Veladores en el entorno de la Macarena.

Veladores en el entorno de la Macarena. EP Sevilla

Sevilla

El Defensor del Pueblo se suma a las críticas a los veladores: "Es una guerra del peatón"

El Ayuntamiento de Sevilla destaca que la norma para la capital tiene "consenso" y sigue su negociación con los sectores implicados. 

5 marzo, 2024 17:33
Sevilla

Los veladores son "una guerra al peatón". Así lo ve el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien ha señalado que recibe "muchísimas quejas" sobre esta cuestión y pide en las ciudades una "ordenación mejor".

En el caso de Sevilla el Ayuntamiento negocia ahora una nueva norma que ha de ordenar la presencia de los veladores en las calles de la ciudad. El Consistorio descata que hay "consenso" sobre la ordenanza.

Maeztu, por su lado, ha señalado que las ciudades deben ser para "disfrutarlas" y eso se complica con la presencia de veladores. Las calles, ha añadido, tienen que ser espacio "de convivencia". 

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En todo caso, el Defensor del Pueblo ha señalado que no es su tarea encontrar "medidas" que regulen esta cuestión pero sí ha pedido normativas a los ayuntamientos. 

En el caso de Sevilla hay sobre la mesa una nueva ordenanza que vendrá a poner orden en este asunto. En la misma, recuerda Europa Press, se plantea que los bares con dos sanciones graves sean multados y, además, pierdan la licencia. 

Multas

Además, la nueva norma, que está en fase de negociación, plantea multas que irían desde la más baja, de 600 euros, hasta la más alta, de 120.000. Si alguien incumple de forma reiterada se llevaría su caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente. 

Aunque es cierto que el texto está en negociación, el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ya emitió un informe en el que planteaba sus dudas. Así, dicho organismo señalaba que había aspectos que necesitaban de más justificación.

"El texto resulta inconcreto y confuso, se encuentra salpicado de conceptos jurídicos indeterminados, temas abiertos y márgenes de discrecionalidad, que provocan falta de claridad e inseguridad jurídica", señalaba el informe del CESS.