Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Los expertos en vivienda advierten: alquilar una habitación sin contrato puede acarrear sanciones económicas
La información detectada por Hacienda permite localizar alquileres de habitaciones que están ocultos mediante simples acuerdos verbales.
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En este 2026, la Agencia Tributaria (AEAT) ha dejado de depender de la denuncia del inquilino para detectar el fraude. Ahora despliega un sistema de vigilancia basado en inteligencia de datos que rastrea cada movimiento sospechoso en el mercado inmobiliario.
Los datos oficiales del Observatorio de Vivienda y Suelo confirman que las autoliquidaciones de IRPF por rendimientos del capital inmobiliario en el segmento de "vivienda no principal", donde tributan las habitaciones, han subido un 12,4% interanual.
A pesar de ese aumento, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana estima que en España existen alrededor de 1,4 millones de habitaciones en alquiler, de las cuales apenas 420.000 constan en los registros de fianzas autonómicos.
Bajo el nuevo Plan General de Control Tributario, la Agencia Tributaria utiliza el cruce de suministros eléctricos para identificar consumos anómalos.
Si una vivienda declarada "vacía" consume luz habitualmente, Hacienda inicia automáticamente un proceso de inspección.
A esto se suma el Modelo 179, que obliga a las plataformas digitales a una transparencia total sobre los arrendadores.
Este cruce de información permite detectar alquileres de habitaciones que antes permanecían ocultos mediante simples acuerdos verbales.
La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha endurecido su discurso este 2026 afirmando que, "no vamos a permitir que el alquiler de habitaciones sea el refugio de quienes intentan burlar la Ley de Vivienda".
Según Informes de seguimiento del Plan General de Control Tributario 2026, se estima que el 40,8% de los alquileres en España operan de forma irregular. Sin embargo, en ciudades con mercados saturados como Madrid, Barcelona y Sevilla, la irregularidad en el alquiler de habitaciones roza ya el 70%.
Un propietario que haya ocultado un alquiler de 800 euros mensuales durante un año, se enfrenta hoy a una regularización que supera fácilmente los 4.500 euros entre la cuota no pagada, la pérdida de la deducción estatal y una multa que, sumada a los intereses de demora, elimina cualquier rentabilidad obtenida.
Si a esto se le añade la sanción por no depositar la fianza, que en comunidades como Madrid puede alcanzar el 50% del importe de la propia fianza, el coste total de la infracción puede llegar a cuadruplicar el ahorro que el casero pretendía lograr al no declarar el inmueble.
Además, el cerco se estrecha sobre la "huella digital" de los pagos recurrentes mediante el rastreo bancario sistemático.
Hacienda monitorea transferencias y Bizums con patrones fijos mensuales, identificando cobros de rentas que no han sido declarados.
Este despliegue busca recuperar 2.500 millones de euros anuales de ingresos perdidos por el Estado. El objetivo es poner fin al anonimato, exponiendo a los propietarios a sanciones que pueden alcanzar el 150% de las cantidades defraudadas.
Para el inquilino, la falta de contrato no solo supone inseguridad jurídica, sino también la pérdida de la deducción fiscal del 15%. Al no poder demostrar el pago legalmente, pierden un ahorro que podría superar los 1.000 euros anuales.
