Manipular comida sin la higiene necesaria también está penado.
Es oficial: vender comida en mal estado en un bar o restaurante puede conllevar multas de más de 5.000 euros
La ley contempla otras medidas para proteger a los consumidores, como el cierre temporal del establecimiento.
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La seguridad alimentaria es una de las prioridades de las autoridades sanitarias en España, especialmente en el sector de la hostelería. Es por ello que las penalizaciones por vender comida en mal estado parten de un mínimo bastante alto.
Bares, restaurantes, cafeterías y cualquier establecimiento que manipule alimentos está obligado a cumplir estrictas normas de higiene y conservación.
No hacerlo, y en particular vender comida en mal estado, puede suponer sanciones económicas importantes que superan los 5.000 euros e incluso el cierre temporal del negocio.
La normativa que regula esta materia es la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que establece el principio fundamental de que "solo podrán comercializarse alimentos que sean seguros".
En este sentido, señala que las administraciones públicas deben garantizar "un nivel elevado de protección de la salud de las personas en relación con los alimentos".
Multas desde 5.001 euros
La ley es clara en cuanto a las sanciones. El artículo 52 establece que las infracciones en materia de seguridad alimentaria se clasifican en leves, graves y muy graves, con diferentes cuantías económicas.
Según el texto legal, las infracciones leves llegan hasta 5.000 euros, las graves, entre 5.001 euros y 20.000 euros y las infracciones muy graves, entre 20.001 y 600.000 euros.
Esto significa que la venta de comida en mal estado o en condiciones que supongan un riesgo para la salud puede ser considerada una infracción grave, lo que automáticamente implica multas superiores a los 5.000 euros.
En los casos más graves, como cuando se pone en peligro la salud pública o existe reincidencia, las sanciones pueden llegar a cientos de miles de euros.
Cierre del establecimiento
Además de las multas económicas, la ley contempla otras medidas para proteger a los consumidores. Entre ellas, el cierre temporal del local o la retirada de los productos del mercado.
El propio texto legal recoge que "en el supuesto de infracciones muy graves, la Administración pública competente podrá acordar el cierre temporal del establecimiento por un plazo máximo de cinco años".
Asimismo, se permite el decomiso de la mercancía en mal estado, lo que implica que los alimentos deteriorados o peligrosos pueden ser retirados y destruidos, corriendo los gastos a cargo del infractor.
Cuestión de salud pública
La normativa no solo busca sancionar, sino prevenir riesgos. La ley considera infracción la "elaboración, almacenamiento o comercialización de alimentos en condiciones no permitidas por la normativa vigente" cuando esto suponga un peligro para la salud.
Esto incluye situaciones como conservar alimentos a temperaturas inadecuadas, vender productos caducados, manipular comida sin higiene o utilizar ingredientes contaminados.
En todos estos casos, la autoridad sanitaria puede intervenir e imponer sanciones.
Responsabilidad
Los expertos en seguridad alimentaria recuerdan que los establecimientos tienen la obligación de aplicar sistemas de control, mantener la trazabilidad de los productos y formar a su personal en higiene alimentaria.
No cumplir estas medidas no solo puede afectar a la reputación del negocio, sino también derivar en sanciones económicas elevadas.
