Del Tarajal a Loma Colmenar: Ceuta, angustiada, no se fía del desalojo de los asentamientos si no hay devoluciones

El jueves 15 de octubre, por la tarde, recorrí el asentamiento del Tarajal acompañada por Antonio Gómez, editor de Ceuta Ahora.

Frente a las naves del polígono industrial había tiendas de campaña levantadas unas junto a otras, pequeños puestos de venta y caminos improvisados por los que transitaban sus ocupantes.

A pocos metros, los comerciantes mantenían abiertos sus establecimientos, aunque apenas entraban clientes. Dentro del asentamiento, el olor a orín y a porro se mezclaba con el de un espacio ocupado durante semanas sin las condiciones higiénicas necesarias.

Tres días después, el domingo 18 de octubre, la Policía Nacional desmanteló aquel asentamiento dentro de una operación más amplia desarrollada en distintos barrios de Ceuta.

El dispositivo movilizó a más de 350 agentes y afectó, según el balance provisional de la Delegación del Gobierno, a unas 500 personas en el conjunto de las zonas intervenidas.

Los adultos interceptados fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para su identificación y posterior tramitación. Los menores quedaron sujetos a los procedimientos específicos de identificación y protección.

Las autoridades anunciaron que los operativos continuarían en las siguientes semanas, con el objetivo de retirar los asentamientos que todavía permanecían en espacios públicos.

La tarde en la que estuve allí no sabía que el campamento sería desmantelado el domingo. Tampoco disponíamos de información que permitiera anticipar una intervención policial de aquella magnitud.

Habíamos acudido para conocer cómo había quedado Ceuta después de la visita de los Reyes y de los primeros desalojos realizados en las playas.

El recorrido terminó convirtiéndose en un testimonio de las condiciones en las que se vivía en uno de los principales asentamientos improvisados de la ciudad apenas 72 horas antes de su retirada.

Lo que ocurrió después obliga también a mirar de otra manera las conversaciones que mantuvimos con vecinos, comerciantes y personas que seguían la crisis desde hacía meses.

Porque la actuación policial ha permitido desmantelar el campamento, pero todavía no permite afirmar que se haya resuelto la situación de todos sus habitantes.

Después de los Reyes, dos realidades de una misma ciudad

Antonio Gómez me recoge para recorrer los lugares donde se ha concentrado parte de la población llegada a Ceuta durante la crisis migratoria del verano. Lleva meses siguiendo los acontecimientos y conoce los barrios, los comercios y las distintas instalaciones que se han ido habilitando.

Nos dirigimos hacia el polígono industrial del Tarajal, a pocos cientos de metros de la frontera con Marruecos. Antonio detiene el coche cerca de las naves comerciales y señala los negocios que permanecen abiertos frente al asentamiento.

"Aquí había comercio", me explica. "No era una zona de muchísima actividad, pero había. Ahora prácticamente nadie viene a comprar", prosigue.

La imagen contrasta con la que ofrece el centro de Ceuta. Las playas y los paseos marítimos han recuperado buena parte de su aspecto habitual después de las operaciones de limpieza y desalojo realizadas antes de la visita de los Reyes.

La ciudad conserva una belleza mediterránea difícil de discutir y, en sus zonas más representativas, la actividad parece acercarse a la normalidad.

Sin embargo, a pocos kilómetros de esos paseos encontramos campamentos improvisados, dispositivos de acogida y barrios donde algunos vecinos aseguran haber modificado sus costumbres por la preocupación que les produce la situación.

La visita real estuvo precedida de actuaciones policiales destinadas a retirar asentamientos de las zonas costeras. La Policía Nacional intervino en los traslados y las identificaciones, mientras los servicios públicos correspondientes participaron en las labores de limpieza.

Aquellos operativos permitieron recuperar las playas, pero muchas de las personas que estaban allí fueron trasladadas a instalaciones de acogida o acabaron desplazándose a otros puntos de la periferia.

