En julio, cuando todavía quedaba un verano por delante y el regreso de Carles Puigdemont seguía dependiendo de resoluciones que nadie en el pueblo podía apresurar, unas vecinas sentadas en una pequeña plaza de la Rue el Firal, en Prats de Molló, respondieron a la pregunta sobre su futuro con una frase que no requería conocimientos de derecho: "Si no puede volver todavía, le esperamos aquí".
Por encima de ellas estaban las montañas; detrás, las calles de una localidad francesa donde se vendían mapas de la Cataluña Norte y libros de presidentes catalanes que habían pasado por el exilio. Puigdemont no se encontraba allí. Bastaba, sin embargo, preguntar por él para que alguien le reservase un sitio.
El pueblo había aprendido a recibirlo sin precisar demasiado cuándo llegaba. Las personas consultadas hablaban de reuniones, de visitas breves, de conocidos que seguían siendo conocidos después de la campaña electoral de 2024, pero las respuestas se encogían cuando se pedían fechas, casas o nombres.
Carles Puigdemont, en una imagen de archivo.
"Por seguridad, no se puede saber. Y a pas mal de tarés un peu partout", explicó una fuente local: "hay bastante tarado por ahí". La reserva tenía también una dimensión menos extraordinaria. En un municipio pequeño, señalar la puerta por la que había entrado un expresidente podía significar señalar la casa de un vecino. La política internacional quedaba, de pronto, a la distancia de una conversación en la calle.
Desde Prats, la carretera sube trece kilómetros hasta el Col d'Ares y entra en Cataluña sin que una barrera interrumpa el viaje. Los coches pasan de un país a otro entre carteles cubiertos de pegatinas; el límite se reconoce en el asfalto y en las señales.
Aquel mes, EL ESPAÑOL había recorrido el Vallespir para reconstruir qué quedaba de la red francesa de Puigdemont, el territorio al que se había acercado cuando quiso volver a presidir la Generalitat y donde su ausencia de España parecía adquirir una escala manejable. Desde allí, Cataluña podía alcanzarse en unos minutos. El expresidente seguía sin poder instalarse al otro lado sin exponerse a una detención.
La espera belga
Dos meses después, la espera ha vuelto a concentrarse en Waterloo. El 30 de septiembre, Arnaldo Otegi y Gorka Elejabarrieta, responsable de Relaciones Políticas de EH Bildu, visitaron a Puigdemont en la Casa de la República. La formación vasca difundió una fotografía de los tres y un comunicado sobre la situación política, los derechos nacionales y el crecimiento de las derechas autoritarias.
No anunciaron una despedida. Otegi ya había acudido otras veces, y la reunión pertenecía a una ronda de contactos con "fuerzas soberanistas". Pero esta vez el encuentro se produjo a menos de una semana del pleno del Tribunal Constitucional que puede despejar el principal obstáculo para el regreso del anfitrión.
La imagen admite por eso una lectura que ninguno de los asistentes necesitó formular. Durante años, viajar a Waterloo ha sido una manera de encontrarse con Puigdemont y también de reconocer que había que salir de España para hacerlo. Sus interlocutores llegaban, hablaban con él y regresaban; mientras la casa permanecía disponible para la siguiente visita.
arles Puigdemont recibe en Waterloo (Bélgica) al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y a Gorka Elejabarrieta.
En estos días, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de que sea él quien emprenda el viaje definitivo parece apoyarse en algo más concreto que una promesa de su partido. La vivienda empezó a aparecer en las noticias a comienzos de 2018, meses después de la salida de Puigdemont de España. Era un chalé amplio, con jardín, en una zona residencial de Waterloo. Antes se había alojado en hoteles y otras casas belgas.
La residencia estable permitió que una estancia cuya duración nadie conocía empezase a tener una dirección, y aquella dirección terminó recibiendo un nombre político: Casa de la República. Allí se podían celebrar reuniones, conceder entrevistas y fotografiar encuentros; cada visitante añadía un episodio a la vida pública de un dirigente que continuaba lejos del territorio que había gobernado.
La casa no puede confundirse con un encierro literal. Puigdemont viaja, participa en actos y recibe a sus colaboradores. Su margen de movimiento ha cambiado a lo largo de estos años según las decisiones de los tribunales, pero la limitación decisiva sigue siendo la misma: puede reunirse en Bélgica con personas que después tomarán un avión a Barcelona, mientras él debe calcular las consecuencias penales de seguirlas.
