Imagen del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. EP.
Denuncian una nueva agresión en el Psiquiátrico de Sevilla, con insultos, agresiones y escupitajos a funcionarios
Csif pide la evaluación de los riesgos específicos derivados de la atención a internos con graves alteraciones de conducta y patologías psiquiátricas.
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Los funcionarios del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla han vuelto a sufrir un nuevo episodio de violencia por parte de uno de los internos con insultos, agresiones y hasta escupitajos.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes 7 de agosto cuando un interno que ya había protagonizado anteriormente numerosos incidentes graves manifestó haber ingerido dos pilas y un tornillo y exigió ser trasladado a un hospital.
Ante la negativa de los servicios médicos a considerar procedente dicho traslado, el interno comenzó a alterarse, golpear la puerta de la celda y reclamar insistentemente la presencia de la psiquiatra, ha informado el sindicato Csif.
Posteriormente, la situación se agravó considerablemente. Tras activarse la alarma de incendios de la celda y realizarse la intervención correspondiente, el interno mantuvo una conducta violentamente agresiva, empujando y golpeando a los funcionarios que trataban de reducirlo e inmovilizarlo.
Durante la intervención llegó a lanzar escupitajos contra funcionarios y personal sanitario, además de proferir amenazas de muerte contra los trabajadores y contra la profesional sanitaria presente.
La intervención obligó a los funcionarios a emplear la fuerza física mínima imprescindible para reducir e inmovilizar al interno, siendo necesario utilizar posteriormente medios de sujeción autorizados por los servicios facultativos.
CSIF pone en valor la profesionalidad, responsabilidad y actuación ejemplar de los empleados públicos penitenciarios que intervinieron, quienes, pese a encontrarse ante una situación de enorme riesgo, actuaron para garantizar la seguridad del propio interno, del personal sanitario y del resto de trabajadores.
No puede normalizarse la violencia
Para CSIF, estos hechos evidencian una realidad que venimos denunciando desde hace años: los trabajadores penitenciarios se enfrentan diariamente a situaciones de violencia, agresiones, amenazas e insultos sin disponer siempre de los medios humanos y materiales adecuados para afrontarlas con las máximas garantías de seguridad.
La situación adquiere una especial gravedad en un centro de carácter psiquiátrico, donde las características clínicas de determinados internos requieren una respuesta especializada, coordinada y dotada de recursos suficientes.
![Imagen de la cárcel de Sevilla.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11314303.jpg?p=w:320\/h:180&h=i_t0emyO"])
No se puede exigir a los funcionarios que asuman riesgos extraordinarios mientras la Administración no garantiza unas condiciones de seguridad acordes con la realidad de los centros penitenciarios.
Por ello, el sindicato exige a Instituciones Penitenciarias el incremento inmediato de las plantillas en los centros penitenciarios y, especialmente, en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, adecuándolas a las necesidades reales de seguridad.
La evaluación urgente de los puestos y riesgos específicos derivados de la atención a internos con graves alteraciones de conducta y patologías psiquiátricas.
Protocolos específicos de actuación ante episodios violentos, perfectamente coordinados entre funcionarios, personal sanitario y dirección.
La dotación de medios materiales y técnicos suficientes para que los trabajadores puedan intervenir ante situaciones de violencia con las máximas garantías.
Formación especializada y continua para los empleados públicos destinados en unidades y centros con internos que presentan graves alteraciones de conducta.
El seguimiento médico y psicológico de los trabajadores agredidos, garantizando además el reconocimiento y adecuada tramitación de las lesiones sufridas durante el servicio.
La aplicación efectiva de los Protocolos, con tolerancia cero frente a cualquier agresión, amenaza o intimidación a los empleados públicos.
El refuerzo de la vigilancia y valoración individualizada del riesgo de aquellos internos que acumulan antecedentes de incidentes graves.
Y una mayor coordinación entre los servicios médicos, psiquiátricos y regimentales, evitando que los funcionarios tengan que afrontar situaciones de elevada peligrosidad sin disponer de información y recursos suficientes.
