El Gobierno lleva once días sin responder a las peticiones reiteradas de la Autoridad Portuaria de Ceuta para que les traslade un informe emitido por Puertos del Estado, presuntamente, entre los días 3 y 5 de septiembre para dar luz verde a la instalación de un campamento para migrantes en suelos portuarios.
Ese informe aparece citado en la resolución firmada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el 5 de septiembre.
Con ella se hizo con el control de dos parcelas de 16.000 metros cuadrados en suelos portuarios para instalar un campamento con unas mil plazas para migrantes, tras el rechazo del Consejo de Administración del puerto ceutí, por 11 votos contra 4, a ceder los suelos por motivos de seguridad.
La Autoridad Portuaria de Ceuta ha registrado desde entonces hasta cuatro requerimientos por escrito solicitando que le sea enviado dicho informe, que aparece reseñado en el punto cuarto de la resolución firmada por Óscar Puente el 5 de septiembre.
Textualmente, Transportes indicó que "Puertos del Estado ha emitido el correspondiente informe, en el que concluye que, aun pudiendo la ocupación temporal proyectada incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria, concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada".
Todo ello, prosigue, "sin perjuicio de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto".
Es, precisamente, este informe el que ha pedido el Puerto de Ceuta a Puertos del Estado en dos ocasiones, y a la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes otras dos veces más.
En concreto, dos de ellos fueron enviados a Transportes y Puertos del Estado el 9 de septiembre. Ante la falta de respuesta, se les remitió a ambos sendos escritos el 14 de septiembre, sin haber obtenido respuesta.
En paralelo, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, elevó el día 9 de septiembre al Nivel 2 de Protección Marítima al puerto ceutí mediante un oficio.
Estracto de la resolución firmada por Óscar Puente aludiendo en su punto 4 al informe de Puertos del Estado.
Este oficio del Ministerio de Interior afirma que dicha instalación para migrantes "incrementa los riesgos sobre un recinto estratégico". Lo firmó la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre.
En concreto, incide en que la ocupación temporal de una zona integrada en el recinto portuario para la instalación de infraestructuras destinadas "a la acogida de un elevado número de personas altera sustancialmente las condiciones ordinarias de explotación y protección del puerto".
También incrementa "los riesgos asociados al control de accesos, a la segregación entre áreas restringidas y áreas operativas, a la protección de infraestructuras críticas y sensibles, así como a la seguridad de las operaciones marítimas y portuarias que se desarrollan en el recinto".
Este oficio hizo asumió prácticamente las apreciaciones técnicas esgrimidas en tres informes técnicos de la Autoridad Portuaria de Ceuta para rechazar la instalación, a las que tuvo acceso este periódico.
Por todo ello, expone que desde el Ministerio de Interior insta a la Autoridad Portuaria a "reforzar temporalmente las medidas de protección marítima previstas en el Plan de Protección del Puerto de Ceuta mediante la activación del Nivel 2 de Protección Marítima en el citado puerto".
El Nivel 2 de Protección Marítima (conocido internacionalmente bajo el Código PBIP como Nivel Reforzado) es el estado de alerta que se activa ante un riesgo incrementado de que ocurra un incidente de seguridad contra un buque o una instalación portuaria. Afecta, principalmente, a las operaciones en tierra y a los buques que lleguen al puerto.
Sin información
Además, en el oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad se exige también "la delimitación física mediante cerramiento perimetral controlado, garantizando la separación efectiva entre la zona humanitaria, las áreas operativas portuarias y las zonas de embarque y desembarque".
En respuesta a él, el puerto ceutí ha respondido el 14 de septiembre que, "respecto a la medida de refuerzo adicional (...) que contiene el oficio, cabe decir que se ha solicitado por parte de esta Comisión, información de las características de la instalación que se pretende ejecutar por la Secretaría de Estado de Migraciones, con el fin de poder cumplir con la medida, puesto que en la actualidad, la Autoridad Portuaria [de Ceuta] no dispone de información alguna al respecto".
El puerto ceutí también requirió a la delegación de Gobierno, a Puertos del Estado y al Ministerio de Transportes con misma fecha información sobre ese Nivel 2 de Protección Marítima.
A este último requerimiento sí que ha respondido el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, para advertir que el Nivel 2 de Protección Marítima debe ser ejecutado desde el mismo día de la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad y que afecta a todo el recinto portuario, no solo al espacio que albergue el campamento de migrantes.
Sin embargo, el Gobierno sigue sigue sin responder ni aportar el informe al que aludió Óscar Puente el pasado día 4 en su resolución para dar luz verde a un equipamiento que está prácticamente instalado.
Este periódico ha contactado con Puertos del Estado, en los mismos términos, sin haber obtenido respuesta.
El equipamiento fue paralizado ayer de manera cautelar por la Audiencia Nacional tras la petición realizada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) al Alto Tribunal.
Entre los argumentos esgrimidos por el SUP ante la sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, esgrimen que requirieron el 13 de septiembre de 2026 "al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Autoridad Portuaria de Ceuta y a Puertos del Estado solicitando (...) la verificación de la compatibilidad con la actividad portuaria, la seguridad de las instalaciones, la protección civil, las emergencias y la prevención de riesgos laborales".
También pidió "la suspensión provisional de su ocupación o ampliación en tanto no se acreditasen dichos extremos". El día 15, cuando se dirigieron a la Audiencia Nacional, "no consta respuesta alguna de las Administraciones requeridas ni se ha facilitado la documentación solicitada".