Los ayuntamientos ya multan con hasta 3.000 euros a quienes lleven perros a playas donde está prohibido.
La normativa sobre perros en playas depende de cada municipio y varía según la temporada y la localidad.
Existen playas caninas habilitadas, pero en las no autorizadas la señalización indica las restricciones y posibles sanciones.
Las multas afectan tanto a turistas como a residentes, salvo excepciones como perros guía o de asistencia.
Con la llegada del verano y el aumento de turistas en las zonas costeras, los perros vuelven a situarse en el centro de una de las principales dudas para quienes viajan con sus mascotas: ¿se puede acceder con ellas a cualquier playa? La respuesta es no.
La normativa depende de cada municipio y, en determinadas circunstancias, llevar un perro a un arenal donde esté prohibido puede acabar con una multa de hasta 3.000 euros.
Cabe destacar que no existe una única ley estatal que prohíba de forma general el acceso de perros a las playas. La regulación se encuentra principalmente en las ordenanzas municipales, que establecen las condiciones de uso, higiene y convivencia en estos espacios.
Estas normas se apoyan en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley de Costas, que permite a las administraciones locales gestionar determinados aspectos relacionados con el uso público del litoral.
A ello se suma la Ley de Bienestar Animal de 2023. Aunque fomenta el acceso de las mascotas a los espacios públicos, también establece que la entrada a las playas queda condicionada a las normas higiénico-sanitarias y a las ordenanzas aprobadas por cada administración.
Prohibido perros sueltos en playas no habilitadas
Por este motivo, las restricciones pueden cambiar considerablemente de una localidad a otra. Algunos municipios prohíben completamente la presencia de perros durante los meses de mayor afluencia, mientras que otros permiten su acceso únicamente durante determinadas horas, normalmente por la noche o de madrugada.
También existen playas caninas específicamente habilitadas donde los animales pueden permanecer y bañarse. La señalización resulta clave. Los ayuntamientos deben informar en los accesos sobre las restricciones, los horarios y las posibles sanciones.
Además, Policía Local y otros cuerpos y servicios de vigilancia pueden comprobar que se cumplen estas condiciones. Las multas también dependen de cada ordenanza.
Las infracciones leves pueden situarse entre los 90 y los 750 euros, mientras que las graves pueden alcanzar los 1.500 euros. En los casos más graves, especialmente cuando existe reincidencia o se generan situaciones de riesgo, las sanciones pueden llegar a los 3.000 euros.
Estas normas afectan tanto a turistas como a residentes. La responsabilidad puede recaer sobre quien lleve al perro en ese momento o sobre su propietario. La excepción se encuentra en los perros guía y de asistencia, así como en los animales de cuerpos de seguridad o rescate que estén prestando servicio.
Además de la sanción económica, los agentes pueden ordenar el desalojo inmediato del animal de la playa. Algunas zonas y municipios con sanciones activas son Cádiz capital, El Puerto de Santa María, Tarifa, Valencia, Alicante, Cartagena, Barcelona, Santander o Málaga.