El reto de conseguir plaza de profesor universitario en Sevilla: "A veces se cobra menos de 600€ y la media son 10 años"

La nueva Ley de Universidades de Andalucía (LUPA) ya está aprobada por el Consejo de Gobierno. Aunque el equipo de Juanma Moreno quiere que llegue al Parlamento Andaluz antes de que acabe el año, la normaya está dando de qué hablar.

Entre las novedades que trae consigo destaca la relativa a la figura del profesor sustituto interino (PSI) en los centros universitarios.

Una vez que se apruebe el escrito, dichos docentes podrán estar, como máximo, dos años cubriendo un puesto de trabajo en la universidad. Actualmente, el tiempo que un PSI puede trabajar en el centro es ilimitado.

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Laura -no se incluirán nombres ni cargos reales en este reportaje a fin de preservar la identidad de las personas mencionadas- trabaja desde finales de 2021 en una de las facultades de la Universidad de Sevilla (US) y ha ido cubriendo distintas vacantes a lo largo de estos casi cuatro años.

Aunque afirma a este periódico que no tiene malas expectativas sobre su futuro laboral en la institución, reconoce que "la media para conseguir una plaza fija es de unos diez años" y que, dependiendo del contrato, "los sueldos son inferiores a 600 euros".

"Maltrato burocrático"

Asimismo, subraya que hay "un maltrato burocrático" y que el trabajo de los profesores universitarios sustitutos "no está reconocido".

En su caso, su vida como profesora en la universidad se ha caracterizado por los contratos temporales y las entradas y salidas. Incluso, destaca, tuvo que "cubrir una vacante durante 12 días únicamente".

Por su parte, la Consejería de Universidad defiende que la nueva normativa tiene como objetivo afrontar la situación de la figura del PSI. También destacan ser conscientes de "la problemática y la falta de reconocimiento de la investigación y la prohibición para participar en proyectos".

En paralelo, Universidad defiende que con la limitación de la figura de dicho profesorado "se acaba con lo que se había convertido en una puerta falsa y precaria a la docencia e investigación universitaria".

Para conseguirlo, la Junta impulsará tres medidas. La primera obliga a que las universidades comuniquen a la administración la contratación del PSI, la cual "será revisada para el estricto cumplimiento legal".

El límite de dos años trabajando como sustituto es otra de las medidas con la que la consejería pretende acabar con dicha situación. Por último, la creación del profesor ayudante permitiría "un acceso digno y planificado a la carrera universitaria".

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Situación en Sevilla

Alrededor del 14 por ciento de los profesores de las dos universidades públicas de Sevilla están cubriendo una vacante y desconocen qué pasará con su futuro en las aulas.

De los 4.641 docentes que trabajan en la US, 665 son sustitutos, mientras que en la Pablo de Olavide (UPO) hay 156 de los 1.034. Por lo que, de manera proporcional, la UPO tiene más profesores sustitutos a pesar de ser más pequeña.

Laura señala que "no hay diferencia de trato por parte de los alumnos dependiendo de la situación de cada docente". No obstante, puntualiza que "se desconoce la parte negativa del PSI". En este sentido subraya los "bajos sueldos" y una "mayor carga de trabajo".

Cabe destacar que, cuando el contrato es a tiempo completo, el salario de un sustituto "ronda los 1.300 euros", en cambio, en el caso de aquellos que trabajan a tiempo parcial "pueden cobrar un máximo de 600 euros". La cantidad depende del número de horas.

María es otra de las docentes que está intentando hacerse con una plaza fija en la universidad. Según declara a este medio, en solo un año ha tenido cuatro contratos completos, tres durante un mismo curso.

Esto último le impide compaginar su trabajo como profesora con cualquier otro, puesto que la normativa del PSI únicamente permite que un profesional combine su puesto en la universidad con otro externo cuando el contrato es a tiempo parcial.

En este sentido, María denuncia la "dificultad para conciliar la vida laboral con la profesional" y destaca que "a no ser que tengas ayuda por parte de tu familia o vivas con tu pareja no puedes emanciparte".

Laura, por su parte, critica que "con esta situación es imposible hacer planificaciones a largo plazo" y coincide en que "es fundamental tener un respaldo económico detrás".

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Asimismo, apunta que "es muy difícil profesionalizarse en un temario concreto" puesto que las plazas que cubre y por ende las asignaturas que imparte "son diferentes en cada contrato".

La nueva Ley de Universidad

La nueva Ley de Universidad de Andalucía no solo afectará a la figura del profesor sustituto interino. El destino de los presupuestos de los centros universitarios, los idiomas de los estudiantes y la desconexión digital también tiene cabida en la norma.

En este sentido, el texto señala que las universidades privadas deberán destinar al menos el tres por ciento de su presupuesto anual a becas y ayudas al estudio. Además, la Junta deberá invertir el uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) al sistema universitario público.

También será obligatoria la figura de un interventor para garantizar la transparencia de los centros públicos de Andalucía y un Consejo de Transparencia en cada uno de ellos.

En materia de idiomas, el estudiantado deberá de presentar un certificado que acredite un nivel B2 en cualquier idioma extranjero al finalizar sus estudios. Esto último entraría en vigor en 2030. Actualmente, los recién graduados solo tienen que presentar un B1 para obtener el título.

Por otra parte, vuelve la figura del profesor ayudante. Este podrá trabajar como docente en la universidad y participar en proyectos estratégicos o transferencia de conocimientos en hospitales, juzgados o empresas.

Único modelo de financiación

Habrá un único modelo de financiación para todas las universidades públicas que será revisable cada cinco años. Por ahora se mantienen los principios y la estructura del modelo actual, que fue acordado por unanimidad con los rectores.

La ley establece que los remanentes -los fondos destinados por parte de la Junta- que no se hayan gastado podrán utilizarse posteriormente y con autorización de la administración para inversiones y proyectos estratégicos de investigación y transferencia de conocimiento.

Además, el mantenimiento de patrimonio histórico también podrá recibir financiación por parte de la Junta.

La normativa también regula por primera vez los campus universitarios. En este sentido, defiende y establece la obligación de dotarlos de los recursos humanos, docentes, técnicos y de infraestructuras necesarios para su correcto funcionamiento.

La norma reconoce el derecho a la desconexión digital del alumnado así como la bonificación de matrículas como se venía haciendo en Andalucía desde 2018.

Por último, el nuevo articulado obliga a que la elección del rector se lleve a cabo por sufragio electoral universal. La Universidad de Sevilla, por ejemplo, celebrará sus primeros comicios con este sistema en 20 años este mes de octubre.