España fue en 2025 el quinto país europeo que más nacionales de terceros Estados detectó en situación irregular. Fueron 58.910. Por delante quedaron Alemania, con 168.360; Francia, con 159.460; Italia, con 82.505; y Grecia, con 60.800. No son entradas computadas en frontera, sino personas localizadas por las autoridades sin derecho de estancia, incluidas aquellas que accedieron legalmente y permanecieron después de caducar su permiso.
La fotografía cambia cuando se mira la salida. Ese mismo año, España contabilizó 5.705 nacionales de terceros países que abandonaron el territorio después de recibir una orden. Alemania registró 29.295; Francia, 14.940; Suecia, 11.250; Chipre, 10.630; Polonia, 9.690; Austria, 7.305; y Croacia, 6.560.
La comparación deja una brecha difícil de ocultar: por cada retorno efectivo registrado en España hubo 10,3 detecciones de presencia irregular. Es una aproximación —no una tasa estricta de expulsión, porque ambas estadísticas no siguen necesariamente a las mismas personas ni al mismo expediente—, pero sitúa al sistema español entre los menos resolutivos del grupo analizado. Solo Italia y Grecia presentan una relación peor, con 15,6 y 11,89 detecciones por retorno, respectivamente.
Un policía húngaro vigila la frontera fortificada entre Serbia y Hungría.
Chipre muestra el contraste más incómodo para Moncloa. El país insular detectó 5.335 estancias irregulares y comunicó 10.630 retornos posteriores a una orden: casi el doble de salidas que de detecciones en 2025. El desfase confirma que no puede hablarse de cohortes idénticas, pero también refleja una maquinaria de retorno mucho más intensa: la isla ejecutó 1,86 veces las salidas de España con una población muy inferior y un contexto geopolítico mucho más tenso y complejo.
España tampoco puede escudarse únicamente en su condición de frontera exterior. En 2025 fue el país de la UE con más primeras solicitudes de asilo, 141.000, el 21% del total. Ahora, la crisis de Ceuta ha expuesto todos los puntos débiles de la política migratoria de Madrid.
La llegada de decenas de en torno a 80.000 personas desde Marruecos desbordó la acogida, obligó a reforzar la presencia policial, judicial y sanitaria. Aún al cierre de este reportaje, cinco semanas después del 30 de julio en el que se produjo el grueso de esta entrada masiva, miles de inmigrantes siguen en situación de calle, a la espera de una respuesta.
El Ejecutivo reclamó solidaridad europea, pero la escena proyectada fue la de un Estado incapaz de controlar con rapidez su frontera y, al mismo tiempo, garantizar condiciones mínimas a quienes ya estaban dentro.
El problema no quedó confinado a la ciudad autónoma. Italia llegó a reintroducir controles para viajeros procedentes de España; Finlandia sostuvo que Madrid había "fracasado por completo" en la protección de la frontera exterior; y Dinamarca culpó a la política española y a la regularización extraordinaria de generar consecuencias para los demás socios.
Lo ocurrido en Ceuta activó las alarmas en el Viejo Continente. Como respuesta, Roma y Copenhague promovieron además una carta firmada por 22 Estados que reclamaba a la UE una respuesta coordinada, más apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y una cooperación más eficaz con Marruecos.
Miles de jóvenes marroquíes llegaron a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades,
Los firmantes cuestionaron las políticas susceptibles de actuar como factor de atracción, incluida la regularización de un gran número de extranjeros en situación irregular por parte de Madrid.
La respuesta de Pedro Sánchez fue acusar a algunos socios de actuar con egoísmo, prejuicios e interés político. Pero la réplica no borra el dato: España detectó en 2025 casi 59.000 estancias irregulares en 2025 y registró menos de 6.000 retornos.
El sistema español, frente a Europa
El modelo español explica la lentitud a la hora de intervenir en una situación extraordinaria como la que se vive en la ciudad africana. La estancia irregular no provoca una expulsión automática.
Las autoridades identifican al extranjero, pueden abrir un procedimiento sancionador y conceder un plazo de salida. Si la devolución no puede ejecutarse de inmediato, un juez puede autorizar el internamiento en un CIE por un máximo de 60 días. Durante ese proceso, el extranjero en situación irregular puede formalizar su solicitud de asilo. Además, si se demuestra arraigo social, se puede frenar o revocar una orden.
En cambio, los menores entran en la red de protección y no pueden ser devueltos automáticamente. Son garantías legales, pero la suma de trámites burocráticos puede ralentizar el proceso.
Francia actúa con una secuencia más expeditiva. Cuando constata una estancia irregular emite una orden llamada OQTF: la obligación de abandonar el territorio, habitualmente con 30 días de plazo para la salida voluntaria.