Esa diferencia, administrada durante casi nueve años, ha terminado organizando cierta parte de la política catalana. Hay conversaciones que necesitan un viaje, reuniones que se celebran fuera y decisiones que regresan antes que quien las ha tomado.
Ahora, según desveló el secretario general de JxCat, Jordi Turull, el plan de vuelta está guardado en un ordenador protegido y desconectado de internet que Puigdemont custodia en Waterloo. No se conoce el itinerario ni la fecha; tampoco se ha anunciado cómo será el recibimiento. Pero fuentes del partido político subrayan que será un recibimiento triunfal.
Volver y quedarse
La cautela tiene antecedentes en una operación organizada para eludir una orden judicial de detención. El 8 de agosto de 2024, Puigdemont apareció en Barcelona, intervino ante sus seguidores junto al Arco de Triunfo y volvió a desaparecer mientras el Parlament se preparaba para investir a Salvador Illa.
La expectativa de que acudiría a la Cámara había condicionado el dispositivo policial, pero el recorrido terminó en un coche de huida. Según la reconstrucción ofrecida por los Mossos, una aglomeración de personas impidió que los agentes se acercaran a él; después, el expresidente se colocó un sombrero de paja y abandonó la zona en un vehículo propiedad de un miembro del mismo cuerpo que debía detenerlo.
La policía activó la operación Jaula y desplegó controles en las carreteras. Al día siguiente, Puigdemont anunció que estaba de nuevo en Waterloo.
La fuga dejó algo más que imágenes de desconcierto policial. Tres agentes de los Mossos fueron detenidos por su presunta colaboración y, en julio de 2026, una jueza los procesó por omisión del deber de perseguir delitos, después de que la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir la causa inicialmente archivada.
Carles Puigdemont en agosto de 2025 en Barcelona, en su regreso a España tras siete años huido de la justicia.
El auto recogía indicios de una actuación concertada: los policías habrían asumido tareas complementarias para acompañar, proteger y ocultar a Puigdemont, evitando su detención y facilitando la salida. La investigación alcanzaba así a miembros de una institución obligada a cumplir la orden del Supremo que, presuntamente, habían contribuido a frustrarla.
Aquel episodio convirtió el regreso en un desafío público a la ejecución de una resolución judicial, coincidiendo con la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Puigdemont pudo presentarse ante las cámaras y sustraerse al arresto, pero tuvo que abandonar otra vez España.
La diferencia con el viaje que prepara ahora depende de que desaparezca esa orden: mientras siga vigente, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de detenerlo. Volver para quedarse requiere que cambie su situación procesal, y no que otro dispositivo policial fracase.
Un país distinto
En una entrevista publicada el 19 de septiembre en The Times, Puigdemont explicó que antes de decidir su futuro político querría recorrer Cataluña y conocer de primera mano cómo había cambiado. Dijo que contemplaba "dos o tres escenarios" y reconoció que el país ya no era el mismo.
También sostuvo que, cuando se marchó, estaba preparado para pasar el resto de su vida fuera, y que seguía estándolo. Son dos afirmaciones que dejan abierta la distancia entre su disposición a permanecer y su deseo de volver. La primera de ellas contiene una admisión que el relato de la continuidad suele dejar en segundo plano.
Se puede seguir la actualidad de un país, dirigir un partido, hablar con sus alcaldes y recibir informes de sus diputados sin participar de la vida diaria que discurre alrededor de todo eso. Para el antiguo periodista que fue Puigdemont, recorrer Cataluña supondría recuperar además una forma elemental de conocimiento: mirar sin que alguien tenga que contar antes lo que hay delante.
puigdemont jove
Puigdemont llegó a la Presidencia en enero de 2016, cuando Artur Mas renunció a continuar tras el veto de la CUP y propuso a su sucesor, desde el ayuntamiento de Girona. La elección sacó al alcalde de una política próxima —la de las calles, los plenos municipales y los vecinos— y lo situó al frente de una Generalitat encaminada hacia el choque de 2017. Su mandato duró menos de dos años. Su vida política fuera de España está a punto de cumplir nueve.
Este 10 de septiembre, Mas fue a verlo a Waterloo. Según fuentes cercanas, el encuentro se había preparado con discreción después de dos años sin comunicación directa, y los equipos acordaron no difundirlo si no había sintonía. La reunión permitió mostrar un acercamiento entre el dirigente que le había cedido la Presidencia y el hombre que seguía al frente de Junts.
