Los padres de Sandra en la concentración en Sevilla tras su caso.
La Fiscalía cita como testigos a los padres de Sandra Peña y avanza en sus investigaciones por acoso y contra el colegio
El próximo 12 de noviembre, el juzgado informará a los progenitores de la adolescente sobre sus derechos para ejercer acciones civiles y penales.
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La investigación sobre el caso de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir presunto acoso escolar, sigue avanzando en sus investigaciones por acoso y contra el colegio donde estudiaba la menor, las Irlandesas de Loreto.
A punto de concluir la fase de instrucción, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la Fiscalía de Menores de Sevilla ha citado a los padres de la joven en calidad de testigos perjudicados el próximo miércoles 12 de noviembre.
Con esta citación, el juzgado les informará de su derecho a emprender acciones civiles y penales como parte afectada. Por su parte, la Fiscalía manifestará a la familia que si no quieren ejercitar ellos las acciones penales, esta lo hará en su nombre.
Imagen de la madre de Sandra Peña con la camiseta de fútbol de su hija durante la convocatoria en su memoria. Sevilla
Se trata de un paso más dentro del proceso judicial que busca esclarecer qué ocurrió realmente y quiénes pueden ser responsables de la muerte de Sandra.
La investigación abierta por la Fiscalía cuenta con dos líneas principales. La primera se centra en las tres alumnas del colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra, presuntamente implicadas en el acoso que habría sufrido.
El objetivo es determinar si existieron conductas tipificadas como delito y cuál fue el grado de responsabilidad de cada una.
La segunda línea de investigación se dirige directamente al propio centro educativo. La Fiscalía busca aclarar si hubo una posible negligencia institucional al no activar los protocolos de acoso escolar ni los de prevención de conductas autolesivas, a pesar de las supuestas señales de que la niña estaba siendo víctima de hostigamiento.
Imagen del colegio con pintadas tras el suicidio de Sandra Peña. Sevilla
Recordemos que, aunque las implicadas son menores de edad, desde que cumplan catorce años, las adolescentes pueden responder penalmente por sus actos.
Por tanto, si alguna de las tres alumnas señaladas hubiera cumplido ya esa edad, podría ser investigada penalmente. En cambio, los menores de esa edad son inimputables y no pueden ser procesados penalmente.
De confirmarse que el colegio incumplió los protocolos de actuación ante el acoso, podría enfrentarse a sanciones administrativas e incluso a la pérdida del concierto educativo. Esto significaría dejar de recibir fondos públicos, una medida que se reserva para los casos más graves.
Los padres niegan la activación del protocolo
La familia de Sandra continúa viviendo con un profundo dolor. Los padres sostienen que "habían denunciado en el centro educativo que la menor sufría acoso por parte de un grupo de compañeras de clase", pero que "no se tomó ninguna medida efectiva, ni activaron ningún protocolo".
El pasado 14 de octubre, Sandra regresó del colegio y, poco después, se lanzó desde la azotea del edificio donde vivía, en Sevilla. Su muerte conmocionó a todo el barrio y reabrió el debate sobre cómo los colegios gestionan los casos de acoso escolar.
![Imagen de los familiares de Sandra Peña durante la concentración silenciosa del pasado viernes.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/10\/20\/actualidad\/1003743977071_259463557_320x180.jpg"])
A pesar del dolor, los padres mantienen la esperanza de que la justicia aclare lo sucedido. Reconocen que el proceso judicial está avanzando "más rápido de lo que esperábamos", algo que les reconforta dentro del sufrimiento que aún viven.
Mientras tanto, España sigue pendiente de un caso que ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de actuar con firmeza ante cualquier indicio de acoso escolar, para evitar que tragedias como la de Sandra se repitan.
