La Argentina de Kirchner, la Venezuela de Maduro y el México de AMLO establecieron estrechas relaciones comerciales y en otros ámbitos con China: todos estos gobernantes son del grupo de Puebla.
Nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de sus buenas relaciones con Maduro y el Grupo de Puebla, también ha viajado recientemente a China y actúa como intermediario con ellos.
Igualmente, Pedro Sánchez ha visitado China para, entre otras cosas, reforzar las relaciones económicas con la dictadura china.
En el Senado de Estados Unidos están muy preocupados porque España haya confiado a Huawei el almacenamiento de las escuchas telefónicas policiales y judiciales, ya que afectan a nuestra inteligencia y la seguridad nacional de España y sus ciudadanos, y que además ponen en peligro la seguridad de Europa, Estados Unidos y el resto de aliados.
Según el presidente del Comité de Inteligencia del Senado de U.S.A., Rick Crawford, “España está jugando con fuego“, ya que ha puesto en manos de un conocido agente del Partido Comunista Chino la recopilación y almacenamiento de cantidades insuperables de datos sensibles.
Las escuchas de Villarejo o las del caso Koldo están almacenadas en esas plataformas. La responsabilidad del Gobierno firmando estos contratos con Huawei por más de 12 millones de euros solo se entiende relacionando esta actuación con otras respecto a Venezuela y Maduro.
Siempre parece estar detrás de estos movimientos José Luis Rodríguez Zapatero, que increíblemente fue el presidente del Gobierno de España, un Estado de Derecho social y democrático, a pesar del asedio del Ejecutivo de Sánchez a las instituciones democráticas, a la justicia y a la prensa.
El contrato con Huawei contrasta con el proyecto de ley para poder multar con hasta 2,5 millones de euros a aquellos periodistas y medios de comunicación que “revelen secretos” de Estado, coartando aún más la libertad de prensa y los derechos a la libertad de expresión, opinión e información.
Pero no es de extrañar esta vergonzosa conducta, viendo cómo el Gobierno de Sánchez accede a la mayoría de las peticiones de los partidos nacionalistas y separatistas regando de millones las arcas del País Vasco y Cataluña.
Discriminando así al resto de las comunidades autónomas, incumpliendo nuestra Constitución respecto al reparto equitativo de las recaudaciones por impuestos y los demás fondos del Estado y el deber de tratar con igualdad a todas las regiones españolas.
Y vemos igualmente como la corrupción en el gobierno y en sus alrededores se agranda día a día.