Antonio considera que esa diferencia entre lo ocurrido en los lugares más visibles y la realidad de los barrios explica buena parte del malestar de los ceutíes.

"La ciudad se limpió por la presencia de los Reyes", afirma. "Fue una operación de limpieza y maquillaje, sobre todo en la costa. Después de dos meses y medio con aquellos asentamientos, en pocos días se desmanteló prácticamente todo. Pero las personas no desaparecieron. Se fueron desplazando hacia los barrios y hacia otros lugares", indica.

Es su valoración de la gestión de la crisis. Durante nuestro recorrido podemos comprobar que, después de la recuperación de las playas, seguían existiendo asentamientos en distintas zonas de Ceuta. El del Tarajal era uno de los más visibles.

La operación del domingo 18 de octubre actuaría precisamente sobre algunos de esos espacios a los que se habían desplazado personas procedentes de asentamientos anteriores.

Una población cuyo número exacto sigue siendo incierto

Mientras nos alejamos del centro, intento comprender la magnitud de lo que estamos viendo. Los campamentos aparecen en diferentes lugares y Antonio distingue entre los dispositivos organizados con recursos públicos y los asentamientos que han surgido sin planificación.

"¿Cuántas personas permanecen aquí?", le pregunto cuando dejamos atrás las primeras calles del centro.

Según las estimaciones que maneja, los primeros dispositivos albergan unas 7.000 personas adultas, sin contar las aproximadamente 900 que sitúa en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI.

Son cifras que atribuye a la información recogida durante su trabajo periodístico y que no podemos contrastar mediante un censo completo en nuestra visita.

A ellas añade los menores.

"Hay unos 2.800 identificados, pero creemos que pueden llegar a 4.000. Es una cantidad enorme para una ciudad como esta, que tiene que hacerse cargo de su atención con unos recursos limitados", explica.

Antonio sostiene que también permanecen numerosas personas fuera de los dispositivos organizados, repartidas entre barrios, asentamientos improvisados y espacios de difícil control.

"La Policía me transmite que todavía puede haber entre 8.000 y 10.000 personas fuera de los campamentos organizados", asegura.

No tenemos acceso a la documentación necesaria para verificar esas estimaciones ni para determinar si algunas personas aparecen en varios recuentos. La ausencia de una cifra consolidada, que distinga claramente entre quienes están acogidos, quienes siguen pendientes de identificación y quienes permanecen fuera de los dispositivos, dificulta comprender el alcance de la crisis.

"Es que no me salen las cuentas", le digo.

Y responde: "No salen porque todavía queda mucha gente por identificar. Sabemos la capacidad de los centros y cuántos están alojados en algunos de ellos, pero eso no significa que sepamos exactamente cuántas personas hay en toda la ciudad".

El problema tiene consecuencias administrativas y sociales. Identificar a una persona, conocer su situación y determinar qué procedimiento le corresponde son pasos necesarios para adoptar decisiones posteriores.

Mientras no se completen, resulta difícil conocer cuántos expedientes siguen pendientes y qué recursos serán necesarios.

Antonio considera que los medios disponibles para afrontar esta tarea son insuficientes.

"Hay unidades policiales desplegadas, pero falta presencia dedicada a la seguridad ciudadana", añade. "Los efectivos se concentran mucho en los campamentos y en la vigilancia de determinados puntos", continúa.

Esa preocupación se repite entre algunos de los ceutíes con los que hablo. Antes de subir al coche, una empresaria me había contado que ahora queda con tres amigas para ir al gimnasio a las siete de la mañana porque no se siente tranquila caminando sola a esas horas.

No me describió una agresión que hubiera sufrido personalmente. Lo que me transmitió fue una sensación de miedo que había terminado modificando su rutina.

"Los vecinos están muy preocupados", dice Antonio, que prosigue: "Quieren poder salir a la calle y hacer su vida con normalidad".

