Maricarmen ha puesto rostro a la crisis de la vivienda. Una mujer de 87 años, desahuciada de su casa de Madrid, ha terminado convertida en el símbolo del problema que el PSOE ha colocado en el centro de su campaña para las elecciones del 29-N.
Mientras tanto, la presión en la calle no cede: miles de personas mantienen la acampada en la Puerta del Sol y los sindicatos han terminado incorporando la emergencia habitacional a su movilización hacia una huelga general.
En este escenario, y tras el rechazo de sus dos últimos decretos en el Congreso, Pedro Sánchez ha redoblado su ofensiva contra los "fondos buitre", defendiendo a ultranza la intervención del mercado, los límites al alquiler y el freno a los desahucios.
Sin embargo, el relato político choca de frente con la realidad patrimonial de quienes deben sostenerlo.
EL ESPAÑOL ha consultado las declaraciones de bienes de los diputados de PSOE y Sumar publicadas en la web del Congreso de los Diputados en las que las propiedades en ambos partidos se cuentan, en bastantes casos, por medias docenas.
Los diputados están obligados a declarar sus bienes y rentas al adquirir y al perder la condición de parlamentarios, y también cuando se modifican sus circunstancias patrimoniales. Así lo establece el artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y las declaraciones se incorporan al Registro de Intereses de las Cortes.
El patrimonio inmobiliario y el cobro de rentas atraviesan las filas de los mismos grupos que han hecho del rentismo su principal adversario político.
La primera pieza de este puzle contradictorio es María Mercè Perea. En la declaración de bienes presentada el 2 de agosto de 2023 al Congreso de los Diputados, la diputada del PSC acumula 13 viviendas y declara más de 18 mil euros en rendimientos por arrendamiento.
Pero Perea no es una anomalía encontrada al azar; es solo la puerta de entrada a una radiografía mucho más amplia en la que abundan los parlamentarios que, mes a mes, reciben ingresos directos del mismo mercado que prometen intervenir.
Ladrillo socialista
La distancia entre el discurso público y la declaración de bienes se entiende mejor mirando medio siglo atrás.
Pedro Perea Hernández encabezó la lucha vecinal contra el chabolismo en el barrio de La Bomba, en Hospitalet de Llobregat: organizó a sus vecinos, exigió casas dignas para las familias trabajadoras y encajó expedientes y sanciones del ayuntamiento franquista por desafiar la falta de vivienda.
Cinco décadas después, su hija, María Mercè Perea, ha hecho carrera política en ese mismo municipio y suma ya cinco legislaturas en el Congreso.
La diputada del PSOE en el Congreso, Mercè Perea.
Sin embargo, la declaración de bienes que firma en la Cámara Baja toma un rumbo bien distinto: la diputada del PSC hace constar 13 viviendas repartidas entre Barcelona, Castelldefels, L’Hospitalet y Tarragona —procedentes en su mayoría de donaciones—, a los que se suman 18.400 euros anuales en rendimientos por alquiler.
El caso de Perea abre la puerta a un puzle patrimonial mucho más amplio. Detrás de ella se sitúa Diego Antonio Taibo Monelos, un veterano de la política municipal coruñesa que, al recuperar su escaño en la Cámara Baja, declaró nueve viviendas, 24 fincas rústicas y más de 20.700 euros en rendimientos del capital inmobiliario.
Otra dirigente socialista con un patrimonio inmobiliario destacado es Pilar Alegría.
La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, tras el Pleno de las Cortes de Aragón.
La actual secretaria general del PSOE de Aragón actualizó sus bienes ante las Cortes aragonesas en marzo de este año y declaró siete viviendas, cuatro de ellas detalladas en Zaragoza, Castellón y La Zaida y otras tres vinculadas a herencias en Chiprana y Zaragoza, además de tres parcelas y los ingresos por el arrendamiento de un inmueble en Zaragoza.
Sin embargo, esa ampliación patrimonial no aparece en la declaración de bienes que Alegría presentó ante el Congreso el 14 de agosto de 2023 y que no ha actualizado.
