Sofía Puente, la 'hermanísima' fiscal del ministro: colegio de curas, pseudónimo en redes y la querella por la 'ley de nietos'

La firma de Sofía Puente Santiago se ha convertido en el detonante de la batalla político-judicial abierta en torno a la llamada 'ley de nietos'.

Fiscal de carrera, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, la jurista ha dejado atrás la discreción de la alta Administración para convertirse en protagonista de una gran polémica nacional en los últimos meses.

El último episodio se ha producido este miércoles. La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Inmaculada Lova, ha admitido a trámite la querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente por un presunto delito de prevaricación administrativa y ha abierto diligencias previas para esclarecer los hechos.

El origen está en una instrucción que firmó el 25 de octubre de 2022, cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y que fue publicada al día siguiente en el BOE.

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática había abierto una vía para que determinados descendientes de españoles pudieran adquirir la nacionalidad, entre ellos quienes hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

O, lo que es lo mismo, los descendientes de exiliados del franquismo.

La instrucción firmada por Sofía Puente días después introdujo una interpretación más amplia de ese requisito. Así, estableció que se presumiría la condición de exiliado de todos los españoles que hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Es decir, para quienes hubieran abandonado el país durante ese periodo ya no era necesario demostrar que lo hicieron por razones políticas, ideológicas, de creencia o relacionadas con su orientación o identidad sexual. Bastaba con acreditar que habían salido de España.

Esa interpretación es la que cuestiona Hazte Oír. Su letrado, Javier María Pérez-Roldán, sostiene a EL ESPAÑOL que "aquella instrucción desbordó los límites fijados por el Parlamento al equiparar en la práctica a quienes emigraron por motivos económicos o de otra naturaleza con quienes se exiliaron por las causas expresamente previstas en la ley".

La controversia no se quedó en los expedientes de nacionalidad. A principios de septiembre, el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente la inscripción en el CERA de quienes hubieran obtenido la nacionalidad al amparo de aquella instrucción sin acreditar el exilio, elevando la controversia desde los expedientes administrativos hasta el terreno del derecho al voto.

La discusión llegó así al derecho al voto y, después, a los tribunales. Y de aquellos polvos vienen estos lodos.

Vidas paralelas

La historia empieza bastante antes de aquella firma. Mucho antes de aparecer en el BOE, Sofía Puente ya participaba en la conversación política desde el anonimato.

Durante años utilizó en Twitter un pseudónimo desde el que intervenía en el debate político sin revelar su identidad.

Así lo cuenta a este periódico un antiguo amigo de Óscar Puente, que primero conoció a su hermana a través de aquel perfil y sólo después, al coincidir con ella en persona, descubrió quién estaba detrás.

Por ello, para saber quién es Sofía Puente hay que salir de los expedientes y regresar a Valladolid: a su carrera en la Fiscalía, a su familia, a su relación con Óscar Puente y a aquella otra Sofía que, mucho antes de que su firma apareciera en el BOE, ya había elegido un nombre distinto al suyo para entrar en política.

Sofía Puente nació en Valladolid el 11 de febrero de 1970 y hoy ocupa un puesto en la cúpula de la Justicia española: es Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, con rango de subsecretaria.

De ella dependen las direcciones generales de Servicio Público de Justicia, Transformación Digital de la Administración de Justicia y Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Esta última fue precisamente la que dirigió durante casi cuatro años, entre enero de 2020 y noviembre de 2023.

Desde allí tenía competencias sobre los Registros Civiles, los expedientes de nacionalidad y estado civil, los cuerpos de notarios y registradores y otras materias relacionadas con la seguridad jurídica y la fe pública.

Fue también desde esa Dirección General desde la que se dictó, en octubre de 2022, la instrucción que ha colocado su nombre en el centro de la polémica por la aplicación de la llamada 'ley de nietos'.

Pero para llegar hasta ese despacho hay que retroceder más de medio siglo, a una infancia que estuvo muy ligada a la de su hermano Óscar.

Los hermanos se llevan apenas 14 meses y crecieron compartiendo colegio, el San Agustín de Valladolid, un centro dirigido por curas; universidad, la de la ciudad pucelana; y también aficiones. Ambos estudiaron Derecho en la Universidad de Valladolid y se sentaban juntos, uno al lado del otro, en clase.

Cuando sus padres no les mandaban al extranjero —a Sofía a Francia y a Óscar a Estados Unidos—, los hermanos pasaban juntos los días de verano en la piscina Deportiva de su ciudad.

También compartieron formación musical. Los dos acudieron a clases de solfeo, coral, armonía y piano. Sofía quería estudiar violín, pero Óscar prefería el piano y, como eran ellos dos, acabaron compartiendo instrumento.

Ella llegó hasta quinto curso; él se quedó en segundo. Sofía Puente hizo además ballet, según contó en una entrevista con la Revista Registradores de España.

