Imagen del juicio.
La jueza Alaya aplaza el macrojuicio de Magrudis y las partes se dan diez días para llegar a un acuerdo y evitarlo
La carne contagió a 245 personas, provocó el fallecimiento de cuatro de ellas y afectó a siete no natos.
Dos de los más afectados son Pablo y Javier, los gemelos de siete años con discapacidad por la listeria.
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La jueza Mercedes Alaya ha decidido aplazar el macrojuicio del 'caso Magrudis' y conceder a las partes un plazo de diez días para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la celebración del proceso judicial.
El juicio, previsto para comenzar este viernes, debía sentar en el banquillo a los acusados por el mayor brote de listeriosis registrado en España tras el consumo de productos cárnicos de la marca 'La Mechá'. Sin embargo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado suspender tanto la primera sesión como las previstas para la próxima semana.
De este modo, las partes volverán a reunirse el próximo 26 de octubre con el objetivo de cerrar un acuerdo. En caso de no lograrlo, se procederá al planteamiento de las cuestiones previas, paso previo al desarrollo del juicio.
La magistrada ha instado a todos los implicados a acercar posturas para tratar de resolver de forma conjunta las responsabilidades penales y civiles derivadas de la causa. Si finalmente no fuera posible alcanzar un consenso, se estudiaría la posibilidad de cerrar acuerdos por separado, uno en el ámbito civil y otro en el penal.
La Audiencia Provincial de Sevilla es la encargada de juzgar el brote de listeria que durante el verano de 2019 contagió a 245 personas, provocó el fallecimiento de cuatro de ellas y afectó a siete no natos.
En concreto, se acusa a José Antonio M. P., administrador de hecho de Magrudis, y sus hijos Sandro M. R. y Mario José M. R. También a Encarnación R.J., mujer y madre de los anteriores.
Además, se sientan en el banquillo el arquitecto técnico Sergio L.G y María José O.B., inspectora veterinaria municipal.
Esta última autorizó el plan de autocontrol de Magrudis y realizó las dos únicas inspecciones a las que se sujetó la empresa. La técnico, en calidad de investigada, trasladó la responsabilidad de las tareas de supervisión a la Junta de Andalucía.
La petición de la Fiscalía para algunos de los implicados asciende a los 11 años de cárcel y se piden indemnizaciones millonarias para los afectados.
Los gemelos Javier y Pablo
Además de las muertes, dos de los casos más graves son los de los gemelos Javier y Pablo de siete años. De hecho, ha sido la entrega de unos informes por pare del abogado de su familia lo que ha motivado la reunión entre las partes.
Las vidas de ambos se vio truncada nada más nacer unas semanas después de que su madre comiera un montadito con esta carne contaminada en la última fase de la gestación.
Según el parte médico, por este motivo ambos menores sufren diversas secuelas por las que los progenitores solicitan en conjunto ocho millones de euros, sin intereses incluidos.
Ambos conviven ahora con las consecuencias de este episodio. Javier padece una discapacidad del 40%, mientras que su hermano presenta una discapacidad del 75 % que le impide expresarse con propiedad o andar con normalidad.
"Su estado requiere que esté siempre en brazos de su madre. No puede hablar, tiene una dieta controlada hecha a base de alimentos que puede digerir. Su madre ha abandonado su carrera profesional para dedicarse las 24 horas del día a él y a su hermano".
"Nos llegaron a decir que era un milagro que Pablo estuviese vivo", ha indicado el letrado responsable de la representación procesal de la familia, Manuel Parrilla.
El letrado ha acusado directamente al Ayuntamiento de Sevilla, que figura como responsable civil subsidiario ante la posible responsabilidad derivada de la actuación de la inspectora veterinaria municipal, de "abandonar" a los afectados.
"Nos sentimos abandonados, no han dado ni un paso, no han preguntado a las familias ni se han preocupado por alcanzar un entendimiento", ha expresado al termino de esta primera sesión.
Al respecto de la causa se ha pronunciado durante la jornada el portavoz municipal, Juan Bueno.
Este ha subrayado que el Gobierno local "siempre está abierto a explorar cualquier camino y cualquier posibilidad para solventar el asunto de la mejor forma posible", llegando incluso a afirmar que el Ayuntamiento no tendría "ningún problema" si se llegase a proponer un posible acuerdo entre las partes.
