La Ley de Arrendamientos Urbanos en España establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato son responsabilidad del propietario, no del inquilino.
La nueva norma busca proteger a los inquilinos ante cláusulas abusivas y frenar el impacto del alquiler, que ya consume de media el 35% de los ingresos del hogar.
El pago de comisiones a inmobiliarias por parte de los inquilinos se considera un abuso y está prohibido por la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.
En España, los jóvenes se emancipan de media a los 30 años, varios años más tarde que en otros países europeos, debido a la dificultad de acceso a la vivienda.
La legislación española pretende blindar a las personas alquiladas frente a los abusos inmobiliarios. En su artículo 20.1, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es contundente con las comisiones por la gestión de los alquileres:
"Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador". Por tanto, la ley prohíbe de forma implícita que estos costes de intermediación se cobren al inquilino, sin importar la duración del contrato.
La medida pretende frenar tendencias alarmantes, como el hecho de que el alquiler de la vivienda en España ya consuma de media el 35 % de los ingresos del hogar, según un estudio de Idealista.
Este dato roza el límite recomendado por el Banco de España, que aconseja que el desembolso mensual en vivienda no suponga más del 35 % de la renta familiar.
En el caso particular de los honorarios de las inmobiliarias, la nueva norma se aprobó mediante la Disposición final primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
De este modo, se protege a los inquilinos ante cláusulas abusivas que quieran obligar a los alquilados a pagar la comisión a la agencia inmobiliaria. Según el espíritu de dicha ley, el arrendador debe hacerse cargo de ese gasto ya que es un servicio que él mismo ha contratado.
Obligar a pagar esa gestión al arrendatario se considera un abuso que dificulta el acceso a la vivienda, uno de los principales retos de España como país.
El problema del acceso a la vivienda en España
Tal como reflejan los datos de Eurostat, la media de edad a la que se emancipan los españoles se sitúa en torno a los 30 años. En comparación con la media de la Unión Europea (UE), en España los jóvenes se emancipan unos cuatro años más tarde.
Sin embargo, el dato puede ser algo engañoso, ya que los países nórdicos como Finlandia y Suecia rebajan drásticamente la media con sus 21 y 22 años de promedio.
En cambio, los Estados mediterráneos como Grecia, Croacia y España están alineados en más de 30 años de media.
Si nos fijamos en la brecha de género, las mujeres se emancipan antes que los hombres en casi todos los países de la UE. En el caso de España, abandonan el hogar familiar entre los 20 y los 30 años, mientras que los chicos lo hacen entre los 30 y los 31.