El Ministerio de Transportes ha cesado de forma fulminante al abogado del Estado que representaba a Puertos del Estado en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
El cese viene motivado, según fuentes cercanas al citado órgano, porque el representante de la Abogacía del Estado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ceutí, Alejandro Geronico, expresó su disconformidad con la cesión de dos parcelas portuarias para un asentamiento de migrantes.
Lo hizo verbalmente tras la exposición de los informes técnicos aportados por la Autoridad Portuaria de Ceuta, en respuesta a la petición de la Secretaría de Estado de Migraciones, para ceder esas parcelas que alojasen un campamento para migrantes.
Estos informes técnicos desaconsejaban ubicar un campamento de 16.000 metros cuadrados en el muelle de Poniente, por encontrarse en una "infraestructura crítica" que podría ser objeto de "sabotajes".
En concreto, y según queda reflejado en el acta, a la que ha tenido acceso este periódico, el abogado del Estado aseveró que compartía "todo lo que se ha dicho" porque "pese a no ser de Ceuta" llevaba ya unos años en la Ciudad Autónoma.
No obstante, durante para finalizar su intervención, también anunció que su voto sería a favor "por su condición de abogado del Estado".
Como tal, Alejandro Geronico fue nombrado asesor jurídico de la Autoridad Portuaria de Ceuta y representante de la Abogacía del Estado en el año 2021 y ha sido cesado por el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, nombrado por el Consejo de Ministros en 2025, pese a contar "con plena confianza" de la dirección del Puerto de Ceuta.
El de Germonico fue uno de los únicos cuatro votos a favor de la cesión de esta parcela de 16.000 metros cuadrados.
La propuesta quedó rechazada por 11 votos en contra y esos 4 a favor. Al día siguiente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tomó el control de las parcelas pese denegarlo el Consejo.
Ello ha posibilitado que en esas dos parcelas se realojará de manera inminente a mil migrantes, de acuerdo a la petición oficial de la Secretaría de Estado de Migraciones.
A ellas serán trasladados los migrantes que pernoctan desde hace 45 días en el asentamiento ilegal de las playas del Trampolín, Calamocarro y Benítez.
Durante la reunión, celebrada el pasado 4 de septiembre, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, dio la palabra a cada vocal para expresar su parecer sobre el asunto y justificar el sentido de su voto.
Notificación del cese del Abogado del Estado por parte del presidente de Puertos del Estado.
Tras la intervención de todos, el abogado del Estado tomó la palabra y, en un discurso "breve, pero conciso", puso de manifiesto "que respetaba la opinión de todos los intervinientes, y que compartía sus inquietudes sobre la idoneidad de la ubicación", indican fuentes cercanas al consejo de administración.
Lo hizo subrayando su apoyo "incluso desde el punto de vista jurídico, pero que tenía que votar a favor por su condición de Abogado del Estado y no tener libertad de voto", precisan las fuentes consultadas.
A continuación "expresó su contento con que la votación resultase en sentido desfavorable, por más que el Ministro de Transportes tuviera la última palabra y, a buen seguro, autorizase la petición del Ministerio" de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
De hecho, la aplicación de este artículo fue lo que se hizo al día siguiente, "apoyado en un informe de Puertos del Estado", que aún no ha sido facilitado a la Autoridad Portuaria ceutí pese a haberlo requerido por escrito en dos ocasiones.
Cabe reseñar que las razones que desaconsejaban la instalación del campamento, recogidas por este periódico, hacían referencia a cuestiones de seguridad al encontrarse dichas parcelas en "una zona crítica y estratégica".
En concreto, los informes técnicos y jurídicos de la Autoridad Portuaria pusieron de manifiesto la inidoneidad de la ubicación elegida, "junto a los tanques de la petrolífera Ducar" que almacenan toneladas de combustible para suministro a buques, y junto a la instalación eléctrica de Endesa, que da electricidad a toda Ceuta.
También se encuentra en medio del paso de los vehículos y camiones que desembarcan de los ferris y demás buques con personas y suministros para Ceuta. Se pusieron también de manifiesto los riesgos de "sabotajes" y de inseguridad ciudadana, así como otros inconvenientes económicos y jurídicos.
Todos los representantes del municipio, incluidos los representantes del PSOE de la Ciudad Autónoma, los sindicatos (UGT y CCOO), la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio y el Presidente de la Autoridad Portuaria, votaron en contra de ceder las parcelas.
Estracto del acta del Consejo de la Autoridad Portuaria de Ceuta con las palabras del Abogado del Estado cesado fulminantemente.
Además del voto "obligado" del abogado del Estado también votaron a favor de la cesión los otros tres representantes del Gobierno central: el Capitán Marítimo del Puerto de Ceuta, Francisco Sierra; Cristina Esteban Benavides, por Puertos del Estado, y Gonzalo Sánz, quien dimitió la semana pasada como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel López Triano.
La intervención verbal de Alejandro Geronico fue trasladada de inmediato y convenientemente al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, a través de uno de estos representantes, según fuentes de toda solvencia.
Por parte de algunos altos cargos de Puertos del Estado se intentó convencer al Presidente de Puertos para que evitase el cese, pero éste insistió en que "no había marcha atrás" y que era producto de un "empecinamiento", pese a que el alto funcionario hubiese votado a favor, abundan las fuentes consultadas.
La decisión de su cese se tomó "tras comunicarlo al Ministro de Transportes", Óscar Puente, de quien ha actuado "como brazo ejecutor de una decisión déspota y carente de toda razón lógica".
El abogado del Estado fue relevado del cargo el pasado miércoles 9 de septiembre, mediante un escrito remitido al presidente de la Autoridad Portuaria por el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana.
"El abogado del Estado fue compelido, por su condición de representante del Estado y no tener libertad de voto, a votar a favor de la propuesta de instalar dichos campamentos; es decir, conforme a lo que le pedía Puertos del Estado", resumen las fuentes consultadas.
Pero "y no conforme con su voto a favor, el Presidente de Puertos del Estado ha querido que opine a favor de la propuesta, o que ni siquiera se cuestionase la misma".
Asimismo, las mismas fuentes denuncian que el cese se produce por haber "quebrantado esa premisa de todo régimen autoritario: no te atrevas a cuestionar la decisión de tu superior, aunque vaya contra los intereses generales que, como funcionario, jura defender".
Porque, insisten, "si expresar una discrepancia razonada, manteniendo al mismo tiempo la lealtad institucional y el sentido del voto exigido por el cargo, puede tener consecuencias personales o profesionales, el mensaje que se transmite al conjunto de la Administración resulta inquietante".