Residentes de la Flora Tristán- Alicia Mourelles
Los alumnos de la residencia del Polígono Sur critican un "desalojo exprés" pese a que la UPO dice que abrirá "20 años"
Los residentes inician un encierro indefinido tras exigirles el vaciado del centro en mitad de junio y sin ofrecer alternativas habitacionales.
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El revuelo por la continuidad de la residencia de estudiantes Flora Tristán está tomando fuerza.
Según un comunicado emitido por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), propietaria de este edificio ubicado en el Polígono Sur, un informe ha detectado 39 "problemas estructurales" de diferente categoría que obligan a intervenir en el edificio.
No obstante, aún no se sabe si estas reformas se podrán acometer de manera "integral e inmediata" debido a la situación presupuestaria de la institución. Tampoco cómo afectarían a los estudiantes.
En todo momento, la universidad ha defendido que su prioridad es garantizar la seguridad y la continuidad del proyecto.
Sin embargo, los residentes han denunciado que se han enterado de la problemática de manera "totalmente informal, cuando la mitad de la gente ya se había marchado por el fin de curso".
Alicia Mourelles vive en la Flora Tristán desde hace cinco años y califica lo sucedido como un "desalojo exprés" que "dejará a unas 150 personas vulnerables en la calle".
Esto último a pesar de que desde la universidad han reiterado que la "actividad continuará" al menos durante "20 años más".
Sin ir más lejos, el rector de la UPO, Francisco Oliva, en declaraciones recogidas por la cadena SER ha hecho hincapié en que habrá "una residencia universitaria muchísimo mejor que la que existe ahora; no solamente eso, sino que tendremos más proyectos sociales que nunca".
Además, Oliva ha asegurado que "estará abierta otros 20 años como mínimo".
El núcleo del conflicto radica en "la gestión de los tiempos" por parte del rectorado.
Según los propios comunicados emitidos por la UPO, la urgencia de acometer un paquete de 39 obras de reforma de manera inmediata se ampara en un informe técnico publicado en agosto de 2025.
Sin embargo, el propio rectorado ha reconocido a los residentes que este documento llegó "tras el encargo de informes parciales que se han sucedido desde abril de 2024".
Las deficiencias "no son puntuales, sino consecuencia de problemas estructurales" derivados del diseño original del inmueble y de la "insuficiencia de determinadas actuaciones de mantenimiento" a lo largo de los años.
Estos fallos incluyen incidencias calificadas como "graves o críticas" y, según justifica la UPO, exigen una "respuesta planificada, rigurosa y responsable".
Ahora, los residentes cuestionan que, si realmente existía un peligro real para sus vidas y las de los trabajadores desde 2024, por qué la universidad ha "permitido la libre habitabilidad del edificio", para terminar pidiendo "un desalojo en un plazo de apenas dos semanas y sin ofrecer alternativas habitacionales para septiembre".
Además, denuncian que la primera vez que se escuchó la palabra "obras" fue a finales de mayo y que el informe pericial completo sigue sin ser público, ya que "solo" se les ha facilitado un fragmento.
Alcance de las obras y plazos
A todo esto se le suma la incertidumbre sobre el alcance de las reformas y los plazos.
En lo que respecta a estos últimos, los residentes critican no se sabe cuánto durarán los trabajos sobre la infraestructura. Tampoco "si el cierre del edificio será parcial o total".
Por su parte, la UPO señala que esta falta de concreción se debe a "profunda inestabilidad financiera" de las universidades públicas de la comunidad. La insuficiencia de fondos imposibilitaría concretar las cuestiones anteriores.
Para solventar esta situación, la institución asegura que lleva meses buscando la colaboración con entidades sin ánimo de lucro y de fuerte compromiso social que aporten los recursos necesarios.
A pesar de la incertidumbre, el rectorado insiste en que el desalojo persigue asegurar la viabilidad futura de las instalaciones. Para ello, en las próximas semanas se espera contar "con los resultados de meses de trabajo", y se informará de ello por los canales de comunicación universitarios.
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Tras una rueda de prensa que ha reunido a profesores de la propia UPO, sindicatos y colectivos locales, los residentes mantienen el pulso y advierten de que no abandonarán el edificio hasta conseguir compromisos reales.
Con todo esto, los afectados han convocado este martes una manifestación que partirá desde las puertas de la residencia para exigir responsabilidades por lo que consideran "una grave negligencia de gestión."
Salto a la política
El conflicto de la Flora Tristán ha saltado definitivamente a la arena política andaluza. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado el posible cierre del complejo en el Polígono Sur como "un ataque a la universidad pública y a los barrios obreros".
Con estas declaraciones, la formación de izquierdas ha señalado directamente a la Junta de Andalucía por la situación financiera de las universidades públicas, exigiendo al Gobierno autonómico que se posicione formalmente.
