El Ayuntamiento de la localidad de Espartinas.
Tres concejales del PSOE de Espartinas, investigados por presuntas irregularidades en contratos municipales
La investigación, que parte de una denuncia anónima, afecta a 13 personas, entre ellas ediles, exconcejales y funcionarios del Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de Espartinas, gobernado con mayoría absoluta por el PSOE desde 2019 bajo el liderazgo de la alcaldesa Cristina Los Arcos, se encuentra inmerso en una investigación judicial que afecta a 13 personas.
Entre las personalidades afectadas se incluyen tres concejales en activo del equipo de gobierno, varios exediles y funcionarios habilitados nacionales. La causa gira en torno a la gestión de una serie de contratos municipales y ha sido impulsada a raíz de una denuncia anónima.
Según ha confirmado el propio Consistorio, la denuncia está relacionada con medio centenar de contratos públicos vinculados a servicios de jardinería prestados por distintas empresas.
En el marco de esta investigación, agentes de la Guardia Civil acudieron el pasado miércoles a las dependencias municipales para entregar en mano las citaciones judiciales a los cargos públicos y personal técnico que figuran como investigados.
La investigación se encuentra en fase inicial y, por tanto, no existen por el momento imputaciones formales ni acusaciones concretas.
La causa se instruye en un juzgado de Sanlúcar la Mayor, y según la información facilitada por el Ayuntamiento, la Guardia Civil ya había solicitado previamente documentación relacionada con estos contratos. El procedimiento continúa abierto a la espera de nuevas diligencias.
"Plena colaboración"
El gobierno municipal ha reaccionado con un comunicado en el que defiende la legalidad de todos los procedimientos administrativos y muestra su respaldo a los tres concejales investigados. "Se encuentran tranquilos y cuentan con el apoyo de la alcaldesa", ha señalado el Consistorio.
Además, destaca la "plena colaboración" que se está manteniendo tanto con la Guardia Civil como con la Policía Judicial para esclarecer los hechos denunciados.
En su defensa, el Ayuntamiento subraya que esta denuncia se suma a otras treinta presentadas desde que el actual gobierno socialista asumió la Alcaldía en 2019. "Todas han sido archivadas", asegura el equipo de gobierno, que interpreta esta nueva acción judicial como parte de una campaña de presión institucional.
La alcaldesa Cristina Los Arcos ha manifestado públicamente su intención de estudiar una posible denuncia por acoso, al considerar que este tipo de actuaciones buscan "frenar el día a día del Ayuntamiento" y "atacar la honorabilidad de los miembros del equipo de gobierno y del personal de la administración".
En palabras de la propia regidora, "este gobierno confía plenamente en la Justicia" y mantiene la convicción de que la nueva denuncia también será archivada.
Desde el Consistorio se insiste en que los habilitados nacionales —los funcionarios con potestad legal en la tramitación de contratos y gestión presupuestaria— han actuado dentro de la normativa vigente, y que el Departamento de Contratación cuenta con el respaldo de todo el Ejecutivo local.
Por el momento, no se ha hecho público el contenido detallado de la denuncia ni la relación individualizada de los contratos bajo investigación. Tampoco se han concretado los próximos pasos judiciales, aunque el hecho de que las citaciones ya hayan sido entregadas marca un punto de inflexión en la tramitación de la causa.
