La ley reconoce que, en determinadas circunstancias, el trabajador también puede “romper” el contrato cuando la empresa incumple de forma grave sus obligaciones.
Confirmado por la ley: el trabajador también puede "despedir" a la empresa por no cumplir lo pactado en el contrato
El trabajador también puede “romper” el contrato cuando la empresa incumple de forma grave sus obligaciones, siempre bajo supervisión judicial.
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La legislación laboral en España establece que la relación entre empresa y trabajador no es unidireccional en cuanto a la forma de terminar un contrato, pero sí reconoce derechos de protección para el empleado cuando la empresa no cumple con sus obligaciones.
En este sentido, el trabajador puede solicitar la extinción del contrato si se producen incumplimientos graves por parte de la empresa.
Esta posibilidad está regulada en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, incluido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Entre las causas más habituales que permiten al trabajador pedir esta extinción se encuentran el impago o los retrasos continuados en el salario, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que perjudique al empleado, o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones recogidas en el contrato o en la normativa laboral.
Este proceso no es automático. El trabajador no puede simplemente abandonar el puesto y dar por terminado el contrato con los mismos efectos legales.
Es necesario que un juez evalúe la situación y determine si realmente existe un incumplimiento lo suficientemente grave como para justificar la extinción del contrato.
Si el tribunal da la razón al trabajador, la finalización de la relación laboral se considera equivalente a un despido improcedente. Esto implica el derecho a recibir una indemnización y, en muchos casos, la posibilidad de acceder a prestaciones por desempleo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Este mecanismo legal tiene como objetivo proteger al trabajador frente a situaciones en las que la empresa no respeta lo acordado, evitando que tenga que permanecer en un empleo en condiciones abusivas o irregulares.
La ley reconoce que, en determinadas circunstancias, el trabajador también puede “romper” el contrato cuando la empresa incumple de forma grave sus obligaciones, siempre bajo supervisión judicial.