La percepción de inseguridad no demuestra por sí misma un aumento de la delincuencia y sería injustificado atribuir comportamientos delictivos al conjunto de las personas migrantes.

Pero ignorar ese temor tampoco ayudaría a entender lo que está ocurriendo. Para algunos vecinos, la crisis se ha instalado en su vida cotidiana mucho más allá de las noticias sobre llegadas, campamentos o actuaciones policiales.

Dentro del Tarajal: un asentamiento sin condiciones adecuadas de salubridad

Regresamos al asentamiento situado frente a las naves del polígono industrial. Antonio me explica que comenzó con unas pocas tiendas y que, a medida que transcurrieron las semanas, fue adquiriendo una distribución cada vez más compleja.

"Mira cómo se distribuyen las estructuras y cómo las calles serpentean por dentro", señala. E indica: "Esto se ha convertido en una pequeña ciudadela".

La palabra que utiliza describe la organización improvisada del lugar, aunque las condiciones que observamos distan mucho de las que debería reunir cualquier espacio habitado. Hay tiendas colocadas unas junto a otras, estrechos pasillos por los que circulan los residentes y pequeños puntos donde se reúnen para conversar.

Algunas personas juegan al fútbol, otras permanecen sentadas y varias miran en dirección a la frontera. Desde la carretera distinguimos principalmente hombres adultos.

"Aquí estamos viendo sobre todo hombres adultos", le digo.

"Son la mayoría, aunque también hay menores y algunas mujeres. Muchos proceden de Benítez, del Trampolín o de otros lugares donde estaban antes de los desalojos", relata Antonio.

Nos acercamos a los establecimientos comerciales para conocer el efecto de aquella ocupación sobre su actividad. Nos presentamos como periodistas de EL ESPAÑOL, pero los comerciantes prefieren no hablar ante las cámaras. Respetamos su decisión y continuamos observando la zona.

La ausencia de compradores resulta especialmente llamativa porque los negocios siguen abiertos y sus propietarios tienen que afrontar los gastos habituales de cualquier establecimiento.

"Aquí se está viendo también una parte importante del problema económico", le comento a Antonio.

Y responde: "Por supuesto. Los negocios tienen que seguir pagando sus gastos, aunque ya no venga prácticamente nadie a comprar".

Después caminamos por las inmediaciones del asentamiento. Hay puestos improvisados, personas descansando y trabajadores de organizaciones humanitarias que prestan asistencia a los residentes.

El olor es intenso en algunos puntos. Huele a orín y a porro. Las tiendas están separadas por pasillos estrechos y no apreciamos unas instalaciones higiénicas proporcionadas al número de personas que llevan semanas viviendo en aquel espacio.

"Antonio, esto tiene un problema evidente de salubridad", le digo.

"Lo tiene. Hay falta de higiene, problemas de saneamiento y riesgos para la salud pública. Son condiciones que no deberían prolongarse", replica.

Antonio menciona casos de enfermedades infecciosas de los que asegura haber tenido conocimiento durante la crisis. Habla de tuberculosis, meningitis y difteria, aunque no disponemos allí de datos sanitarios que permitan confirmar su incidencia ni establecer una relación directa con el asentamiento.

Lo que sí podemos observar es una situación de precariedad material. La concentración de tantas personas en un lugar sin servicios adecuados plantea problemas de higiene y obliga a prestar atención a las necesidades sanitarias de quienes viven allí.

Cuando algunos hombres advierten la presencia de las cámaras, se cubren el rostro. Otros nos hacen señales desde cierta distancia. No se produce ningún enfrentamiento y continuamos grabando desde los espacios a los que podemos acceder.

"¿Por qué no quieren ser identificados?", pregunto.

"Hay quienes temen que una identificación pueda perjudicar sus posibilidades futuras de llegar a Europa. Algunos han preferido regresar a Marruecos cuando han sido trasladados al centro de identificación", explica el editor.