Si no se cumple, el afectado puede ingresar en un centro de retención mientras recurre o se prepara la repatriación. París también ha estudiado restringir la Ayuda Médica Estatal para indocumentados y reforzó la presión en pasos como Portbou, desde donde devuelve a España a viajeros sin autorización de entrada.
Reino Unido, ya fuera de la UE, ha construido otra barrera. En 2025 detectó unas 46.000 llegadas por vías irregulares y contabilizó alrededor de 39.000 salidas de inmigrantes sin autorización, tanto voluntarias como forzosas. Londres acordó con París el mecanismo 'Uno dentro, uno fuera' para devolver solicitantes llegados por el canal de la Mancha y admitir, a cambio, a otros con vínculos en el país.
El Gobierno británico ha planteado un sistema inspirado en Dinamarca: estatus de refugiado temporal, revisiones periódicas, restricciones a la reagrupación familiar y un camino mucho más largo hacia el asentamiento permanente. También ha previsto que quienes obtengan empleo devuelvan hasta 10.000 libras de los gastos de alojamiento y manutención asumidos por el Estado.
Polonia ha llevado el cierre a la frontera con Bielorrusia. Suspendió el acceso al asilo en determinados tramos para quienes entren irregularmente, reforzó el despliegue policial y mantiene las devoluciones inmediatas amparadas por reformas de 2021. Varsovia anunció además que no aplicaría íntegramente el Pacto europeo y propuso retirar la protección internacional a grupos que crucen con violencia o destruyan barreras.
Soldados polacos en la frontera.
Otro país que rechazó aplicar las normas de la UE en materia migratoria es Hungría, que representa el extremo de la tolerancia cero. Viktor Orbán levantó vallas en 2015 y el país prorroga desde 2016 el estado de crisis por inmigración masiva. Solicitar asilo dentro del territorio se volvió casi imposible: Budapest derivó el procedimiento a sus embajadas en Belgrado y Kiev.
Sin embargo, esta política de romper las reglas comunitarias le ha conllevado cuantiosas sanciones económicas. El 13 de junio de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a Budapest a pagar 200 millones de euros por infracciones extremadamente graves en materia de asilo, más un millón de euros por cada día de retraso en aplicarlas.
#ECJ: #Hungary is ordered to pay a lump sum of € 200 million and a penalty payment of € 1 million per day of delay for failure to comply with the Court of Justice’s judgment of 17 December 2020 #asylum 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) June 13, 2024
Por su parte, en el Mediterráneo Grecia ha optado por el castigo. La reforma de su Código de Migración elevó las penas contra las redes y abrió la puerta a condenas de al menos 10 años para miembros de ONG que faciliten entradas ilegales, una medida que Médicos Sin Fronteras considera una criminalización de la acción humanitaria.
Atenas también creó centros permanentes de internamiento, bloqueó temporalmente solicitudes a los inmigrantes irregulares procedentes del norte de África y prevé prisión para quien no abandone el país tras la denegación del asilo.
Italia, en cambio, ha escogido la externalización. Roma restringió el desembarco de personas rescatadas por ONG, bloqueó temporalmente el Geo Barents de Médicos Sin Fronteras y pactó con Albania la creación de dos centros gestionados por autoridades italianas.
Un barco de la Guardia Costera italiana transporta inmigrantes rescatados en el mar.
El Gobierno de Giorgia Meloni ha sido uno de los que ha hecho bandera con más fuerza de los discursos que aluden a controlar la inmigración y promueven reforzar las fronteras. Por eso fueron especialmente críticos con la gestión de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta.
En materia de política migratoria, otro de los casos más llamativos es el de Alemania, motor de la Unión Europea. El Estado teutón está endureciendo un sistema que presumía de ser garantista.
Eliminó la naturalización acelerada para personas especialmente integradas, suspendió hasta julio de 2027 la reagrupación de beneficiarios de protección subsidiaria —salvo supuestos humanitarios— y reintrodujo controles terrestres. Las expulsiones, sin embargo, siguen exigiendo revisar la documentación y las circunstancias individuales.
El canciller alemán, Friedrich Merz.
De un modo similar, Finlandia pasó de la acogida a la contención tras denunciar que Rusia instrumentalizaba los flujos. Su legislación permite impedir el cruce y no registrar solicitudes en sectores fronterizos concretos; quienes ya hayan entrado pueden ser apartados de inmediato mientras se reevalúa su caso.
La norma conserva excepciones para menores, personas vulnerables y quienes afronten riesgo real de muerte, tortura o trato inhumano.
La mayor parte de la barrera, unos 140 kilómetros, se encuentra en el sureste de Finlandia; otros 35 kilómetros se sitúan en Carelia del Norte y unos 25 kilómetros se extienden por Kainuu y Laponia.
