Imagen de José Luis Sanz. Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla prepara una nueva bajada de impuestos para septiembre de 2027
La ciudad vive un momento de tensión por las cuentas municipales: el PSOE alerta de un “desfase de 89 millones” y el PP lo niega.
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La liquidación del presupuesto municipal de Sevilla correspondiente a 2025 ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno local del PP y el Grupo Municipal Socialista, con interpretaciones radicalmente distintas sobre el estado real de las cuentas públicas. Mientras tanto, el gobierno local ha anunciado una nueva bajada de impuestos de cara a septiembre de 2027.
La oposición advierte de un desfase millonario que obligará a un plan de ajuste, el Ejecutivo defiende una situación de “solvencia” y niega cualquier escenario de crisis económica.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha sido el encargado de encender las alarmas al señalar que las cuentas municipales reflejan un incumplimiento de las reglas fiscales y un desfase que cifran en torno a 89 millones de euros.
Según su análisis, la liquidación presupuestaria evidencia que el Ayuntamiento no ha respetado ni la regla de gasto ni la estabilidad presupuestaria, lo que obligaría legalmente a la elaboración de un plan económico-financiero.
Para el PSOE, el origen del problema no es puntual, sino estructural. Muñoz sostiene que el presupuesto se elaboró con previsiones de ingresos “infladas”, que no se han materializado, citando tasas como la de residuos o la de telefonía móvil.
A ello suma decisiones de gasto adoptadas, según su criterio, sin suficiente prudencia financiera, lo que habría derivado en la necesidad de recortar partidas o incluso revisar impuestos.
“No lo pagará el alcalde, lo pagarán los sevillanos”, ha resumido el portavoz socialista, que advierte además de un posible impacto en servicios públicos, inversiones y empleo municipal.
El PSOE también cuestiona la oportunidad de algunas modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio, pese —según su versión— a las advertencias técnicas de la Intervención municipal. A su juicio, el resultado final no es una desviación coyuntural, sino el reflejo de una planificación deficiente.
Resultado positivo
Frente a esta interpretación, el Gobierno municipal, encabezado por José Luis Sanz, rechaza de plano que exista una situación económica delicada.
El delegado de Hacienda, Juan Bueno, defiende que la liquidación presupuestaria arroja datos “históricos” en términos de ejecución y estabilidad relativa, destacando un resultado presupuestario ajustado positivo y un remanente de tesorería para gastos generales de 68,8 millones de euros.
Según la versión del Ejecutivo local, si no se tuviera en cuenta una amortización anticipada de deuda de 179 millones de euros impuesta por normativa estatal, el remanente habría superado los 248 millones.
Bajo esta lectura, el Gobierno sostiene que no existe un problema estructural de solvencia, sino el cumplimiento de una regla fiscal que limita el gasto.
El Ayuntamiento argumenta además que el incumplimiento de los objetivos de estabilidad se debe a factores concretos, como la no implantación efectiva de la tasa de basuras, la falta de liquidación de determinados ingresos o la ejecución extraordinaria de inversiones en áreas como limpieza urbana a través de Lipasam.
Bajada de impuestos
Conviene tener en cuenta que en 2019 el Ayuntamiento de Sevilla ya se vio obligado a aprobar un plan de ajuste, en un contexto en el que el nivel de ejecución presupuestaria era inferior al actual.
Ahora, según defiende el delegado de Hacienda, Juan Bueno, el plan económico-financiero que el Gobierno municipal llevará al Pleno de mayo no incluirá recortes, sino que estará orientado a sentar las bases de una futura rebaja fiscal prevista para 2027.
En esta línea, Bueno sostiene que el equipo de gobierno encabezado por José Luis Sanz ha acreditado una gestión más eficiente de las cuentas públicas, combinando una reducción de la presión fiscal con un incremento de la recaudación y alcanzando niveles de ejecución del gasto sin precedentes.
A su juicio, esta política se traduce en una mayor inversión en infraestructuras, servicios y actuaciones que repercuten directamente en la ciudadanía.
405 millones en obras
En paralelo, el Gobierno municipal reivindica su nivel de inversión, apoyándose en datos del sector de la construcción que sitúan en 405 millones de euros las obras adjudicadas en 2025, una cifra que el Ejecutivo compara con la inversión de otros organismos en la provincia para reforzar la idea de “liderazgo inversor” del Ayuntamiento.
Uno de los puntos clave del debate es la obligación de elaborar un plan económico-financiero. Mientras el PSOE lo interpreta como un síntoma de desequilibrio que puede traducirse en recortes o subida de impuestos, el Gobierno lo presenta como un mero trámite técnico que, lejos de implicar ajustes, servirá para preparar futuras bajadas fiscales previstas para 2027.
No habrá recortes
El Ejecutivo municipal insiste en que no habrá recortes y que el plan no supondrá restricciones en el gasto, sino una reorganización dentro del marco legal.
Además, el Gobierno introduce un elemento político adicional al criticar la falta de actualización de transferencias estatales, en particular la Participación en los Ingresos del Estado, que considera desfasada por la ausencia de nuevos presupuestos generales.
