciones establecidas por la Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude, cuyo objetivo es reforzar el control de las operaciones económicas y mejorar la trazabilidad de las facturas.
La nueva normativa afecta directamente a los programas utilizados por los profesionales para emitir y gestionar sus facturas.
España cambia las normas para los autónomos
Los sistemas deberán garantizar que los registros sean íntegros, trazables e inalterables. Esto significa que una factura o registro no podrá modificarse o eliminarse sin que quede constancia de la operación y de cualquier cambio realizado posteriormente.
Además, los programas deberán impedir la creación de contabilidades paralelas o mecanismos destinados a ocultar ingresos. La intención de Hacienda es que cada operación quede registrada de forma que pueda ser comprobada posteriormente por la Administración.
Uno de los elementos centrales de esta transformación es Veri*factu, el sistema de emisión de facturas verificables desarrollado en el Real Decreto 1007/2023.
Estos sistemas pueden permitir el envío automático de los registros de facturación a la Agencia Tributaria en el momento de emitir una factura, facilitando el seguimiento de las operaciones.
Para los autónomos, la adaptación supondrá tener que abandonar determinadas herramientas que no cumplan las nuevas exigencias. Las hojas de cálculo o los programas genéricos que no estén preparados para cumplir con la normativa dejarán de ser una opción válida cuando finalice el periodo de adaptación.
Los programas deberán contar, además, con una declaración responsable del fabricante que certifique que cumplen los requisitos legales y técnicos. También tendrán que utilizar registros estandarizados y conservar un rastro completo de las modificaciones realizadas sobre la información de facturación.
El incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes. La Ley 11/2021 contempla multas de hasta 50.000 euros para quienes utilicen sistemas que no cumplan los requisitos establecidos.
En el caso de los fabricantes o distribuidores de estos programas, las sanciones pueden llegar hasta los 150.000 euros por ejercicio y tipo de programa.
El calendario establece dos fechas diferentes. Las sociedades mercantiles deberán tener adaptados sus sistemas antes del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán hasta el 1 de julio de ese mismo año.
De esta forma, España avanza hacia una gestión de la facturación cada vez más digitalizada, en la que la trazabilidad de las operaciones será fundamental para reforzar el control fiscal.