La fachada del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe.
La causa de la compra de votos en Albaida (Sevilla), de archivarse a tomar impulso: "El alcalde, el mayor beneficiario"
El alcalde niega que esté "investigado o imputado", mientras que el abogado de la acusación asegura que tendrá que ser llamado a declarar.
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Los casos judiciales con muchos testigos suelen dilatarse en el tiempo, como le ha ocurrido a la causa que investiga la supuesta compra de votos por parte del PSOE en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe. Sobre todo cuando se archiva y después se reabre.
IU denunció los hechos hace seis años, en octubre de 2019, tras las elecciones municipales, sorprendido por el crecimiento del voto por correo en una localidad de poco más de 3.000 habitantes. Concretamente, se quintuplicó. Esta formación apunta directamente al alcalde, José Antonio Gelo, como "el mayor beneficiario de la trama".
La denuncia fue interpuesta por un posible fraude en más de 50 votos por correo a cambio de un empleo. La Guardia Civil sostiene que de las 115 personas que fueron contratadas ese año por el Consistorio, una veintena emitieron su voto por correo.
"La instrucción se encuentra muy avanzada", confirma a EL ESPAÑOL Rubén Nebra, abogado de la acusación desde hace un año. El caso continúa en fase de instrucción tras ser devuelto al juzgado que inicialmente lo archivó.
"Lo único que se expuso sobre Gelo es que debió de tener una importante participación en los hechos, ya que era complicado que no supiera nada al ser el mayor beneficiario de la trama", añade el letrado.
Y es que sería esa supuesta compra de votos la que dio la Alcaldía al PSOE de Albaida hace seis años con Gelo a la cabeza, aunque reconoce el letrado que por el momento no existe ninguna prueba directa contra él.
"Ni imputado ni investigado"
Por su parte, en declaraciones a este periódico, José Antonio Gelo ha negado los hechos y sostiene que no se encuentra "ni investigado ni imputado", aunque su nombre aparece en la instrucción de la Guardia Civil.
El alcalde, además, insiste en que no tiene novedades del caso desde 2019 y que no ha recibido al respecto ninguna citación judicial.
Desde el partido también han salido en su defensa. El secretario de Organización del PSOE en Sevilla, Rafael Recio, se muestra sorprendido al respecto: "Se están insinuando conclusiones penales sobre personas que ni siquiera han sido llamadas a declarar en sede judicial, en un caso con precedentes de archivo".
"Cada palabra, cada coma y cada expresión de las que se están vertiendo con motivo de una denuncia política de IU en Albaida se estudiará la respuesta en los juzgados por la vía que corresponda, de quienes alegremente juegan con la fama y el honor del PSOE", precisa.
Las diligencias abiertas analizan si los hechos encajan en delitos como fraude electoral, falsedad documental, prevaricación, suplantación de identidad, abuso de poder o pertenencia a grupo criminal.
En su escrito ante la Fiscalía, IU sostiene que existía una "trama organizada" con el objetivo de conseguir "el mayor número de votos en las elecciones locales para el PSOE". Lo habrían hecho, según su denuncia, a través de un plan “preconcebido y coordinado”.
Por su parte, el PP también moverá ficha. El partido está estudiando distintas actuaciones para aclarar los hechos que "apuntan directamente al fraude y corrupción política del PSOE en la provincia”, señalan los populares.
De ahí que el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, haya exigido explicaciones a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, así como al secretario general socialista de Sevilla, Javier Fernández, ante esa supuesta compra de votos.
El modus operandi
La denuncia apunta hacia J.A.R.C., militante socialista y empleado del Ayuntamiento, como “la persona encargada” de manejar el censo electoral. Por su parte, Á.L.C., concejal del PSOE, habría tenido como función “peinar” el censo para identificar a personas a las que “se les podría tentar con promesas laborales” a cambio del voto por correo.
En la causa también aparece el nombre de C.R.M., empleada de Correos y exconcejal socialista. IU sostiene que fue la encargada de recibir tanto las solicitudes como los sobres con el voto ya emitido, gestionados por A.G.D., repartidor de Correos y también investigado.
Según la denuncia, este último recogía en el Ayuntamiento la documentación de los votantes y la entregaba directamente en la oficina postal, obviando el requisito legal que obliga a que todo el proceso del voto por correo sea realizado personalmente por el ciudadano.
