Pescado incautado en las instalaciones de Mercasevilla
Incautan en un mercado de Sevilla más de una tonelada de pescado sin garantías de consumo, incluido atún rojo
Los agentes han confiscado 454 kilos de atún rojo, 69 de salmonete de fango, 100 de lenguado europeo, 168 de merluza patagónica y 276 kilos de merluza.
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Los agentes del Seprona de la Guardia Civil de Sevilla y la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) han incautado más de una tonelada de productos pesqueros en las instalaciones de Mercasevilla al no reunir garantías para su consumo.
La operación, que se realizó el pasado 6 de noviembre, confirmó que la mercancía carecía de documentación obligatoria y presentaba irregularidades que impedían su comercialización.
Los agentes confiscaron 454 kilos de atún rojo, 69 de salmonete de fango, 100 de lenguado europeo, 168 de merluza patagónica y 276 de merluza.
La Guardia Civil ha explicado que estos productos incumplían la normativa al "no disponer de los documentos de trazabilidad correspondientes que acreditasen su procedencia e identificación y por tanto su seguridad alimentaria".
Añaden que la merluza intervenida incluía "ejemplares inmaduros" al no alcanzar la talla mínima permitida.
Los agentes procedieron a precintar la mercancía y la depositaron en una cámara de intervenciones de Mercasevilla.
Permanece allí a la espera del dictamen del Servicio de Salud, que debe determinar si los productos pueden destinarse al consumo humano y, en ese caso, ser trasladados al Banco de Alimentos.
Las autoridades han recordado que estas actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera y el control de la cadena de comercialización.
Señalaron que el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras establece la vigilancia de la trazabilidad como herramienta esencial para proteger la salud pública.
Infracciones graves
Apuntan que los hechos descritos pueden constituir infracciones graves que llevan consigo sanciones conforme a la legislación vigente.
La Junta de Andalucía y la Guardia Civil destacan que esta intervención "pone de manifiesto el compromiso" de ambas administraciones con la seguridad alimentaria.
Subrayan que la trazabilidad de los productos pesqueros aporta una información clara al consumidor y contribuye a frenar prácticas ilegales que perjudican la biodiversidad marina.
Asimismo, insisten en que el trabajo de la Inspección Pesquera resulta clave para controlar la circulación de mercancía y detectar productos que no cumplen con la ley.