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Las claves

En 2026, España cuenta con más de 3 millones de empleados públicos.

En concreto, la Administración tenía 3.071.725 personas a su servicio en enero, de las que 1,69 millones eran funcionarios de carrera, según los últimos datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La dimensión del empleo público volvió a entrar en el debate televisivo de la mano del empresario José Luis Azañón y la sindicalista Afra Blanco, que protagonizaron un intercambio de opiniones sobre el gasto público en laSexta Xplica.

Azañón defendió revisar el gasto público para mejorar su eficiencia. Aunque apostó por aumentar la inversión en pensiones, sanidad y educación, señaló al funcionariado como uno de los ámbitos que, a su juicio, necesita cambios.

"Seguro que hay que incrementar el gasto en pensiones, sanidad y educación", afirmó el empresario. Sin embargo, consideró que el cambio debía empezar por otro ámbito: "Cambiar el modelo de país y comenzar por el funcionariado".

Fue entonces cuando puso el foco en determinados puestos de la Administración. A su juicio, algunos han dejado de responder a las necesidades actuales de la sociedad.

"Hay muchos puestos de funcionario que por la evolución de la vida y la sociedad ya no tienen ningún sentido, pero como tienen plaza de funcionarios por oposición, no podemos actuar sobre ellos. Ahí no estás optimizando el gasto", sostuvo.

La afirmación provocó la reacción de Afra Blanco, que interpretó la propuesta como una defensa de la posibilidad de despedir a empleados públicos. "Estás diciendo que les despidan", le reprochó la sindicalista durante el debate.

El empresario rechazó centrar la discusión únicamente en el despido y recurrió a una comparación con el mercado laboral privado para explicar su planteamiento.

"Si tú dejas de ser eficiente en tu puesto de trabajo en una empresa privada te despiden o te buscan otro sitio donde puedas ser productivo", señaló Azañón.

El intercambio puso sobre la mesa una de las cuestiones más controvertidas: hasta qué punto deben revisarse los puestos y el rendimiento de los trabajadores de la Administración y qué mecanismos deberían existir cuando determinadas funciones dejan de ser necesarias.