Llegaba, además, cuando el regreso podía obligar a reconsiderar equilibrios dentro de aquel espacio político. Mas se marchó; veinte días después llegó Otegi. Entre una visita y otra, los tribunales españoles volvieron a discutir las condiciones en las que Puigdemont podría hacer lo mismo.
Otro independentismo
El país que Puigdemont quiere volver a tocar, escuchar y respirar tampoco es el que abandonó clandestinamente el 29 de octubre de 2017. Entonces, la independencia dominaba la política catalana y su figura concentraba buena parte del poder institucional y simbólico del movimiento.
Nueve años después, Salvador Illa preside la Generalitat, Junts no gobierna ninguna de las cuatro capitales catalanas y una formación que todavía no existía cuando Puigdemont se marchó amenaza con desplazarlo dentro de su propio espacio político.
El primer barómetro del CEO de 2026 situó a Aliança Catalana entre 23 y 25 diputados y relegó a Junts, que ahora tiene 35, a una horquilla de entre 16 y 18. Otro sondeo publicado en septiembre fue todavía más lejos: convirtió al partido de Sílvia Orriols en segunda fuerza del Parlament, con entre 25 y 28 escaños, y dejó a Junts entre 19 y 22.
Silvia Orriols, en la 'Diada' con el cuerpo cubierto por vendas tras haber sufrido varias heridas recientemente.
Aliança ha crecido alrededor de un discurso contra la inmigración y la inseguridad, dos asuntos que han ganado espacio frente a la independencia en la conversación pública. En julio, el acceso a la vivienda aparecía como el principal problema para los catalanes, seguido de la inmigración y la inseguridad ciudadana.
Entre los votantes de Aliança, la inmigración ocupaba el primer lugar. Orriols ha unido ese malestar a la denuncia de los partidos que, según ella, prometieron la ruptura con España y terminaron negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez.
El avance ha empezado también a descender hasta los ayuntamientos. Aliança prepara las municipales de 2027 captando concejales y antiguos candidatos, sobre todo de Junts. En Cambrils fichó como alcaldable a quien había sido portavoz municipal del partido de Puigdemont; otros dirigentes procedentes de su espacio encabezarán listas en distintas localidades.
No se trata únicamente de disputarle votantes. Orriols intenta quedarse con una parte de la estructura territorial desde la que Junts había conservado su poder mientras su líder permanecía en Waterloo.
Puigdemont puede volver con su principal problema judicial resuelto y otro problema político esperándolo. Durante estos años ha conservado la presidencia de su partido, sus siete votos han condicionado al Gobierno de España y Waterloo ha seguido funcionando como destino de dirigentes y negociadores. En Cataluña, entretanto, una parte del independentismo ha dejado de esperar su regreso y ha empezado a buscar otro liderazgo.
Una firma pendiente
El último obstáculo tiene una formulación poco adecuada para explicar una vida: beneficio personal de carácter patrimonial. Es el criterio con el que el Supremo ha mantenido fuera de la amnistía la malversación atribuida al expresidente. El 15 de septiembre, Pablo Llarena rechazó otra vez aplicarle la ley y levantar la orden nacional de detención.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio había descartado que el procés afectara a los intereses financieros de la Unión, pero el instructor sostuvo que continuaba en pie el otro motivo para excluirlo: la existencia de un beneficio personal de carácter patrimonial.
Una semana después, el Constitucional rechazó la ponencia de José María Macías que respaldaba la negativa a amnistiar la malversación en el caso de Jordi Turull. El magistrado presentará un nuevo texto conforme al criterio de la mayoría en el pleno previsto para el 6 de octubre. Ese día se examinará también la propuesta de Cándido Conde-Pumpido sobre el recurso de Dolors Bassa.
La última sacudida política se produjo apenas cuatro días antes de esa cita. Este viernes, Junts consumó su ruptura con el Gobierno y votó junto a PP y Vox contra los dos decretos de vivienda, provocando una de las derrotas parlamentarias más severas del Ejecutivo en esta legislatura.
Míriam Nogueras, portavoz de Junts, durante el debate de los decretos de vivienda en el Congreso.
En el partido admiten la delicadeza del momento, pero confían en que el choque con Moncloa no altere el desenlace judicial de la amnistía. El próximo 6 de octubre, el Constitucional tiene previsto volver sobre el recurso de Jordi Turull contra la interpretación del Supremo, una resolución llamada a marcar el camino para Puigdemont.