Antonio señala hacia el CATE, en las inmediaciones de la frontera, donde se realizan los trámites policiales correspondientes. Su explicación introduce uno de los aspectos más difíciles de la situación: algunas personas evitan los procedimientos oficiales por temor a las consecuencias administrativas que puedan derivarse de ellos.

No podemos saber cuántos de los hombres que vemos comparten esa preocupación ni cuál es la situación concreta de cada uno. Lo que sí resulta evidente es que las condiciones del asentamiento no ofrecen una solución adecuada para quienes permanecen allí.

Al volver hacia el coche observo otra vez las tiendas y las naves comerciales. En muy pocos metros conviven personas que intentan encontrar una salida a su situación y propietarios de negocios que aseguran estar perdiendo buena parte de sus ingresos.

Aquella tarde seguimos hacia otros barrios sin saber que el domingo la Policía intervendría en el lugar que acabábamos de recorrer.

El comercio, otra de las consecuencias de la crisis

Durante mi estancia en Ceuta, varios empresarios me hablan de pérdidas considerables. Algunos sitúan la caída de ingresos de sus negocios en torno al 50%, aunque se trata de estimaciones individuales que no permiten calcular por sí solas el impacto económico sobre toda la ciudad.

Antonio menciona un informe de la Cámara de Comercio que, según explica, calculaba pérdidas cercanas a 80 millones de euros. La cifra incluiría tanto la actividad perdida como la que se ha dejado de generar, pero no contamos durante el recorrido con el documento necesario para verificar su alcance y metodología.

"La temporada de verano se ha dado por perdida para el turismo, pero también para la hostelería y buena parte del comercio", asegura. "Y el problema no termina con el verano. Hay consecuencias que todavía están por llegar", continúa.

Atravesamos calles con establecimientos abiertos y escasos compradores. Antonio conoce algunos de esos negocios y señala que muchos dependen de una estructura familiar o tienen muy pocos trabajadores.

"A lo mejor había un empleado, además del dueño. Si el negocio deja de funcionar, hay varias personas que se quedan sin ingresos", cuenta.

Los empresarios con los que hablamos no se refieren únicamente a las ventas de los últimos meses. Algunos temen que la imagen de Ceuta se deteriore y que la incertidumbre afecte al turismo, a la actividad comercial y también al mercado de la vivienda.

"Me hablan de personas que sienten que sus casas han perdido valor", le digo.

"El problema económico es muy grande", responde. Y concluye: "Y cuando se alarga una situación así, acaba afectando a toda la ciudad".

No disponemos de datos suficientes para determinar el impacto real sobre los precios inmobiliarios ni para extrapolar las pérdidas que nos describen a todos los establecimientos ceutíes.

Pero las conversaciones revelan una preocupación que va más allá de los daños inmediatos: hay empresarios que no saben cuánto tiempo podrán sostener sus negocios si no recuperan los clientes.

La operación policial del domingo cambia las condiciones del entorno del Tarajal, pero sus efectos sobre la actividad comercial todavía están por comprobar.

La recuperación de un espacio puede facilitar que los compradores vuelvan, aunque no permite por sí sola determinar cuándo se normalizarán las ventas.

Loma Colmenar: la crisis junto a las viviendas

Continuamos hacia Loma Colmenar, donde se ha acondicionado un espacio para alojar a hombres adultos marroquíes. Antonio calcula que allí viven unas 800 personas.

El campamento está próximo a promociones de viviendas de protección oficial ocupadas por familias que desarrollan su vida cotidiana en el barrio.

"Antes de acondicionar este lugar, muchos estaban distribuidos por las calles y por los alrededores de las casas", explica Antonio. "Se creó el campamento para concentrarlos aquí", continúa.

Desde nuestra posición distinguimos las instalaciones y varias personas caminando por las vías cercanas. En las fachadas de los edificios aparecen numerosas banderas españolas, una imagen que se repite en distintos puntos del recorrido.

