Antonio Barroso, el padre del niño de Morón de la Frontera desaparecido hace cuatro años.
El padre del niño desaparecido en Morón rechaza el homicidio imprudente: "La madre retiró la medicación siendo consciente"
El progenitor sostiene que "fue una muerte intencionada" y que existen "indicios" que apuntarían en esa dirección.
Más información: La Policía alertó del peligro que corría el menor de Morón: los Servicios Sociales no lo vieron "urgente"
El procedimiento judicial por la desaparición de un niño con discapacidad en Morón de la Frontera hace cuatro años encara un momento clave tras la audiencia previa celebrada este lunes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio imprudente mientras la acusación pide pena por un homicidio por omisión.
La acusación particular, ejercida por el padre del menor, sostiene que los hechos no pueden calificarse como homicidio imprudente —como mantiene la Fiscalía— sino como homicidio por comisión por omisión.
El letrado de la acusación, Jesús Fernández Pacheco, ha defendido a la salida de la vista que la madre del menor, principal acusada en la causa, "tenía una posición garante, de privilegio", al ser quien cuidaba del niño y, según su tesis, era plenamente consciente de las consecuencias que podía acarrear la retirada de la medicación.
"Consideramos que no era tan importante lo que pasó el mismo 12 de septiembre, momento de la desaparición, sino los actos previos a ese día", ha señalado el abogado ante los medios.
A su juicio, la investigada "no tenía limitada ninguna capacidad" y habría realizado "actos tendentes a retirar la medicación", lo que, en su interpretación jurídica, encajaría en un delito de homicidio por comisión por omisión.
Enajenación mental
Frente a esta posición, el Ministerio Fiscal mantiene que los hechos serían constitutivos de un homicidio imprudente.
Según la argumentación ya avanzada en fases anteriores del procedimiento, la madre se habría encontrado en una situación de enajenación mental derivada de una enfermedad psíquica.
Por ello, interesa para ella una medida de libertad vigilada y tratamiento en centro psiquiátrico, en lugar de una pena privativa de libertad ordinaria.
La defensa de la acusada mostró su conformidad con la calificación del Ministerio Público durante la vista preliminar, lo que, de prosperar sin oposición, habría permitido cerrar el procedimiento sin necesidad de juicio.
Sin embargo, la acusación particular se ha opuesto frontalmente. "La calificación jurídica no puede ser en ningún caso la de homicidio imprudente, así que no podemos llegar a ningún tipo de conformidad", ha subrayado el letrado.
También ha anunciado que, si finalmente el juicio se celebrase bajo esa tipificación, solicitarían la pena máxima prevista: cuatro años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente.
Petición de nulidad
Durante la presentación de cuestiones previas, la acusación particular ha solicitado además la nulidad del proceso y que la causa se sustancie ante el órgano que considera competente, la Audiencia Provincial de Sevilla, al entender que la calificación como homicidio por comisión por omisión excede el ámbito del Juzgado de lo Penal.
El fiscal ha replicado preguntando si se había recurrido en su momento el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, a lo que la respuesta fue negativa. A su juicio, ese era el momento procesal oportuno para haber planteado la cuestión competencial.
El magistrado ha dado ahora un plazo de diez días para resolver las cuestiones previas planteadas y decidir si se señala fecha para la vista oral o si, como solicita la acusación particular, se retrotrae el procedimiento.
"Era un niño indefenso"
A las puertas del juzgado, el padre del menor, Antonio Barroso, ha expresado su incertidumbre ante el devenir del proceso.
"Yo no sé si tenía una enfermedad mental, no tenía constancia de ello. Ahora parece que sí", ha manifestado en referencia a la situación de la madre.
No obstante, fue más allá al afirmar que, a su entender, "fue una muerte intencionada" y que existen "indicios" que apuntarían en esa dirección.
Con todo, lo que más le pesa, según ha relatado, es la ausencia de respuestas definitivas: "Lo más doloroso es no saber dónde se encuentra el cuerpo de mi hijo. Era un niño indefenso, no se merecía esto".
Cuatro años después de la desaparición del menor, el procedimiento judicial entra en una fase decisiva en la que no solo se dirime la responsabilidad penal, sino también la calificación jurídica de unos hechos que siguen conmocionando a la localidad sevillana.