La ponencia de Conde-Pumpido plantea ordenar al Supremo que dicte una nueva resolución en la que declare amnistiado el delito de malversación y que lo haga con carácter “preferente y urgente”. Aunque Puigdemont no sea el recurrente en ninguno de esos dos asuntos, la doctrina que establezca el Constitucional podrá trasladarse a su causa.
La decisión del día 6 no retirará por sí sola la orden que pesa sobre él. Después tendrá que actuar Llarena, mediante un auto que aplique la nueva doctrina, amnistíe la malversación atribuida a Puigdemont y deje sin efecto la orden nacional de detención. Entre la votación del Constitucional y su entrada en España quedará todavía ese último movimiento judicial.
El calendario señala, por tanto, una posibilidad, todavía no una fecha de llegada. Hasta que Llarena dicte el auto, Puigdemont seguirá expuesto a ser arrestado si entra en España. En Waterloo, la distancia entre una mayoría favorable y una orden levantada tiene consecuencias que no se resuelven preparando un coche. En Prats de Molló, donde aquel verano se hablaba de esperarlo, la carretera continuaba abierta.
La retaguardia francesa
Para llegar hasta allí desde Cataluña, el viaje empieza en La Jonquera, entre gasolineras, supermercados y aparcamientos de camiones. "El paraíso del shopping", anunciaba una valla en una de las entradas cuando este periódico pasó en julio.
Los rótulos en catalán y francés, las matrículas galas y los comercios de tabaco, alcohol y combustible mostraban una frontera utilizada a diario para comprar y trabajar. La proximidad entre los dos países tenía precios, horarios y plazas de aparcamiento. Resultaba difícil reconocer en aquel tránsito la separación formidable que había adquirido en la biografía del expresidente.
Al otro lado, la autopista permite abandonar pronto la costa e internarse hacia el Vallespir. Villargeil aparece cerca de Céret, dentro de Saint-Jean-Pla-de-Corts, entre cultivos, alojamientos y carreteras estrechas donde dos conductores tienen que reducir la velocidad para cruzarse.
Al mediodía de aquel julio apenas había gente caminando y los comercios de los alrededores preparaban las fiestas de verano. En una de esas vías estaba la casa que Puigdemont había utilizado durante la campaña de 2024, cuando trasladó su centro político desde Bélgica hacia la llamada Cataluña Norte para disputar las elecciones catalanas.
En Villargeil, una pequeña aldea del Vallespir francés, Puigdemont se instaló en esta casa de piedra al comienzo de la campaña catalana de 2024.
La vivienda seguía ofreciéndose como alojamiento de temporada. Tenía unos doscientos metros cuadrados y piscina; por fuera, cuando EL ESPAÑOL llegó, las contraventanas estaban cerradas contra el calor y el jardín cuidado. No había huéspedes ni una señal visible de que el antiguo inquilino hubiera presidido la Generalitat.
La casa había recuperado la discreción de cualquier alquiler apartado. Quedaba, eso sí, a pocos minutos de Céret, de la autopista y de las carreteras interiores. Su utilidad podía leerse en el mapa con más facilidad que en la fachada.
Aquella campaña había repartido la vida del equipo entre varios municipios. Puigdemont presentó su candidatura en Elna, instaló el cuartel electoral en Argelès-sur-Mer y encontró en el valle lugares donde alojarse, reunirse y recibir a quienes cruzaban desde Cataluña.
Había trasladado hacia el sur una actividad que durante años había tenido su referencia en Bélgica. La nueva cercanía permitía que los militantes llegaran por carretera y que los actos presenciales se celebrasen a poca distancia del electorado; la frontera seguía determinando en qué lado podía estar el candidato.
Entre dos países
Céret, a menos de diez minutos de Villargeil, ofrecía una respuesta menos uniforme a la idea de Cataluña Norte de la que podría esperarse mirando las banderas. En la Avenue d’Espagne, un joven llamado Pablo, con gafas, gorra, tatuajes y una totebag, explicó: "Nuestra frontera es con Cataluña, no con España".
La frase adquiría una ironía involuntaria en aquella calle. Pablo trabajaba en un bistró, hablaba de Girona como referencia hacia el sur y de Perpiñán hacia el norte, y entendía el Tratado de los Pirineos de 1659 como la partición administrativa de un territorio que seguía considerando común.
Alrededor había terrazas, galerías, calles estrechas y el recuerdo de Picasso y Braque, entre los artistas que habían pasado por la localidad. Se veían esteladas en algunas ventanas y pegatinas independentistas en las señales. El catalán aparecía en conversaciones y rótulos, aunque no tenía oficialidad en Francia.
