Archivo - Una camarera atiende a varios clientes en una terraza de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Es oficial: pagar parte del salario en negro puede suponer sanciones superiores a los 200.000€
Las empresas tienen ahora la obligación de regularizar las jornadas de su plantilla antes de recibir la visita sorpresa de los inspectores de Trabajo
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado el control sobre las empresas que recurren a pagar en negro los sueldos de los trabajadores.
Esta práctica es habitual en sectores muy específicos para rebajar los costes de la empresa, pero ahora pasa a considerarse una infracción grave con consecuencias económicas muy severas.
El Ministerio de Trabajo busca acabar con el uso del dinero en metálico no declarado, un método de fraude que perjudica las arcas del Estado. Los empresarios que mantengan estas conductas se exponen a multas que superan los 10.000 euros por cada trabajador.
El endurecimiento de la vigilancia llega tras detectar un notable incremento en las trampas vinculadas a las jornadas a tiempo parcial. Muchas empresas contratan a sus empleados por unas pocas horas ( bajo contrato) , pero luego extienden al trabajador la jornada laboral real de forma ilegal.
Regularmente, ese exceso de tiempo se termina abonando mediante sobres con dinero en efectivo, evitando rendir cuentas a la Seguridad Social.
Las cuantías de estas sanciones están tipificadas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). De esta forma, cuando la Inspección detecta estas irregularidades, la multa se gradúa en función de la gravedad del fraude
A partir de ahora, las multas mínimas por ocultar los salarios reales de la plantilla no bajarán de los 7.501 euros en los casos más leves.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social insiste en que estas medidas persiguen garantizar la viabilidad y la justicia del sistema de pensiones. Desde el Gobierno apuntan que la economía sumergida arrastra la productividad y genera una desprotección para los propios trabajadores.
Si los técnicos detectan reincidencia o mala fe en la empresa, la penalización económica máxima escalará hasta los 225.018 euros. Este escenario puede abocar al cierre definitivo a los pequeños negocios que sostienen su viabilidad en base al dinero no declarado.
La Administración recuerda que el pago en negro daña al sistema, pero sobre todo reduce las prestaciones futuras que recibirá el trabajador.
Al no cotizar el salario real el trabajador pierde derechos de cara a su jubilación o ante posibles bajas médicas temporales.
Los inspectores van a cruzar de forma sistemática los datos de los registros de horario firmados con las cuentas bancarias de las empresas. Cualquier descuadre entre las horas que realiza el empleado y el dinero que declara la empresa activará una alerta en el sistema informático.
La nueva campaña de vigilancia pondrá el foco en actividades comerciales sensibles a estos pagos, como la hostelería, la construcción o los servicios.
Los sindicatos han celebrado la medida al considerar que equilibra el mercado laboral y defiende a los autónomos que sí cumplen la ley.
Las empresas tienen ahora la obligación de regularizar las jornadas de su plantilla antes de recibir la visita sorpresa de los inspectores de Trabajo.
