La gestión de la crisis de Ceuta tras la invasión es algo que empieza a enquistarse dos meses después de que se produjese la entrada masiva.
En la ciudad autónoma hay más de 10.000 personas que continúan en la ciudad desde el pasado 30 y 31 de julio.
Una de las prioridades es tratar de que se agilicen los retornos al máximo posible.
Por su parte, las ONG velan porque se cumplan los derechos humanos de los inmigrantes como el derecho de asilo.
Para que esto sea efectivo y los ceutíes puedan volver a recuperar la normalidad, el Gobierno ha dotado con más recursos para tramitar estos expedientes de devolución.
Con más efectivos y recursos el objetivo es que se reduzcan los plazos para la devolución de los inmigrantes ilegales que continúan en Ceuta y que el problema no se enquiste durante mucho más tiempo.
Así el Ejecutivo trata de buscar fórmulas legales y jurídicas para que se agilicen los trámites.
Y, es que, "la mayoría no tiene derecho a asilo internacional y van a ser devueltos", según el propio Ángel Víctor Torres.
Para las ONG el principio de no devolución "no se limita a la situación del solicitante de protección internacional, sino que está regulado en tratados internacionales con ámbito de aplicación en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura".
Una respuesta y defensa del asilo generada por las ONG a raíz de la polémica por el borrador de un Real Decreto que el Gobierno ha frenado. Ahora está en revisión al tener dudas sobre la legalidad del texto.
Lo que ocurre es que se están tocando "derechos fundamentales, de protección y derechos internacionales".
Y, es que, este texto podría incurrir en una vulneración del derecho de asilo, los derechos humanos o que exista un riesgo de la tutela jurídica efectiva.
Aunque a pesar de estar examinando este texto, el Gobierno continúa trabajando para ver cómo se pueden acelerar todos estos plazos de devolución de los inmigrantes ilegales.
Según el ministro Torres, se han producido 7794 retornos con los "expedientes, triajes y no solicitud de protección internacional y, como la mayoría no tiene derecho, van a ser devueltos".
Por eso, la apertura de espacios, "no disminuye los que retornan".
"Indefensión jurídica"
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Movimiento por la Paz (MPDL), Servicio Jesuita a Migrantes, Red Acoge, Federación Sur Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Irídia, Red de Acogida del Puerto de Santa María, Oxfam Intermón, Entreculturas, Coordinadora CIE No Cádiz y la Red de Apoyo a Inmigrante Dimbali, son las 12 ONG que están en contra de que se vulnere el derecho al asilo de los inmigrantes y los derechos humanos.
Bajo su punto de vista, el Decreto ley que, de momento el Gobierno ha frenado, introduce "un régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo" con efecto retroactivo a solicitantes de protección internacional que hubieran formulado su solicitud desde el 30 de julio de 2026.
Lo que ocurre es que, como habitualmente se dilatan los trámites para agilizar los procesos y devolver Ceuta a la normalidad, el borrador incluía casos en los que quien pide asilo no podría permanecer en España mientras se resuelve su petición.
Algo que a juicio de las ONG vulnera el principio de no devolución que supone uno de los principales pilares de la Convención de Ginebra.
Por eso, uno de los principales puntos cuestionables es que este decreto atente contra el principio de no devolución y a la normativa internacional de asilo y derechos humanos.
Estas ONG denuncian que este Real Decreto reduciría los tiempos para recurrir resoluciones desfavorables a la petición de asilo, la pérdida del derecho de permanencia y limitaría el acceso al procedimiento de protección internacional.
Ceutíes: "Que se aceleren las expulsiones"
Los ceutíes a través de la Asociación de Vecinos Parques de Ceuta piden que se dé soluciones a la ciudad autónoma.
Estos vecinos piden que se aprueben medidas en Ceuta como un decreto para agilizar las expulsiones "siempre dentro del marco legal y con todas las garantías jurídicas", según recoge El Faro de Ceuta.
Para esta asociación después de dos meses de la invasión no se están apreciando resultados "efectivos" en repatriaciones de los inmigrantes que entraron el pasado 30 y 31 de julio.
"Si los procedimientos existentes no están permitiendo dar una respuesta efectiva a la situación, ha llegado el momento de revisarlos y agilizar los plazos".
Un clamor que se ha trasladado a la concentración en Ceuta con motivo del cumplimiento de los dos meses de la invasión.
Los congregados piden un "decreto de expulsión" de los más de 10.000 inmigrantes que continúan en Ceuta.
"Si no vuelven todos, lo que pasará es que habrá un efecto llamada y esto se volverá a repetir", señala a EL ESPAÑOL una ceutí.
De hecho, aseguran que "la ciudad no puede soportar otra invasión como esta, ni que ocurra otra vez".
Lo que reclaman son soluciones efectivas para Ceuta, al igual que ha ocurrido con el decreto Maricarmen.
Así, los ceutíes ven en el regreso a Marruecos la solución efectiva para que la ciudad autónoma vuelva a recuperar la normalidad que tenía hace dos meses.