"Me llama muchísimo la atención la cantidad de banderas", le digo. "¿Las han puesto por la visita de los Reyes?", pregunto.

"Muchas aparecieron antes. Fue una manera de reivindicar que esto es España. Después, con la visita de los Reyes, se multiplicaron", responde.

Ceuta vive su condición fronteriza de una manera distinta a cualquier ciudad del interior peninsular. La identidad española tiene una presencia muy visible en sus calles y, según explica Antonio, algunas de esas banderas se colocaron como respuesta al malestar de los vecinos durante la crisis.

"Desde la península esto puede parecer muy lejano", le digo. "Pero luego hay que vivir aquí", comento.

"Ese es el problema. Los vecinos están en sus casas, tienen su familia y su trabajo. Quieren saber qué va a pasar y cuándo se va a resolver todo esto", dice el editor.

La proximidad entre los dispositivos de acogida y las zonas residenciales ayuda a comprender por qué la gestión de la emergencia tiene consecuencias directas sobre tantos barrios.

Los campamentos no se encuentran en un territorio apartado de la ciudad, sino cerca de viviendas, comercios y espacios utilizados diariamente por sus habitantes.

Seguimos avanzando y Antonio señala otros asentamientos repartidos por la periferia. Nos detenemos también ante instalaciones destinadas a mujeres y menores.

"Aquí calculamos que hay unas 800 mujeres y niñas", explica.

Desde la carretera vemos ropa tendida entre las estructuras. Es una escena cotidiana dentro de unas instalaciones que fueron concebidas para responder a una situación extraordinaria.

"Son niños, Antonio. No sabemos qué les habrán contado ni qué esperaban encontrar cuando llegaron", reflexiono.

"Y hay que atenderlos, identificarlos y tramitar sus situaciones. La Ciudad Autónoma tiene responsabilidades muy importantes en ese ámbito, pero los recursos son limitados", replica.

La presencia de menores obliga a considerar necesidades que van más allá del alojamiento inmediato. La escolarización, la atención sanitaria, la protección y el acompañamiento profesional requieren recursos y una planificación que no puede depender exclusivamente de la duración de los campamentos.

Antonio reconoce el trabajo de quienes participan en los dispositivos de acogida, aunque considera que el volumen de personas atendidas está sometiendo a una presión extraordinaria a los servicios disponibles.

La situación exige, además, distinguir entre las competencias de las distintas administraciones. El Estado es responsable de las actuaciones policiales y del control fronterizo, mientras que la atención social y la protección de los menores implican a los organismos competentes en cada ámbito.

Para quienes viven en Ceuta, sin embargo, esas diferencias administrativas no siempre ofrecen una respuesta clara a la pregunta que escuchamos en muchos lugares: cuándo terminará la emergencia.

La frontera y los expedientes que siguen pendientes

Volvemos hacia las inmediaciones del Tarajal. El CATE aparece al fondo, junto a otras instalaciones habilitadas durante la crisis.

"¿Por qué van tan lentos los procedimientos?", pregunto.

"Porque identificar a una persona y tramitar su expediente lleva tiempo. Hay que garantizar asistencia letrada y cumplir todos los requisitos. Los abogados de Ceuta están trabajando a marchas forzadas", responde.

Antonio explica que algunos profesionales han ampliado sus turnos, pero considera que el número de personas pendientes de atención sigue siendo muy elevado.

También señala otro asentamiento habilitado en una zona logística portuaria. Según sus cálculos, allí se alojan unas 1.800 personas marroquíes.

Se están preparando más espacios para llevar a quienes siguen fuera de los campamentos. Pero mientras no se avance con las identificaciones, la situación no se va a resolver.

Durante el recorrido hemos observado dispositivos organizados con recursos públicos y otros asentamientos levantados sin planificación. La diferencia entre ambos es importante, pero en todos los casos sigue siendo necesario conocer la situación administrativa de sus ocupantes y determinar qué procedimiento corresponde aplicar.