Pablo describía a la población como "muy nacionalista"; escucharlo y mirar la calle bastaba para advertir que esa palabra podía abarcar posiciones distintas. Sentirse catalán no resolvía necesariamente qué se pensaba del Estado francés, de la independencia al sur de los Pirineos o de Puigdemont.
Una estelada cuelga a la entrada de un pequeño comercio en Cèret, al otro lado de la frontera.
En el bar de enfrente, un camarero contestó en castellano, dijo que no entendía el catalán y abrió los brazos ante la idea de que Céret formara parte de Cataluña. "Bah. Ici, c’est la France": "esto es Francia". No conocía a Puigdemont. Aunque tampoco sabía cómo se llamaba el alcalde de su localidad.
A unos metros de Pablo, la historia que justificaba aquel desplazamiento periodístico perdía casi toda su importancia. El expresidente que obligaba a consultar tribunales, mapas y fuentes no ocupaba un lugar reconocible en la vida del hombre que atendía el bar.
La conversación introducía un límite útil. El Vallespir contenía aliados, simpatizantes e identidades compartidas, pero también indiferencia. Allí vivían trabajadores llegados de otras regiones francesas, residentes extranjeros y vecinos para quienes el catalanismo pertenecía a las fiestas o a la lengua, sin implicar adhesión al proyecto de Junts.
La red de Puigdemont se extendía por ese territorio; no lo representaba entero. Quizás esa mezcla ayudase también a explicar la discreción de algunas de sus visitas. Podía encontrar personas que lo recibieran como president y cruzarse después con alguien que no supiera quién era.
El hotel discreto
Más arriba, en Amélie-les-Bains-Palalda, una carretera bajaba hacia el río Tech y el Castel Émeraude, el aparthotel donde se había alojado buena parte de su equipo. Amélie, una trabajadora, recordaba colaboradores, coches y reuniones de la campaña. El expresidente había pasado por allí.
Durante unas semanas, el comedor, los pasillos y las zonas comunes habían permitido que una actividad dirigida hacia las elecciones de Cataluña se desarrollase dentro de un establecimiento francés. Después, los huéspedes ligados a Junts se marcharon y el hotel volvió a sus otros clientes.
El edificio conservaba aire de gran hotel de otra época, aunque sus zonas comunes eran austeras y necesitaba rehabilitación. A la hora de comer, el salón estaba medio ocupado y las mesas miraban hacia el río. La vegetación protegía la finca de la carretera; desde las habitaciones se escuchaba el agua.
El comedor del Castel Émeraude, en Amélie-les-Bains-Palalda, donde se alojó buena parte del equipo de Carles Puigdemont durante la campaña catalana de 2024.
Había además una salida para clientes que permitía abandonar el recinto sin atravesar la recepción. Eran detalles concretos, suficientes para entender cómo podía funcionar un alojamiento dentro de aquel dispositivo: compartir espacio, hablar y salir hacia las reuniones sin tener que instalarse en una capital.
En julio quedaba el recuerdo de la actividad excepcional, pero la dirección protegía la privacidad de sus clientes y evitaba hablar de reservas o movimientos recientes. Las habitaciones disponibles y las puertas conocidas no demostraban que hubiese un nuevo viaje en preparación.
La red que se buscaba sobre el terreno estaba compuesta de relaciones que podían continuar aunque no hubiera nadie alojado. Algunas se habían hecho visibles durante la campaña; otras resultaban más difíciles de precisar porque pertenecían también a la vida privada de quienes recibían al expresidente.
Un exilio antiguo
Desde Amélie, la carretera seguía el Tech y ascendía durante más de media hora hacia Prats de Molló. Los carteles del País Català y los comercios que saludaban en catalán iban dando otra intensidad a lo que en Céret se discutía entre dos aceras.
En una librería, un aviso pedía "En català, si us plau". Dentro, las pegatinas independentistas costaban un euro; los mapas de la Cataluña Norte, quince. Había libros sobre Francesc Macià, Lluís Companys, el exilio republicano y los movimientos catalanistas. Puigdemont aparecía en portadas, fotografías y conversaciones, incorporado ya a aquella selección de la historia.
Quienes atendían el negocio lo consideraban un héroe contemporáneo, aunque aclaraban que eso no equivalía a compartir todas sus decisiones. Valoraban que reivindicase el pueblo y lo incluyera en su geografía del exilio. La librería permitía advertir una forma de permanencia distinta de la que ofrecían la casa alquilada o el hotel.