Dinamarca también lleva años marcando el rumbo restrictivo. Su cláusula de exclusión en materia de Justicia e Interior le permite quedar al margen de parte de las reglas de la Unión Europea en cuestiones relacionadas con el asilo de inmigrantes.
Copenhague explora centros de deportación en terceros países, incluso para familias, y ha convertido la reducción de llegadas en una política sostenida también por gobiernos socialdemócratas.
Chipre, fuera de Schengen y situado en la ruta oriental, utiliza procedimientos acelerados y una política de retorno intensiva. Sus 10.630 salidas tras orden de expulsión en 2025 superaron las de Polonia, España, Grecia o Italia. El pequeño Estado insular demuestra que la presión geográfica no conduce necesariamente a la parálisis administrativa.
Como salta a la vista, Europa no aplica una única receta. Oscila entre las vallas húngaras, la suspensión polaca del asilo, la externalización italiana, el rigor danés y las cautelas procesales de Francia o Alemania. España permanece en el extremo más garantista, pero también en los menos eficaces cuando se compara la presencia irregular detectada con los retornos ejecutados.
Ceuta ha mostrado que el Gobierno no ha resuelto ninguna de las dos velocidades: ni acogió con suficiencia inmediata ni ofreció una respuesta ágil sobre quién podía quedarse.
La coordinadora de Médicos Sin Fronteras España, Raquel González, atiende a EL ESPAÑOL para poner el acento en que "es imprescindible diferenciar entre los inmigrantes económicos, que aspiran a instalarse en un determinado país buscando, por ejemplo, mejores condiciones de vida o reagrupación familiar, con las personas que huyen de situaciones de extrema violencia o conflictos. Esto no lo dice nuestra ONG, sino que está estipulado en el Convenio de Ginebra, ratificado por los 27 Estados miembros de la UE".
PREGUNTA.— Lo ocurrido en Ceuta es la prueba de que los Estados no siempre están preparados para garantizar la seguridad de los inmigrantes que entran a un país de forma irregular. Tras cinco semanas aún hay miles de personas en situación de calle. ¿Qué lecciones pueden extraerse de esta crisis?
RESPUESTA.— No se les puede deportar masivamente a todos, porque hay una serie de procedimientos y condiciones que se deben respetar. Entre los inmigrantes, puede haber personas subsaharianas que vengan de países en conflicto como Sudán.
Puede haber, incluso dentro de los marroquíes, personas que, por ejemplo, tengan una sexualidad LGTBIQ+, y que tengan un riesgo de vulnerabilidad mayor y necesiten protección. ¿Qué se debería hacer de la forma más rápida posible, hasta que se clarifique, de los que se han quedado en la ciudad, quiénes son devueltos a Marruecos y quienes se quedan en España?
Habría que habilitar unos mínimos mecanismos para que esas personas tuvieran cobijo, comida y no estén por las calles deambulando. Con lo cual también se genera probablemente inseguridad ciudadana o una percepción de preocupación por parte de la población.
Soldados polacos instalan este miércoles alambre de espino a lo largo de la frontera polaca con el exclave ruso de Kaliningrado, cerca del pueblo de Zerdziny, en el noreste de Polonia.
P.— ¿Cómo valoran la evolución de las políticas migratorias en los Estados europeos?
R.— En general, en la Unión Europea ha habido una evolución. Donde antes el asunto migratorio tenía componentes de seguridad, de protección de fronteras, también tenía también componentes más garantistas en términos de protección de las personas que venían.
Y esta última parte es la que se ha ido cada vez más desdibujando y se ha ido alejando más de esos convenios de Ginebra que, insisto, han ratificado todos los Estados. Por poner un ejemplo, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se creó en 2024 y se está implementando ahora, ha eliminado muchos de estos elementos que tenía de protección.
Ha reconocido y aprobado por unanimidad, digamos, la aceptación de que hay un concepto que es el concepto de ficción de no entrada, que consiste en que a pesar de que tú llegues a Europa como inmigrante económico, como persona susceptible de recibir protección, se considera que tu presencia física no tiene una relación directa con estos elementos más garantistas de protección, sino que se te puede enviar a un tercer país que se considere seguro a través de una serie de acuerdos.
¿Qué se considera países seguros? Puede ser Túnez, Egipto, Argelia, Marruecos... Incluso se ha oído hablar de que Libia podía ser un país seguro.
Esto deja a estas personas que llegan también en una situación de mucha indefensión, porque da igual que hayan llegado o no a Europa. Digamos que las medidas que están en contra de los Convenios de Ginebra, por las cuales se pueden expulsar directamente a un tercer país, cada vez se están reforzando más.
Y si hablamos en términos de violencia en fronteras, sí que tenemos algunos informes de los últimos tres, cuatro años que indican que la violencia contra los inmigrantes que hemos visto en las fronteras de Europa del este y en Grecia ha alcanzado cotas muy severas.