La instalación de un nuevo campamento por parte del mando único, gestionado por Ángel Víctor Torres, junto a la cárcel de Ceuta ha hecho saltar todas las alarmas de seguridad por parte de los funcionarios que trabajan en la prisión.
Se trata de uno de los últimos campamentos que se está ultimando -con trabajos de palas y maquinaria intensivos- para albergar "a 1.000 inmigrantes, aunque podría aumentar esta capacidad", según relatan a EL ESPAÑOL fuentes sindicales.
Cada vez proliferan más campamentos para albergar a los miles y miles de inmigrantes ilegales en Ceuta. Aunque las cifras que se manejan de forma oficial son 10.000, la realidad es que dos meses después no se sabe cuántos inmigrantes hay.
Muchos están escondidos en diferentes partes de la ciudad y cuando empiezan a abrirse estos campamentos y a despejarse las playas, enseguida vuelven a ocuparse porque "salen de los barrios, escondites o montes".
El problema está en que, por un lado, estas carpas estarán pegadas a las inmediaciones de la cárcel y, por el otro, se encuentra el centro para menores gestionado por la Fundación Samu.
Trabajos de los operarios en el nuevo campamento de Fuerte Mendizábal.
Un emplazamiento alejado de la ciudad, cerca de la barriada de El Príncipe donde genera "un riesgo grande para la seguridad de la prisión", según alerta Juan Iglesias, presidente del CSIF de Ceuta a EL ESPAÑOL.
Una de las principales preocupaciones de los funcionarios es que se está habilitando sin "evaluar los riesgos técnicos sobre datos objetivos" teniendo en cuenta que se encuentra junto a la prisión.
Tener un campamento de estas características con miles de inmigrantes ilegales hace saltar todas las alarmas porque incurre en graves riesgos para la seguridad y el control de los presos que se encuentran a escasos metros.
Trabajos en el nuevo campamento de Fuerte Mendizábal.
Entre las adversidades que pueden llegar a encontrarse estos funcionarios, según denuncian, es que la proximidad física "reduce la franja de visualización y amortiguamiento exterior", algo que puede dificultar una detección rápida de "personas aproximándose al vallado perimetral".
Las alteraciones en el entorno también pueden afectar al correcto funcionamiento de la prisión en materia de "alarmas perimetrales o sensores volumétricos que pueden dar muchos falsos positivos".
Pero, además de estas cuestiones en materia de seguridad, la alerta se extiende también al control de los presos dentro de la prisión.
"Puede haber lanzamientos o 'fallas' de drogas, teléfonos móviles, armas blancas o herramientas" a los presos de la cárcel que les separa tan solo un muro de este campamento.
Los inmigrantes pueden salir de los campamentos a determinadas horas del día y se encuentran en las inmediaciones de la prisión, lo que genera un sentimiento de preocupación a los funcionarios por ese "posible acercamiento" con los presos.
Otro de los puntos conflictivos es el "riesgo de efecto contagio de alteración del orden" de forma bidireccional "tanto de los módulos de prisión al campamento, como al contrario", sentencian.
De hecho, explican que "no hay ningún pliego técnico para saber cómo va a ser el vallado del campamento, qué metros va a tener o qué medidas de seguridad se van a tomar", porque según relata Iglesias, "la gente puede ir por donde le dé la gana", y eso supone un riesgo para la prisión.
Todo ello incurre en que "no hay ninguna garantía de seguridad", tal y como advierte el presidente de CSIF.
Aunque el Gobierno no contempla utilizar la vía de acceso a la prisión para acceder a este campamento. Por eso, se abrirá una nueva pista independiente con un camino diferente para la entrada.
Sin información 'oficial' del mando único
Los funcionarios denuncian el oscurantismo con el que el mando único está llevando a cabo la instalación de estos campamentos.
En una reunión en la Delegación de Gobierno con los sindicatos de "carácter informativo" explicaron a los sindicatos "de forma oficiosa, sin dar un solo papel que se iba a implantar ahí el campamento".
Pero, denuncian que para todo ello debe haber "una evaluación preventiva específica, con una documentación técnica y una planificación de las medidas que acrediten los riesgos de la zona".
Por todo ello, explican que este lunes solicitarán "medidas cautelares" tras interponer una "denuncia en inspección de trabajo de la seguridad social para que compruebe el cumplimiento de deber, consulta y participación del Comité de Seguridad y Salud que no se convocó ni reunió en ningún momento".
Con estas medidas cautelares lo que pretenden es "que se suspenda mientras que no se reúna al Comité de Seguridad y Salud y se elabore un informe que recoja todos los requisitos legales" necesarios para abrir instalaciones de este tipo.
Además, critican que "tienen que respetar la ley y no lo están haciendo al eludir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos".
En este sentido, lamentan que "es una vulneración de derechos fundamentales porque el Gobierno tiene obligación de reunir a los sindicatos de una forma oficial y no meramente informativa".
Una tensión que enfrenta directamente a los funcionarios con el mando único en unos días claves para Ceuta. Y, es que, se espera agilizar los trabajos en los terrenos de los campamentos para poder tenerlos a punto lo antes posible.
Sobre estos emplazamientos las maquinarias trabajan con gran intensidad para tratar de acortar tiempos en la adecuación de las instalaciones que, como esta, se trasladan a la periferia de la ciudad autónoma.
El objetivo no es otro que tener estos lugares a punto para empezar a desmantelar los asentamientos ilegales que se extienden de las playas del Trampolín o Calamocarro hasta casi Benzú.