Allí Puigdemont podía seguir presente sin hacer una reserva y sin anunciar una visita. Su figura había encontrado espacio entre nombres que daban sentido a la identidad de algunos vecinos. El reconocimiento no dependía únicamente de lo que ocurriera en la siguiente elección catalana.
Prats tenía, además, un antecedente al que su entorno había acudido. En 1926, Francesc Macià preparó desde las afueras del pueblo una incursión armada contra la dictadura de Primo de Rivera. Las autoridades francesas desbarataron el plan antes de que el grupo cruzara la frontera; el juicio en París contribuyó después a proyectar internacionalmente al dirigente independentista.
La antigua Vil·la Denise, donde organizó la operación, es hoy la Casa Macià. En 2026, el centenario devuelve aquel episodio a exposiciones, marchas y actividades locales.
Puigdemont visitó la casa en diciembre de 2020 e hizo una ofrenda junto al alcalde Claude Ferrer. La relación ofrecía un relato histórico disponible, pero acercarse a él exigía conservar las diferencias. Macià preparaba una expedición armada contra una dictadura.
Puigdemont dirige un partido presente en instituciones democráticas y espera la aplicación de una ley aprobada por el Parlamento español. La experiencia de uno no explica la del otro. En Prats, sin embargo, el recuerdo de Macià ayudaba a que algunos vecinos entendieran la presencia del expresidente como parte de una historia local más larga que el procés.
Ferrer constituye el vínculo institucional más visible de esa continuidad. Ha participado en actos de Junts y recibido públicamente a Puigdemont. Cuando el partido celebró en Prats su quinto aniversario, el alcalde lo acogió con una frase que borraba, en el lenguaje de la bienvenida, la condición extranjera del lugar: "Benvingut, president Carles Puigdemont, a casa vostra".
Las personas consultadas en julio describían alrededor de esa relación contactos con cargos municipales, asociaciones y dirigentes de otras localidades. Hablaban de visitas breves y encuentros entre conocidos, sin presentar el pueblo como una residencia permanente.
"Aquí viene gente que le conoce desde hace años", explicó un comerciante. "Entra, come y habla con quien tenga que hablar. Nadie va detrás de él". En la frase había una medida del tiempo que no daban los aniversarios políticos. Conocer a alguien desde hacía años suponía que sus apariciones podían dejar de ser excepcionales.
La acogida tampoco eliminaba la distancia. Por mucho que allí se utilizara el título de president, Puigdemont continuaba en un municipio francés y Cataluña permanecía al otro lado de las montañas. Para Pablo, en Céret, la frontera separaba su pueblo de Cataluña.
Para quienes guardaban mapas de la Cataluña Norte, dividía un territorio histórico. Para el camarero que no conocía al expresidente, marcaba sencillamente dónde estaba Francia. Puigdemont había encontrado un espacio dentro de esas distintas maneras de nombrar el lugar, aunque ninguna podía retirar la orden española de detención.
La última frontera
En el viaje de julio, la subida desde Prats dejaba atrás las casas y se internaba en el bosque. Había curvas cerradas y claros desde los que podían verse las montañas del Ripollès. Arriba, en el puerto, una estelada señalaba la dirección de Prats y otra pegatina cubría parte de la palabra Espagne.
Los vehículos seguían hacia Molló y Camprodon. A un lado, los carteles hablaban de los Pyrénées-Orientales; al otro, del Ripollès. Era una separación visible y pequeña, atravesada de forma corriente por personas para las que no suponía una decisión biográfica.
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia).
La pregunta sobre Puigdemont había llevado desde una casa vacía hasta un hotel, desde un bistró hasta una librería y desde los vecinos que lo reconocían como president hasta el trabajador que ignoraba su nombre. Al final quedaba aquella carretera, capaz de llevar a Cataluña a cualquiera que hubiese llegado hasta allí.
En Prats, las vecinas habían dicho que lo esperarían si todavía no podía volver. Si los tribunales terminan despejándolo, Puigdemont podrá despedirse de quienes llevan años haciéndole sitio. La resolución que le permita regresar cerrará una etapa judicial, pero dejará abierto el balance de sus decisiones, incluida aquella segunda huida con la que volvió a eludir a la policía en Barcelona.
Al bajar del Col d’Ares, la carretera entra en Cataluña sin detenerse. Esta vez, Puigdemont podrá quedarse si desaparece la orden de detención. El lugar que ocupe después tendrá que disputarlo en un país donde también viven quienes nunca lo han esperado.