Imagen del juicio.
La jueza Alaya aplaza el macrojuicio de Magrudis y las partes se dan diez días para llegar a un acuerdo y evitarlo
La Audiencia Provincial de Sevilla acogía este viernes la primera de las sesiones que, al igual que la de la próxima semana, ha sido suspendida.
Más información: Teresa perdió a su hija por la listeria de la carne mechada de Magrudis, a juicio: "Ya sólo pueden pagar por tanto daño"
La jueza Mercedes Alaya ha decidido aplazar el macrojuicio del 'caso Magrudis' y conceder a las partes un plazo de diez días para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la celebración del proceso judicial.
El juicio, previsto para comenzar este viernes, debía sentar en el banquillo a los acusados por el mayor brote de listeriosis registrado en España tras el consumo de productos cárnicos de la marca 'La Mechá'. Sin embargo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado suspender tanto la primera sesión como la prevista para la próxima semana.
De este modo, las partes volverán a reunirse el próximo 26 de octubre con el objetivo de cerrar un acuerdo. En caso de no lograrlo, se procederá al planteamiento de las cuestiones previas, paso previo al desarrollo del juicio.
La magistrada ha instado a todos los implicados a acercar posturas para tratar de resolver de forma conjunta las responsabilidades penales y civiles derivadas de la causa. Si finalmente no fuera posible alcanzar un consenso, se estudiaría la posibilidad de cerrar acuerdos por separado, uno en el ámbito civil y otro en el penal.
La Audiencia Provincial de Sevilla es la encargada de juzgar el brote de listeria que durante el verano de 2019 contagió a 245 personas, provocó el fallecimiento de cuatro de ellas y afectó a siete no natos.
En concreto, se acusa a José Antonio M. P., administrador de hecho de Magrudis, y sus hijos Sandro M. R. y Mario José M. R. También a Encarnación R.J., mujer y madre de los anteriores.
Además, se sientan en el banquillo el arquitecto técnico Sergio L.G y María José O.B., inspectora veterinaria municipal.
Esta última autorizó el plan de autocontrol de Magrudis y realizó las dos únicas inspecciones a las que se sujetó la empresa. La técnico, en calidad de investigada, trasladó la responsabilidad de las tareas de supervisión a la Junta de Andalucía.
La petición de la Fiscalía para algunos de los implicados asciende a los 11 años de cárcel y se piden indemnizaciones millonarias para los afectados.
