Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Sevilla una operación contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la jardinería, la limpieza de edificios, la hostelería, el transporte de mercancías por carretera y el reciclado.

Como resultado de la misma han sido detenidas 13 personas y otras nueve investigadas por seis delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y estafa procesal, que asciende a 3,42 millones de euros.

Las investigaciones comenzaron durante el pasado mes de agosto, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social registró varios escritos- denuncias en los que alertaba de las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago.

Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Sevilla, Dos Hermanas y Marchena, según ha informado la Policía en un comunicado.

En concreto, estos empresarios no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería. Para ello, creaban grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.

Administradores y testaferros

Los agentes determinaron la participación delictiva de estas 22 personas, que eran principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas y trabajadores que figuraban en connivencia.

Tres empresas de las investigadas están relacionadas con el sector de la limpieza y la jardinería, dirigidas y gestionadas todas ellas por un mismo administrador. Las gestiones policiales revelaron la existencia de un grupo de firmas que se fue sucediendo en el tiempo y que compartía recursos personales y órganos de dirección.

Estas empresas fueron utilizadas como medio o instrumento defraudatorio para eludir responsabilidades personales y para evitar los posibles embargos de acreedores y, más concretamente, las deudas generadas con la Tesorería General.

En concreto, el entramado empresarial dedicado a la actividad del reciclado fue interponiendo a diferentes testaferros con el objetivo de dificultar los previsibles embargos de la Tesorería General. Fruto de la toma de declaraciones a diferentes trabajadores se pudo corroborar que toda la sucesión empresarial estaba dirigida y coordinada por la misma persona, quien había abusado de forma fraudulenta de la figura de la persona jurídica.

Además, se pudo observar, gracias al análisis de los diferentes modelos tributarios de la AEAT, una clara facturación cruzada entre las sociedades investigadas, las cuales se dedicaban a la misma actividad.

Otra de las investigaciones se centró sobre un entramado empresarial dedicado a la actividad del transporte en carretera, los cuales fueron interponiendo a diferentes testaferros para ocultar a los verdaderos responsables de las sociedades investigadas, además de dificultar las labores ejecutivas de embargo de la TGSS.

Asimismo, se observó como modus operandi la utilización de la figura del
concurso de acreedores, dejando a las sociedades sin masa activa y pasiva
para que los acreedores pudieran recuperar las deudas generadas a este organismo público.

Además, se constató que continuaron con la actividad del transporte a través de otras sociedades en las que interpusieron a testaferros, las cuales generaron grandes beneficios superiores a los 4 millones de euros en un intervalo muy corto de tiempo.