Esa misma brecha entre el discurso y la cartera se observa en las filas más jóvenes del partido. Pepe Mercadal Baquero, diputado menorquín de 32 años con paso previo por las instituciones europeas, compagina su defensa de la intervención del alquiler con la titularidad de seis inmuebles residenciales —cinco en Baleares y uno en Bélgica— que, según la declaración, le reportan más de 12.800 euros netos al año.
El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal.
La huella del ladrillo se consolida en un nutrido grupo de parlamentarios situado por debajo de esta primera línea. Con cinco inmuebles figuran dirigentes como María Luz Martínez Seijo (que añade ingresos explícitos por alquiler) o Vicent Sarrià (titular además de una participación en una vivienda-portería).
Y en esa misma lista aparece Óscar Puente, uno de los ministros que más ha convertido la vivienda en munición política.
El 5 de octubre, horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, escribió en X: "Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva."
El ministro de Transportes afronta además las próximas elecciones con un vínculo patrimonial ya establecido con Alicante, provincia que Ferraz estudia como posible destino electoral para Puente.
Su declaración de bienes, fechada el 15 de julio de 2025, recoge cuatro viviendas: tres en Valladolid y una cuarta en la capital alicantina.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
Las llaves de Sumar
La fijación de límites y la carga contra el sector privado tampoco son exclusivas del socio mayoritario del Gobierno.
En las filas de Sumar, el discurso ha alcanzado una dureza similar: Yolanda Díaz llegó a acusar a PP, Vox y Junts de golpear a "cinco millones de personas que no pueden pagar el alquiler", mientras Pablo Bustinduy advertía en el Congreso de que votar en contra de los decretos equivalía a "firmar debajo de cada desahucio".
Sin embargo, al abrir los registros patrimoniales de sus parlamentarios, afloran activos inmobiliarios que exigen mirar más allá del mero recuento de llaves.
El expediente del diputado Rafael Cofiño, fechado el 16 de agosto de 2023, declara cinco viviendas y seis parcelas agrarias que superan los 13.400 metros cuadrados de terreno.
Una geometría distinta dibuja la declaración de Agustín Santos Maraver. El diplomático de carrera y antiguo embajador ante Naciones Unidas consta con cuatro inmuebles distribuidos entre Madrid, Menorca y un apartamento en Bruselas, además de una parcela en la isla balear.
Rafael Cofiño, diputado de Sumar por Asturias en el Congreso.
El pulso del Congreso
El Gobierno no ha dado por perdida su batalla por la vivienda. Cuatro días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobarlos, con cambios que Moncloa considera "no sustanciales", y los ha enviado a la Diputación Permanente para intentar convalidarlos.
Sánchez sostiene que los nuevos textos "mantienen la esencia" de los anteriores y que la ciudadanía respalda intervenir "un mercado disfuncional".
La operación cambia el escenario parlamentario. La Diputación Permanente tiene 69 miembros y, con el reparto actual, PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos suman 34 frente a los 34 de PP, Vox y Junts. El PNV tiene el voto decisivo. Los decretos deberán ser convalidados en un plazo de 30 días.
El nuevo texto mantiene buena parte de las medidas que ya provocaron el choque político: intervención del mercado del alquiler, protección frente a determinadas situaciones de desahucio y medidas dirigidas contra los compradores que el Gobierno identifica como "fondos buitre".
A la vez, el Ejecutivo ha puesto cifras a algunas de sus propuestas, con 10.000 millones para facilitar préstamos destinados a la primera vivienda y nuevos recursos para impulsar la vivienda asequible.
Así termina, por ahora, la cadena que ha colocado la vivienda en el centro de la política española: una protesta que llegó a Sol, una huelga general que CCOO y UGT han acordado convocar este otoño, dos decretos rechazados por el Pleno, unas elecciones fijadas para el 29-N y, ahora, esos mismos textos de vuelta en otra Cámara.
Y mientras el Gobierno intenta sacar adelante su política de vivienda con una nueva aritmética parlamentaria, las declaraciones patrimoniales de sus diputados permiten añadir una información que hasta ahora no formaba parte del debate: qué viviendas tienen quienes están decidiendo cómo debe funcionar ese mercado y cuáles de ellas les generan ingresos por arrendamiento.