Las claves
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Estados Unidos planea registrar automáticamente a los jóvenes varones para el servicio militar obligatorio, sustituyendo el actual sistema de autoinscripción.
La propuesta busca modernizar el sistema, simplificar el proceso y reducir los costes administrativos, redirigiendo recursos hacia la preparación y movilización militar.
El cambio, incluido en el National Defense Authorization Act, ha reavivado el debate sobre el reclutamiento obligatorio, aunque el Gobierno asegura que no planea reactivarlo por ahora.
La medida surge en un contexto internacional tenso y con una disminución en la tasa de cumplimiento del registro militar, que cayó al 81% en 2024.
El sistema militar de Estados Unidos, basado en una fuerza totalmente voluntaria desde 1973, podría entrar en una nueva fase de transformación.
El Gobierno estudia un cambio clave que permitiría registrar automáticamente a los jóvenes varones para la elegibilidad del servicio militar obligatorio, una medida que busca modernizar un sistema en declive de cumplimiento y reducir costes administrativos.
La propuesta, impulsada por el Selective Service System (SSS), plantea sustituir el actual modelo de autoinscripción por un registro automático mediante la integración de bases de datos federales.
Esto significa que los hombres serían inscritos sin necesidad de realizar ningún trámite dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años.
Según el propio organismo, el objetivo es "simplificar" el proceso y trasladar la responsabilidad del individuo a la administración pública.
El cambio no es menor. Actualmente, la ley obliga a la mayoría de los hombres entre 18 y 25 años a registrarse, bajo pena de sanciones que incluyen la pérdida de acceso a ayudas federales para estudios, empleos públicos o incluso la posibilidad de prisión.
En el caso de ciudadanos no estadounidenses, el incumplimiento puede afectar a su proceso de naturalización.
Sin embargo, el sistema muestra signos de desgaste.
En 2024, la tasa de cumplimiento cayó al 81%, en parte porque desde 2022 se eliminó la opción de registrarse automáticamente al solicitar préstamos estudiantiles federales, una de las principales vías de inscripción.
Además, varios estados ya habían incorporado registros automáticos al expedir permisos de conducir, pero no ha sido suficiente para garantizar la cobertura total.
El SSS estima que el mantenimiento del sistema actual cuesta alrededor de 30 millones de dólares anuales, en su mayor parte destinados a campañas de concienciación y recordatorios.
Con el nuevo modelo, ese dinero podría redirigirse hacia "preparación y movilización", según explicó la congresista demócrata Chrissy Houlahan, impulsora de la iniciativa en el Congreso.
El cambio fue incorporado en el National Defense Authorization Act (NDAA) del ejercicio fiscal 2026, firmado en diciembre del año pasado por el presidente Donald Trump.
Desde entonces, el proceso está en fase de revisión por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, que debe dar luz verde antes de su implementación, prevista en principio para diciembre.
Aunque el Gobierno insiste en que no se trata de un paso hacia la reinstauración del reclutamiento obligatorio, la medida ha reavivado el debate en Estados Unidos.
El último gran llamamiento a filas tuvo lugar durante la guerra de Vietnam, cuando aproximadamente 1,8 millones de estadounidenses fueron movilizados, en un contexto de fuerte oposición social que llevó al fin del servicio militar obligatorio en 1973.
Asimismo, la propia Casa Blanca ha intentado rebajar las especulaciones. En una entrevista, la portavoz Karoline Leavitt aseguró que "no está en los planes actuales" reactivar el servicio militar obligatorio, aunque subrayó que se mantienen todas las opciones abiertas en materia de seguridad nacional.
Otro elemento sensible es el contexto internacional. El conflicto con países como Irán ha alimentado temores sobre escenarios de crisis en los que una fuerza militar ampliada podría ser necesaria.
De hecho, de cara al próximo año, la Administración Trump prevé incrementar su presupuesto hasta los 1,3 billones de euros, recortando en otros ámbitos como educativos o sanitarios. El interés en las fuerzas militares está definitivamente ahí.