Archivo - Varias personas hacen cola para conseguir documentación de la regularización en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro-EP
Ya es oficial: Si llegaste a España antes del 1 de enero de 2026, el Gobierno te facilita los papeles
Quienes ya tengan una residencia válida o visado de estudios en vigor no pueden optar a este proceso, tampoco se admitirán personas con antecedentes penales
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado una de las medidas más esperadas de los últimos años. El Gobierno central ha puesto en marcha una regularización extraordinaria para personas extranjeras.
Esta medida beneficiará de forma directa a miles de migrantes que se encuentran actualmente en el país. El objetivo principal es normalizar su situación administrativa, laboral y social de forma totalmente urgente.
Según los datos que maneja el propio Ejecutivo, se estima que el proceso permitirá regularizar a unas 500.000 personas. Son ciudadanos extranjeros que ya residen y trabajan aquí, pero sin un marco legal que los respalde.
A comienzos de este año, las estimaciones oficiales cifraban en unas 840.000 las personas en situación irregular en el país. Por tanto, esta convocatoria dará un giro radical a la realidad de la mayor parte de este colectivo.
El requisito fundamental para poder acceder a este proceso extraordinario tiene que ver con el calendario. Los solicitantes deben demostrar de manera fehaciente que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026.
Si entraste al país después de esa fecha, lamentablemente quedarás fuera de esta convocatoria. Además, se exige acreditar una permanencia mínima e ininterrumpida de al menos cinco meses en territorio nacional.
Las autoridades han querido dejar muy claro que los plazos de tramitación van a ser muy estrictos. El periodo de presentación de solicitudes comenzó el 16 de abril y terminará el próximo 30 de junio.
Estamos ante un plazo de carácter improrrogable, por lo que los expertos recomiendan preparar los papeles rápido. No habrá prórrogas de ningún tipo una vez que se cierre el sistema a final de mes.
La gestión de los expedientes se ha centralizado a través de la Unidad de Tramitación de Extranjería. Aunque su sede principal está en Vigo, se han habilitado oficinas de apoyo por todo el país.
El decreto ley contempla dos vías principales de acceso para cubrir diferentes realidades sociales. Por un lado, se encuentra el denominado Arraigo Extraordinario, enfocado en personas en situación irregular ordinaria. Para esta opción se debe rellenar el formulario oficial EX32 y acreditar una actividad laboral real. También se puede solicitar alegando vínculos familiares o convivencia demostrada con familiares residentes en el país.
La segunda gran vía está destinada exclusivamente a los solicitantes de protección internacional o asilo. En este caso se utiliza el formulario EX31 para personas con solicitudes registradas antes de año nuevo.
Este proceso no solo tiene un enorme impacto social, sino también un fuerte reflejo en la economía general. El salto a la legalidad de estos trabajadores supondrá una importante inyección de dinero público para el país.
Los informes económicos del Gobierno calculan que cada trabajador regularizado aportará unos 4.400 euros anuales. Este dinero llegará de forma directa a través de impuestos como el IRPF y las cotizaciones de la Seguridad Social. Siendo optimistas, supondría una inyección de más de 1.760 millones de euros con el 80% de los regularizados trabajando.
Para las arcas del Estado, la medida se traducirá en un impacto positivo que combatirá la economía sumergida. Se prevé un incremento notable en la recaudación dentro de sectores clave como la hostelería, la construcción y el comercio.
Actualmente, España cuenta con un máximo histórico de más de 3,1 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Con este proceso de normalización, esa cifra de cotizantes volverá a pulverizar todos sus récords actuales.
Es muy importante saber que existen ciertas exclusiones automáticas que la administración no va a perdonar. Quienes ya tengan una residencia válida o visado de estudios en vigor no pueden optar a este proceso. Tampoco se admitirán personas con antecedentes penales en España o en sus países de origen en los últimos cinco años.
A nivel documental, el pasaporte completo, el padrón municipal y las citas médicas serán tus mejores aliados. Las facturas, los envíos de dinero o los contratos de alquiler también se aceptan como pruebas válidas.
Cuantos más documentos aportes para demostrar esos cinco meses de estancia, más rápido se resolverá tu caso.
Una de las grandes novedades de esta medida es el archivo inmediato de los expedientes de expulsión abiertos. Si tenías una orden de devolución por mera situación irregular, esta quedará completamente paralizada.