"¿Lo que temes es que se convierta en algo permanente?", pregunto.

"Exactamente. Llevamos casi tres meses y no sabemos cuánto más va a durar. Si no se toman medidas suficientes, esto puede cronificarse", responde, tajante.

La duración de la crisis es una de las principales preocupaciones que Antonio me transmite. Lo que comenzó como una emergencia migratoria a finales de julio ha obligado a habilitar instalaciones, movilizar recursos públicos y organizar procedimientos administrativos que siguen abiertos.

Nos acercamos al mar y Antonio señala una estructura flotante situada en el espacio marítimo fronterizo. Me explica su relación con los dispositivos destinados al control de los accesos a territorio español.

La frontera condiciona prácticamente todo lo que hemos visto. Determina los movimientos de las personas, la ubicación de las instalaciones y buena parte de las decisiones que se adoptan sobre quienes han llegado desde Marruecos.

Al mismo tiempo, obliga a recordar que cada identificación y cada posible devolución deben tramitarse conforme a las garantías legales aplicables.

El cementerio y las personas que no pudieron regresar

Pasamos junto al cementerio musulmán. Antonio señala el lugar donde han sido enterradas personas fallecidas durante sus intentos de llegar a Ceuta.

Me habla de cuerpos recuperados, de las dificultades para identificarlos y de los casos en los que se han conservado datos biométricos y números de referencia para permitir una identificación posterior.

"¿Hay personas enterradas aquí sin que sus familias sepan dónde están?", pregunto.

"Sí, en algunos casos no ha sido posible identificarlas. Se conservaron los datos para que, si algún día alguien reclama los restos, exista una referencia", replica.

Antonio recuerda la tragedia del Tarajal de 2014 y las controversias judiciales que siguieron a aquellas muertes. También menciona fallecimientos durante la crisis reciente, aunque las cifras que maneja requieren comprobación documental antes de poder presentarse como un balance definitivo.

Hasta ese momento, buena parte de nuestra conversación se había centrado en los campamentos, el comercio y los expedientes pendientes. El cementerio introduce las consecuencias más graves de los movimientos migratorios.

Hay familias que pueden desconocer el destino de sus seres queridos y cuerpos cuya identificación sigue siendo necesaria. Conservar las referencias que permitan reconocerlos en el futuro forma parte de las obligaciones que continúan cuando termina una operación de búsqueda o recuperación.

El cementerio se encuentra integrado en el mismo territorio que acabamos de recorrer. La proximidad física entre los asentamientos, las instalaciones fronterizas y los lugares donde descansan algunas de las personas fallecidas resulta especialmente significativa en una ciudad de dimensiones tan limitadas.

Los muertos del Tarajal

La ciudad que quedó después de la visita real

Regresamos hacia el centro. Durante el trayecto volvemos a encontrar banderas españolas, comercios con poca actividad y personas caminando por los barrios exteriores.

Antonio continúa señalando los lugares donde se han instalado dispositivos de acogida y donde, según la información que maneja, todavía permanecen personas fuera de ellos.

"Lo que más me preocupa es que el Gobierno deje que todo esto se prolongue. La gente lleva meses esperando una solución", dice.

Sus críticas se dirigen especialmente al Gobierno central, al que atribuye una respuesta insuficiente ante la magnitud de la crisis. Considera que los desalojos anteriores permitieron recuperar las playas y reorganizar parte de la acogida, pero que las dificultades de los barrios y de los comerciantes siguen presentes.

"Lo que sorprende es que haya tan poca gente de Ceuta en algunas de las calles que hemos recorrido", le comento.

"Muchos vecinos han cambiado sus costumbres. Hay mucho cansancio y mucha preocupación. Y el problema es que no saben cuándo van a recuperar su vida habitual", explica.

