El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
Sanz refuerza el acceso al padrón de inmigrantes mientras el Gobierno apuesta por la regularización masiva
El gobierno municipal ha aceptado la petición de Vox de limitar el empadronamiento a los inmigrantes que estén en situación irregular.
Sánchez solo pedirá para regularizar la situación de los extranjeros haber residido cinco meses en España y no tener antecedentes penales.
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El Gobierno central y el Ayuntamiento de Sevilla toman distancia en cuanto a la regularización de las personas migrantes. El primero aboga por agilizar la formalización de la residencia con requisitos más laxos, mientras que el segundo apuesta por intensificar el control de quién se puede inscribir en el padrón municipal.
El ejecutivo de Pedro Sánchez anunció hace menos de una semana la regularización por Real Decreto de medio millón de inmigrantes. Todo lo que tendrán que hacer estas personas es acreditar cinco meses de residencia en España y la ausencia de antecedentes penales.
En el otro lado de la balanza, el gobierno municipal de José Luis Sanz ha aceptado la petición de Vox de reforzar los protocolos que permiten acceder a una inscripción en el padrón sevillano para las personas inmigrantes.
La petición ha sido aceptada a cambio del "sí" en los presupuestos de 2026, que han salido adelante con el voto afirmativo de Vox en la mañana del 29 de enero.
Durante la sesión plenaria, Cristina Peláez, portavoz del grupo Vox, ha asegurado que ya han comenzado "a implantar el control exhaustivo del padrón municipal".
Desde el grupo político aseguran que esta declaración de Peláez hace referencia a la petición que han lanzado al gobierno de Sanz de hacer público el empadronamiento de extranjeros carentes de residencia de larga duración en el padrón municipal.
En palabras de la formación verde, "el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local dispone que las inscripciones de empadronamiento de extranjeros que no tengan permiso de residencia de larga duración (en puridad autorización) tendrán una vigencia limitada a dos años, salvo que se proceda a su renovación por el interesado".
Sin embargo, los de Abascal dejan fuera de estas restricciones a las personas provenientes de Estados miembro de la Unión Europea o de "Estados con los que haya un Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o en virtud de convenio internacional que extienda los efectos a los nacionales de países concretos".
De esta forma, con un refuerzo de los protocolos de identificación y domiciliación, el partido de Peláez busca limitar el empadronamiento a los inmigrantes que estén en Sevilla en situación irregular.
Refuerzo de la plantilla
Pese a haber aceptado estas condiciones, el Consistorio hispalense apunta a un refuerzo en el padrón con el único objetivo de acortar los plazos burocráticos.
"En cuanto al personal, se está reforzando el área de las altas, sobre todo porque los trámites tardaban mucho tiempo, con el objetivo de que no se demoraran tanto desde que se presenta la solicitud", afirman a EL ESPAÑOL de Sevilla fuentes municipales.
Asimismo, "desde hace unos meses se ha producido un cambio en el procedimiento telemático", según apuntan las mismas fuentes.
En este sentido, explican que, antes, cuando se presentaba la solicitud de forma online, se enviaba la documentación y era necesario que un funcionario la revisara y realizara el empadronamiento.
Ahora, con el mencionado cambio, si se cumplen ciertos requisitos —"que son los de la mayoría de las personas que se empadronan, principalmente que la vivienda en la que se solicita el empadronamiento sea de tu propiedad"—, el empadronamiento se realiza de forma automática.
Esto implica que gracias a la modificación telemática realizada por parte del Consistorio, "todo el proceso digital puede durar unos diez minutos y finaliza con la obtención del certificado de empadronamiento". Es decir, la persona queda empadronada en ese mismo momento.
Requisitos del Gobierno
Frente a las exigencias municipales, los requisitos para regularizar el estado de los inmigrantes o solicitantes de asilo que implementará el ejecutivo son, en primer lugar, haber residido al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre.
En segundo lugar, se prestará especial atención a que la persona solicitante no cuente con antecedentes penales relevantes que pudieran ocasionar un riesgo para la convivencia en la sociedad española.
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos fijados en el Real Decreto, los solicitantes podrán aportar documentación oficial como el certificado de empadronamiento, justificantes de asistencia sanitaria, contratos de arrendamiento u otros documentos que demuestren una permanencia mínima de cinco meses en España.
El Ejecutivo estima que las personas extranjeras que reúnan estas condiciones podrán iniciar el proceso de regularización entre comienzos de abril y el 30 de junio de este año.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, encabezado por Elma Saiz, ha asumido el compromiso de resolver las solicitudes en un plazo máximo de tres meses.
