Inmigración, turismo, manteros y mercados de abastos: así son las claves del acuerdo que ha salvado las cuentas de Sevilla

El alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, ha conseguido dar luz verde a sus Presupuestos para 2026, que este año superan los 1.380 millones de euros, una cifra "histórica".

La aprobación llega después de un acuerdo entre el Gobierno municipal y el grupo Vox, tan solo dos días más tarde de las elecciones autonómicas en Extremadura, que han acabado con la candidata 'popular' María Guardiola como la más votada y la obtención de seis escaños más de Vox.

El pasado martes 23 de diciembre, se celebró el Pleno municipal del Ayuntamiento de Sevilla, el cual había sido pospuesto a la espera de que el Gobierno de Sanz y la formación de Abascal en el Consistorio sevillano llegaran a un acuerdo.

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En el mismo, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, votó a favor de las cuentas presentadas por el primer edil. En cambio, PSOE y Con Podemos-IU espetaron un rotundo 'no' y han apelado enmiendas a la totalidad.

Antonio Muñoz, portavoz del grupo socialista, denunció que las cuentas "no responden a las necesidades reales de la ciudad ni de sus barrios" y ha criticado que se hayan cruzado lo que ha tildado como "líneas rojas legales".

Por su parte, fuentes del Con Podemos-IU aseguran que "la gestión del PP en Sevilla responde a un modelo conservador, poco ambicioso y profundamente desigual que prioriza los intereses del mercado y los pactos con la extrema derecha".

Plazo de 15 días

No obstante, al 'sí' de los de Abascal le preceden una serie de condiciones, quedando algunas de ellas plasmadas en el acuerdo firmado la mañana del martes por los representantes de ambas fuerzas políticas.

Una de las que más ha dado de qué hablar ha sido la "intensificación del control" del padrón municipal. Según el relato de Vox, con esta medida se pretende "poner fin a la inmigración ilegal" en Sevilla, que "solo beneficia a mafias".

El documento acordado por PP y Vox establece la "exigencia de acreditación de identidad en vigor para el registro en el padrón". Esto se hará mediante el refuerzo del protocolo para comprobar las residencias de los solicitantes en un plazo máximo de 15 días.

En aquellos casos de "acreditación dudosa del domicilio" se "incidirá a través de instrumentos de inspección y fomento de la colaboración interinstitucional".

Esta condición fue una de las anunciadas a última hora por la formación verde. El pasado 16 de diciembre, a dos días de la celebración del Pleno de Presupuestos, la portavoz del grupo anunció que las cuentas del Gobierno municipal todavía no contaban con su aprobación.

Exigencias a última hora

La misma señaló a una serie de líneas rojas -entre las que estaban la limitación del padrón- y aseguró que seguían negociando. Pues bien, finalmente PP y Vox se han logrado entender.

Cabe destacar que dicha lista se rige por una normativa estatal. Al respecto, José Luis Sanz ha asegurado que "no se va a incumplir la ley". Asimismo, fuentes de Vox señalan que existe la posibilidad de que todas las medidas no salgan adelante.

La "lucha contra la venta ambulante" ha sido otro de los puntos del acuerdo. En este sentido, se "incorporará una función específica de lucha contra la venta ambulante ilegal dentro de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local".

Otra de las medidas que ha dado de qué hablar ha sido la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Cartuja. En concreto, Peláez exigía la desactivación de las cámaras de seguridad que se estaban utilizando para poner las multas a aquellos vehículos que no cumplían con la normativa.

Ahora, "dentro del marco de la normativa europea", se va a "modificar la ordenanza de movilidad en relación con los preceptos que desarrollan la ZBE". Así, se quiere terminar con "la imposición automática de multas y las restricciones permanentes al tráfico".

Más coto a las VUT

Cristina Peláez subrayó que, de aprobarse esta condición, los dispositivos únicamente se activarían cuando se hayan superado los límites permitidos de contaminación. Con la medida ya aprobada, habrá que ver cuál es el sistema elegido por el Gobierno municipal.

Destaca también la cuestión de las viviendas de uso turístico (VUT), uno de los grandes dilemas del Gobierno municipal. El equipo de Sanz ya limitó el número de estos inmuebles en aquellas zonas saturadas de la capital. Ahora, se reducirán los límites vigentes dependiendo de lo que esté establecido por las zonas.

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Actualmente los límites establecidos en toda la ciudad están a un máximo del 10 por ciento sobre el total de los inmuebles de cada barrio.

Los mercados de abastos están también en el punto de mira del acuerdo municipal. En este sentido, Sanz y Peláez han acordado una modificación presupuestaria que deberá tener lugar entre los primeros seis meses de 2026 y que tendrá como objetivo garantizar la supervivencia de estas infraestructuras. Para ello, la inversión en ellos pasará a sumar 160.000 euros más.

Además, a la actual partida presupuestaria de 1,5 millones de euros destinadas a los parques empresariales, se le sumaran tres millones más.

El último punto del acuerdo recoge un plan de rehabilitaciones viarias que se integrarán dentro del Plan de Inversiones de la Gerencia de Urbanismo.