Durante las horas que pasamos juntos escuchamos testimonios sobre pérdidas económicas, temor e incertidumbre. No constituyen una encuesta representativa de toda la población, pero permiten conocer las preocupaciones de quienes han visto alteradas sus rutinas y sus negocios.

También hemos observado las condiciones de vida de personas que permanecen en instalaciones provisionales, algunas sin servicios adecuados y otras pendientes de que se determine su situación.

Ambas realidades requieren atención. Los vecinos necesitan condiciones de seguridad y normalidad para desarrollar sus actividades. Quienes permanecen en Ceuta necesitan recibir la asistencia y las garantías que les correspondan, así como una respuesta administrativa que no se prolongue indefinidamente.

"Hay que proteger a las personas que están pasando dificultades. Pero también hay que garantizar los derechos y la tranquilidad de los ceutíes", le digo a Antonio.

Y replica: "Eso es lo que estamos reclamando. Que se encuentre una solución y que la gente pueda volver a vivir con normalidad"

Nos acercamos por última vez a Loma Colmenar para tomar imágenes. Desde allí distinguimos el campamento habilitado para hombres adultos marroquíes, las viviendas del entorno y, a mayor distancia, la estructura flotante que Antonio me había señalado.

"Aquí hay unas 800 personas. Antes estaban repartidas por las zonas de viviendas. Ahora están dentro del asentamiento", me recuerda.

Le pido que vuelva a explicarme la posición de la frontera. Mientras señala los distintos lugares, observo la escasa distancia que separa las viviendas familiares, las instalaciones de acogida y los dispositivos de control.

Durante el recorrido he conocido una Ceuta distinta de la que aparece en las imágenes de sus playas y paseos marítimos. Hemos visitado zonas industriales, barrios residenciales y espacios donde miles de personas, según las estimaciones recogidas, continúan necesitando atención.

Antes de despedirnos vuelvo a fijarme en las banderas españolas que cuelgan de las viviendas.

"No te sorprendas. Esto es Ceuta. Aquí el sentimiento de pertenencia a España es muy fuerte", me dice.

Termino aquella jornada con la impresión de haber recorrido una ciudad que intenta recuperar la normalidad mientras continúa afrontando las consecuencias económicas, sociales y administrativas de una crisis extraordinaria.

Tres días después, las noticias sobre el operativo policial del domingo obligan a incorporar un nuevo capítulo a lo que vi.

Domingo 18 de octubre: el desmantelamiento del Tarajal

La Policía Nacional inicia el domingo un amplio dispositivo en distintas zonas periféricas de Ceuta. La operación se desarrolla en el Poblado de Regulares, Los Rosales, las naves del Tarajal, la parte baja del Príncipe y las inmediaciones del CETI.

Participan más de 350 agentes, según la información difundida por la Delegación del Gobierno, y las actuaciones afectan a alrededor de 500 personas en el conjunto de los espacios intervenidos. No se trata, por tanto, de una cifra correspondiente exclusivamente al Tarajal.

Los adultos interceptados son trasladados al CATE para completar los procedimientos de identificación y determinar su posterior derivación o las actuaciones administrativas que correspondan. Los menores son atendidos mediante los dispositivos de protección previstos para ellos.

El delegado del Gobierno, David de la Encina, anuncia que las intervenciones tendrán continuidad semanal. El objetivo declarado es actuar sobre los asentamientos que todavía permanecen en diferentes puntos de la ciudad.

Las informaciones publicadas tras el operativo señalan que una parte de las personas trasladadas ha optado por regresar voluntariamente a Marruecos.

Sin embargo, el balance provisional del domingo no permite establecer cuántas han regresado definitivamente, cuántas han sido alojadas en dispositivos de acogida ni cuántas siguen pendientes de completar sus trámites.

La operación se inscribe en las actuaciones que el Gobierno central viene desarrollando después de la entrada masiva de personas a Ceuta durante el verano. El Ministerio del Interior tiene las competencias estatales en materia policial, extranjería y control de fronteras, aunque la gestión de la emergencia implica también a otros departamentos y a la Ciudad Autónoma.