Con el tiempo, aquella afición musical llevó a Óscar Puente por un camino que Sofía no seguiría. Con 22 años comenzó a ejercer de DJ en locales de Valladolid como La Polar y Paco Suárez. Ella, en cambio, era "de las que se acercaban a pedir canciones".

También probaron suerte juntos en el escenario. Los dos se apuntaron a la academia de teatro de la Facultad de Derecho. Allí empezaron a ver que él tenía futuro como actor. No se equivocaban: Óscar Puente hoy acumula dos años más cotizados como actor que como político.

Su hermana, en cambio, tomaría otro camino. Se licenció en Derecho en 1993 e ingresó en la carrera fiscal en 1996.

Pasó por las fiscalías de Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid; fue fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, dirigió el Centro de Estudios Jurídicos entre 2010 y 2012 y formó parte del Consejo Fiscal entre 2014 y 2018.

Fue entonces cuando comenzó su progresiva aproximación a los puestos de dirección de la Administración de Justicia. El 29 de enero de 2020 fue nombrada directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

"El tiempo dirá si mi nombramiento es un error o no", declaró a la Revista Registradores de España tres meses después de asumir el cargo.

Su siguiente paso llegaría casi cuatro años después y volvería a coincidir en el tiempo con el de su hermano. El 20 de noviembre de 2023, Óscar Puente fue nombrado ministro de Transportes y ocho días después, el 28 de noviembre, Sofía cesó como directora general y Félix Bolaños la nombró secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.

Así, dos hermanos que de niños compartieron pupitre, piano y escenario terminaron instalados en dos planos distintos de la vida pública: él, en la primera línea política; ella, en la cúpula de la Justicia.

Pero para entender de dónde viene esa relación y el ambiente en el que ambos crecieron, hay que detenerse en su familia, especialmente, en la rama materna.

Raíces socialistas

Sofía Puente es hija de Óscar Puente Varela, nacido en 1939 en El Mazo, una aldea de Sarria (Lugo), y de Carmen Santiago del Barrio, nacida en Valladolid en 1945.

En el discurso de investidura que pronunció en 2015, Óscar Puente recordó que su abuelo materno, Antonio Santiago, estuvo en prisión desde 1939.

"Su único crimen: ser socialista", afirmó entonces.

Carmen, afiliada al PSOE, tuvo además un papel activo en la trayectoria política de su hijo. Una persona cercana a su entorno cuenta EL ESPAÑOL que, durante una asamblea socialista celebrada en Valladolid en 2003, una discusión sobre Óscar terminó en un enfrentamiento físico entre su madre y otra militante.

Sofía está casada con Manuel Javato Martín, fiscal en Valladolid y delegado contra la Violencia sobre la Mujer desde diciembre de 2022. Su nombre sonó entre los posibles candidatos a fiscal general para suceder a Cándido Conde-Pumpido.

El matrimonio tiene una única hija, de 21 años, que estudia un doble grado en ICADE en Madrid, mientras su familia sigue en Valladolid.

Un antiguo compañero de la joven en los Jesuitas sitúa a los Puente en un entorno social que, a su juicio, contrasta con su identificación política. Los define como "socialistas de boquilla" y asegura que se relacionan con gente de “centro derecha”.

Habla de una familia a la que "le gusta vivir bien", aludiendo a sus "vacaciones en Ibiza" y señalando su condición de "multipropietarios".

Bajo pseudónimo

Mucho antes de llegar a la cúpula de Justicia, Sofía Puente ya utilizaba Twitter para expresar sus ideas políticas.

Primero lo hizo desde una cuenta anónima —hoy desactivada—, y después con su nombre y apellido.

Del primer perfil ya no pueden consultarse los mensajes originales, pero sí han quedado sus interacciones y, con ellas, una parte del ambiente político y personal en el que se movía.

Un vallisoletano que fue amigo de Óscar Puente y que conoció a Sofía en aquellos años asegura a este periódico que él llegó primero a ella a través de Twitter. Entonces no sabía quién estaba detrás de aquella cuenta.

"Cuando Twitter no tenía tanta gente, era relativamente fácil tenernos controlados más o menos a los que hablábamos de política", recuerda.

Aquella cuenta le llamó la atención porque, a su juicio, era "extremadamente sectaria" y mostraba "un desprecio profundo" hacia "cualquier persona y cualquier postura de un partido que no fuera el Partido Socialista".

La identidad de su autora la descubriría después, ya en persona. El vallisoletano explica que primero conoció a Óscar, con quien mantuvo una buena relación hasta que comenzó a criticarle públicamente, y que terminó coincidiendo con Sofía en una fiesta en Valladolid.

El antiguo amigo de su hermano sostiene que aquella forma de entender la política se trasladaba a la red de manera especialmente explícita.

