Imagen de la madre de Sandra Peña, Zara Villar.

Imagen de la madre de Sandra Peña, Zara Villar. E.P.

Sevilla

La Junta espera la decisión de la Fiscalía de Menores para decidir la sanción al colegio de Sandra Peña

Los padres de la menor estudian denunciar al centro por vía civil tras la confirmación del archivo por parte de la Audiencia Provincial.

Más información: La Junta abrirá un expediente sancionador al centro de Sandra por no activar los protocolos pese al archivo de la denuncia

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La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) de la Junta de Andalucía está a la espera del veredicto de la Fiscalía de Menores para decidir qué sanción le impone al colegio de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó tras ser, presuntamente, víctima de acoso escolar.

Según han indicado fuentes de dicho departamento a este medio, aún falta por conocer qué responsabilidad tuvieron las presuntas acosadoras en el fallecimiento de la joven.

Ahora, una vez se conozca la opinión de dicho órgano judicial, será el instructor del expediente quien proponga el castigo según las conclusiones de los informes y las resoluciones en el ámbito judicial.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la denuncia por vía penal interpuesta por parte de la familia de Sandra al colegio.

La decisión de la magistrada Mercedes Alaya se debe a que considera que el equipo docente no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de menor. Es por ello por lo que la familia de la víctima está estudiando si demandar al Irlandesas de Loreto por la vía civil.

Tras el fallo de la magistrada Mercedes Alaya, la encargada del caso de la menor sevillana, los padres de Sandra han exigido en reiteradas ocasiones una sanción "contundente" por parte de la Junta hacia el centro.

Sin ir más lejos, la madre de la joven, Zara Villar, ha vuelto a pedir este miércoles en el marco del proyecto 'Verde Esperanza' impulsado por el Real Betis y su Fundación un castigo "ejemplarizante" por parte del departamento de Educación.

Durante su intervención, Villar ha hecho hincapié en la "multitud" de errores cometidos por parte del centro escolar al "no abrir los protocolos" antiacoso a los que obliga la normativa regional.

Qué dice la Audiencia Provincial

Este último punto ha sido confirmado por la Audiencia Provincial de Sevilla.

En el auto, la magistrada Alaya confirma que los docentes conocían la situación y que las medidas que tomaron fueron "leves" y "no surtieron efecto".

La jueza considera "absolutamente deficitaria, insuficiente y contraria a la urgencia que imprime el Protocolo de acoso" la actuación del colegio, no obstante, mantiene que no se puede acreditar que los profesores sean responsables de la muerte de la menor.

Según la magistrada, Sandra "tenía otros muchos problemas que le afectaban mucho más que los insultos o las burlas de sus compañeras de clase".

Tal y como se recoge en el auto judicial, el profesorado tenía conocimiento de la situación por la que estaba pasando la sevillana desde febrero de 2025, mes en el que la tutora de la víctima organizó un acto de conciliación entre ella y otra alumna.

Este hecho demuestra que la docente sabía que "la relación entre ambas no era la adecuada".

Posteriormente, entre los meses de marzo y abril, amigas de Sandra "hablaron con la jefa de estudios" sobre la situación de acoso.

Tras ello, el profesorado organizó una reunión con la orientadora con todas las menores implicadas en el caso. Según el auto, las presuntas acosadoras "salieron riéndose" de la sala.