El Ministerio del Interior ha admitido por escrito que la instalación de un campamento para mil migrantes en dos parcelas de suelo portuario "altera sustancialmente las condiciones ordinarias de explotación y protección" del Puerto de Ceuta.
La ubicación del campamento en estas dos parcelas no solo se han cobrado la cabeza de un abogado del Estado, cesado por Óscar Puente: también han acabado por exponer una contradicción flagrante en el seno del propio Gobierno de España.
Lo que comenzó como una discrepancia administrativa entre la Autoridad Portuaria de Ceuta y el Ministerio de Transportes de Óscar Puente se ha saldado con un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad que prácticamente hace suyas las apreciaciones técnicas esgrimidas en tres informes de la Autoridad Portuaria de Ceuta para rechazar la instalación.
El oficio del Ministerio de Interior afirma que dicha instalación para migrantes "incrementa los riesgos sobre un recinto estratégico". Lo rubrica la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre.
Cabe recordar que el ministro Puente, y por decreto, se hizo con dos parcelas en suelo portuario para albergar un campamento de migrantes, contraviniendo lo acordado el día anterior en un consejo de administración que votó, por 11 votos a 4, en contra de la cesión.
Ese consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta fue calificado por Ángel Víctor Torres, ministro de Migraciones y nombrado mando único 25 días después de la invasión, como "sorpresivo" en su convocatoria y reunión.
En realidad no lo fue: lo exigió el propio gobierno central insistentemente, tal y como ha venido contando El ESPAÑOL, mediante dos cartas enviadas en menos de 17 horas por el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana.
Santana es el mismo alto cargo que cesó, con el beneplácito de Puente, al abogado del Estado Alejandro Geronico por expresar sus críticas en el consejo de administración.
Estas críticas también incluía dudas jurídicas por la ubicación del campamento, aunque luego votara a favor de la cesión, "obligado" por su cargo, dentro de unos hechos revelados en exclusiva por este periódico.
El escrito de Interior, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue remitido el pasado 8 de septiembre al presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel; al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y al secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes, Benito Núñez.
En concreto, incide en que la ocupación temporal de una zona integrada en el recinto portuario para la instalación de infraestructuras destinadas "a la acogida de un elevado número de personas altera sustancialmente las condiciones ordinarias de explotación y protección del puerto".
El oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad.
También incrementa "los riesgos asociados al control de accesos, a la segregación entre áreas restringidas y áreas operativas, a la protección de infraestructuras críticas y sensibles, así como a la seguridad de las operaciones marítimas y portuariass que se desarrollan en el recinto".
Por todo ello, expone que desde el Ministerio de Interior se acuerda "reforzar temporalmente las medidas de protección marítima previstas en el Plan de Protección del Puerto de Ceuta mediante la activación del Nivel 2 de Protección Marítima en el citado puerto".
El Nivel 2 de Protección Marítima (conocido internacionalmente bajo el Código PBIP como Nivel Reforzado) es el estado de alerta que se activa ante un riesgo incrementado de que ocurra un incidente de seguridad contra un buque o una instalación portuaria. Afecta, principalmente, a las operaciones en tierra y a los buques que lleguen al puerto.
Además, y "sin perjuicio de las medidas previstas en el Plan de Protección del Puerto", deberán adoptarse varias medidas complementarias.
La principal es "declarar toda la superficie ocupada para la acogida temporal de personas migrantes como área segregada de protección reforzada".
Para ello indica que habrá que proceder "a su delimitación física mediante cerramiento perimetral controlado", para así garantizar "la separación efectiva entre la zona humanitaria, las áreas operativas portuarias y las zonas de embarque y desembarque".
Este documento oficial desnuda la narrativa y la pretendida normalidad con la que el Ministerio de Transportes justificó la ocupación forzosa de 16.000 metros cuadrados en suelo portuario.
También confirma que las instalaciones de acogida amenazan directamente "la operativa y la seguridad de la infraestructura".
El decretazo
La historia de la 'expropiación' de Óscar Puente se remonta al pasado 3 de septiembre.
En esa fecha la Secretaría de Estado de Migraciones organismo dependiente del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones dirigió una solicitud de urgencia a la Autoridad Portuaria de Ceuta para obtener la cesión temporal, hasta el 31 de diciembre de 2026, de una gran parcela en la Ampliación de Poniente Fase I, justo en el muelle de Poniente.
Se trata de 16.000 metros cuadrados que estaban en parte a punto de ser urbanizados este mes gracias a una subvención de más de 3 millones de euros provenientes de Fondos Feder.
Las obras estaban ya adjudicadas y ya no van a poder realizarse cumpliendo los plazos, con lo que la Autoridad Portuaria de Ceuta va a ver comprometido su presupuesto para la devolución de estos fondos a la Unión Europea.
En esas dos parcelas Migraciones planteó levantar un complejo de carpas con zonas de descanso, módulos de enfermería, casetas de vigilancia y áreas de atención social gestionadas por entidades colaboradoras.
Apenas 24 horas después de recibir el requerimiento, y tras encajar sendas cartas de la presidencia del Ente Público Puertos del Estado urgiendo a resolver la petición, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta se reunió de emergencia el 4 de septiembre.
El resultado fue un rechazo tajante a la cesión. Los gestores del puerto ceutí respaldaron su rechazo en tres informes técnicos independientes.
Todos concluían que ubicar a cientos de personas junto a los muelles comerciales, rampas de preembarque y zonas restringidas era totalmente incompatible con el normal funcionamiento del puerto y entrañaba un peligro severo para las instalaciones.
Además, en el recinto, punto de conexión de Ceuta con la península, se ubican tanques con miles de litros de combustible para el avituallamiento de buques y una subestación eléctrica que nutre a toda la ciudad.
Al día siguiente, el ministro Óscar Puente firmó una resolución exprés con la que anuló el acuerdo del Consejo de Administración y autorizó de forma unilateral la ocupación de las dos parcelas. Ese mismo día comenzaron a montar el campamento.
La resolución de öscar Puente aludiendo a un informe favorable de Puertos del Estado.
Para bordear la oposición ceutí, Transportes echó mano del artículo 73.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En su resolución, a la que también ha tenido acceso este periódico, citó un informe favorable de Puertos del Estado para dar luz verde a la operación.
Este documento, que daría prioridad al interés general por encima de los condicionantes de seguridad, a día de hoy no ha sido enviado a la Autoridad Portuaria de Ceuta pese a que se lo ha requerido por escrito en dos ocasiones sin haber recibido respuesta.
También alude el documento a la petición de "colaboración" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mantener la seguridad del campamento en el recinto portuario.
Precisamente ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido a la Audiencia Nacional la paralización cautelar de la instalación.
Está previsto que el campamento sea ocupado esta semana con migrantes procedentes de las playas de El Trampolín, Calamocarro, Benítez y la playa aledaña al mismo recinto portuario.