El rastro conservado en X permite también asomarse a su círculo de relaciones.

A través de su cuenta de Twitter interactuaba con personajes tan variopintos como Carmen Lomana o y, ya desde su perfil con nombre real, con José Manuel Albares.

Su posición política tampoco ha quedado nunca escondida.

En enero de 2020 celebró que Pablo Iglesias comenzara a seguirla y en noviembre de 2019 escribía sobre Pablo Casado: "Han maquillado a traición a Casado"; y ya en 2018, en plena polémica por la tesis doctoral de Pedro Sánchez, ironizaba diciendo: "¡Con lo que hay que leer de bueno en la vida voy a perder el tiempo leyendo una tesis!".

Hoy, sin embargo, su cuenta oficial de X aparece protegida. Al consultar el perfil, sus publicaciones ya no son visibles para el público general, sino únicamente para los usuarios a los que ha autorizado a seguirla.

Pero donde más claramente aparece aquella voz es en un artículo de opinión en un conocidísimo medio español, firmado bajo el mismo pseudónimo con el que publicaba en Twitter, sobre Carolina Bescansa y su bebé, al que llevó al Congreso en enero de 2016.

La fiscal se posicionó en contra de aquella decisión y cuestionó que una diputada llevara a su hijo al trabajo alegando que cuando ella llegaba a su trabajo dejaba de ser madre y que nadie tenía la necesidad de aguantar a los hijos de los demás.

Con el tiempo, aquella voz pasó a convivir con una identidad pública. La cuenta que utiliza hoy mantiene opiniones políticas y comentarios críticos con el PP, pero con mucha más prudencia. Recientemente, se ha protegido la cuenta.

"Trato de ser prudente porque mis opiniones personales no quiero que se confundan con las opiniones del ministerio o del Gobierno", afirmó en una entrevista concedida a Notarios y Registradores en enero de 2021.

El cerco judicial

La trayectoria de Sofía Puente desembocó finalmente en la decisión administrativa que ha terminado por colocar su nombre en el centro de una batalla política y judicial que se libra en dos frentes.

Uno de los elementos incorporados a las acciones judiciales es un escrito sobre una reunión celebrada el 18 de octubre de 2022, una semana antes de que Puente firmara la instrucción, con representantes de colectivos de descendientes y expertos en nacionalidad.

Según ese documento, el Ministerio de Justicia sostuvo entonces que "la instrucción se ceñirá siempre al texto de la ley que ha sido aprobada el 5 de octubre de 2022 en el Senado".

"Ella dijo que se iba a aplicar estrictamente la ley y que en dicha ley no cabía una ampliación a otros supuestos que los del exilio político", sostiene a EL ESPAÑOL Javier María Pérez-Roldán, letrado jefe de Hazte Oír.

Sin embargo, la instrucción terminó permitiendo que miles de descendientes de emigrantes obtuvieran la nacionalidad sin tener que demostrar que sus antepasados se habían exiliado por motivos políticos. Esto también hizo crecer el censo de españoles residentes en el extranjero, que a 1 de septiembre, alcanzaba ya los 2,7 millones de inscritos.

En septiembre el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el CERA de quienes habían obtenido la nacionalidad gracias a esa presunción de exilio. La medida afectaba a 163.020 personas y fue ratificada el 12 de octubre.

El Supremo pidió a Exteriores que, a través de los consulados, comprobara quiénes cumplían los requisitos para votar, pero el ministerio de José Manuel Albares todavía no ha facilitado esa información. Mientras tanto, la Junta Electoral Central ha autorizado el envío de la documentación electoral a todo el censo exterior, aunque con un aviso sobre la posible suspensión del voto.

La incertidumbre no ha impedido que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, adscrito al Ministerio de Inclusión, haya llamado a los inscritos en el CERA a votar el próximo 29-N. También les ha pedido que animen a participar a sus "familiares y amistades" residentes fuera de España.

El comunicado no advierte de que 163.020 de esos electores tienen suspendidos cautelarmente los efectos electorales de su inscripción y que para ellos la posibilidad de votar sigue en el aire.

Este miércoles, además, el Tribunal Constitucional ha inadmitido por diez votos a dos el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión. Considera que todavía es pronto para intervenir porque el asunto sigue pendiente en el Supremo y los afectados aún pueden personarse para defender su derecho al voto. La decisión no levanta las medidas cautelares: será el alto tribunal quien vuelva a pronunciarse sobre ellas.

La realidad ha terminado, por tanto, por echársele encima a Sofía Puente cuando este miércoles la jueza Inmaculada Lova ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír contra ella por presunta prevaricación administrativa.

Así, casi cuatro años después de firmar la instrucción, Sofía Puente se enfrenta así a dos frentes judiciales: uno por sus efectos sobre el censo y el derecho al voto, y otro por la posible prevaricación en su elaboración.