El desmantelamiento del Tarajal constituye un cambio importante respecto a lo que había podido observar apenas tres días antes. Las estructuras improvisadas que ocupaban aquel espacio han sido objeto de una actuación policial destinada a retirarlas y trasladar a sus ocupantes.

Pero el alcance de la operación no puede medirse únicamente por el número de tiendas desalojadas o por la recuperación del espacio ocupado. También deberá valorarse a partir del resultado de las identificaciones, de los expedientes tramitados y de la situación en la que queden las personas afectadas.

El domingo se produjo una intervención policial que pudo despejar uno de los asentamientos más visibles de Ceuta. La respuesta definitiva sobre el futuro de sus habitantes requiere, sin embargo, información que todavía no estaba disponible en el balance inicial.

¿Qué ocurre con quienes no regresan a Marruecos?

Al conocer la noticia del desmantelamiento, recuerdo lo que Antonio me había explicado el jueves sobre los desalojos anteriores. Muchas personas habían abandonado las playas y otros espacios costeros, pero continuaban en Ceuta y habían terminado instalándose en distintos puntos de la periferia.

El operativo del domingo plantea una cuestión semejante. Si las personas identificadas pueden regresar voluntariamente a Marruecos, son trasladadas a dispositivos de acogida o quedan sujetas a los procedimientos legales correspondientes, habrá que conocer cuántas se encuentran en cada situación y cuál es el resultado de esas actuaciones.

La incertidumbre afecta especialmente a quienes todavía no han sido identificados o permanecen fuera de los recursos oficiales. Su número exacto requiere verificación y no es posible dar por hecho que todos los antiguos residentes del Tarajal compartan la misma situación administrativa.

Tampoco corresponde presumir que quienes no regresen a Marruecos volverán necesariamente a instalarse en el mismo lugar. La experiencia de los desalojos anteriores, sin embargo, hace pertinente preguntar si podrían producirse nuevos desplazamientos dentro de la ciudad.

Esta es una de las principales cuestiones que dejan abiertas las últimas actuaciones policiales, desarrolladas bajo la responsabilidad de las autoridades estatales.

Desmantelar un asentamiento permite recuperar un espacio y actuar sobre unas condiciones de ocupación que, en el caso del Tarajal, presentaban problemas evidentes de higiene y salubridad.

Pero el traslado de sus habitantes no determina automáticamente la resolución de todos los expedientes ni garantiza que quienes siguen fuera de los dispositivos oficiales dispongan de una alternativa estable.

Las autoridades han anunciado nuevos operativos. Será necesario conocer también los resultados administrativos y sociales de los ya realizados para valorar si se está produciendo una solución duradera.

El jueves encontré a comerciantes preocupados porque sus negocios estaban prácticamente vacíos y a personas viviendo en tiendas de campaña frente a esos establecimientos.

El domingo, el lugar fue intervenido por la Policía. Entre ambas fechas transcurrieron apenas 72 horas, suficientes para transformar el aspecto de aquella parte del Tarajal.

La situación posterior depende de decisiones que no pueden deducirse únicamente de las imágenes del desalojo.

Ceuta no tiene un más allá de la M-30

Hay una diferencia fundamental entre Ceuta y una ciudad como Madrid que se comprende mejor después de recorrer sus barrios exteriores.

Madrid se extiende mucho más allá de la M-30. Tiene distritos periféricos, municipios próximos y un área metropolitana de grandes dimensiones. Ceuta, en cambio, ocupa un territorio físicamente delimitado por el mar y por la frontera con Marruecos.

La comparación no es únicamente geográfica. Ayuda a entender las dificultades de una ciudad que debe gestionar la presencia de personas pendientes de identificación, acogida o resolución administrativa dentro de un espacio limitado.