Publicada

Marruecos desplegó, en las zonas limítrofes de Ceuta y en la ciudad vecina de Melilla, Beni Enzar, equipos de monitoreo y vigilancia el pasado 29 de julio: un día antes del cruce masivo del Tarajal.

Esta no es una información que provenga de ningún servicio de inteligencia español, sino que sale del propio Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH), una institución fuertemente ligada a la monarquía alauí que se vende como una entidad por completo independiente.

En un informe publicado el pasado viernes 7 de agosto, se expone que el citado día 29 de julio su presidenta "estableció un mecanismo de monitoreo y seguimiento" integrado por varios departamentos propios.

Fuerzas auxiliares marroquíes vigilan, el lunes 3 de agosto, la zona de la valla que separa Ceuta de Marruecos. Reduan Dris EFE

"Se desplegaron equipos de monitoreo en las principales zonas donde se habían registrado concentraciones o intentos de cruce colectivo, especialmente en Beni Enzar y en las zonas limítrofes de Ceuta". El documento justifica esta decisión en que habían constatado "un aumento progresivo de los intentos de cruce desde el mes de junio. La tendencia se intensificó de forma significativa a partir del 14 de julio de 2026 y alcanzó su punto máximo el 30 y 31 de julio de 2026".

De manera que una entidad vinculada con la corona marroquí reconoce que tuvo conocimiento de los movimientos masivos de personas que se estaban realizando hacia el norte con la intención de cruzar la frontera. Y pese a ello, solo en estos últimos días se está viendo un despliegue amplio de las fuerzas alauitas en la frontera, ante el temor de que se vuelva a repetir una situación parecida este sábado 15 de agosto.

El informe expresa que el CNDH también monitoreó "los contenidos difundidos a través de X, Instagram, TikTok, Facebook y otras plataformas. En este marco, identificó 23 grupos que reunían en conjunto a más de un millón de miembros. Estos grupos difundían una media superior a 1.400 publicaciones diarias. Cinco de los principales grupos fueron cerrados el 30 de julio de 2026".

Estos datos muestran que este organismo, cuya presidenta es elegida por el rey de Marruecos, tenía constancia de que podía producirse un cruce masivo de la frontera.

"Durante las noches del 29 y 30 de julio, circularon ampliamente mensajes según los cuales 'la frontera estaba abierta'. Posteriormente, numerosos grupos de jóvenes, menores y familias se desplazaron hacia Castillejos. Las personas entrevistadas por el CNDH manifestaron haber recibido mensajes en los que se les instaba a concentrarse cerca de los puntos de paso después de medianoche para intentar una entrada colectiva en Ceuta", explica el documento.

Al día siguiente el Consejo expone que "miles de ciudadanos marroquíes y extranjeros, entre ellos niños, adolescentes y mujeres, cruzaron o intentaron cruzar hacia Ceuta y Melilla. Las intervenciones para impedir estos cruces estuvieron acompañadas de violentos enfrentamientos. El CNDH registró casos de personas heridas, lanzamiento de piedras y daños materiales".

Según los datos que publica el CNDH citando a fuentes del país alauí, se produjeron "14 fallecimientos en el lado marroquí, entre ellos ciudadanos marroquíes y dos extranjeros. Por separado, las autoridades de Ceuta han informado de más de 80 fallecimientos".

"Se ha registrado un total de 136 personas civiles heridas, de las cuales 13 fueron trasladadas a centros hospitalarios. Cuatro personas heridas permanecen bajo atención médica".

Además, el documento asegura que "87 miembros de las fuerzas de seguridad pública recibieron atención médica".

Cabe destacar que el CNDH aporta una serie de datos muy precisos relacionados con la intervención de las autoridades marroquíes durante esta crisis.

Una vez estalló el cruce masivo, expone que "un total de 100 personas fueron interceptadas, entre ellas 11 menores de edad. De estas, 69 están siendo objeto de procedimientos judiciales, y en esta cifra, a su vez, 14 han sido puestas en libertad provisional a la espera de juicio. Seis procedimientos fueron archivados al no apreciarse la existencia de una infracción penal".

EL ESPAÑOL ha intentado ponerse en contacto tanto con el CNDH como con su presidenta, Amina Bouayach —designada para el cargo por el rey Mohamed VI en 2018 y que renovó su mandato el año pasado—, con la intención de conocer en qué han consistido exactamente esas prácticas de monitoreo, cómo se han llevado a cabo, a cuántas personas han desplegado y durante cuánto tiempo.

Sin embargo, al cierre de este reportaje aún no ha obtenido respuesta.

Indignación entre las Fuerzas de Seguridad españolas

El informe no se limita a ofrecer datos provenientes de las autoridades marroquíes: también entra a valorar la actuación de las autoridades de ambos países, en un apartado que titula: "Conclusiones preliminares", y que ha generado gran indignación entre los cuerpos policiales del país al que pertenece Ceuta.

"Vulneraciones de la integridad física de personas que intentaban realizar el cruce, en hechos atribuidos a actuaciones de las autoridades españolas y marroquíes", "golpes y diversas marcas en el cuerpo de algunos jóvenes", "testimonios concordantes sobre malos tratos y agresiones presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad españolas 'cuando no hay cámaras', según los testimonios recabados".

En concreto, pone el acento en "una serie de incidentes y prácticas que plantean serias preocupaciones en materia de respeto y protección de los derechos humanos".

En un momento de este documento, se cita que recabó el "testimonio de una persona cuyo caso tuvo una amplia difusión en las redes sociales. En las imágenes difundidas se observa a un miembro de las fuerzas de seguridad amenazando su integridad física".

Una agente de Policía Nacional atiende una urgencia médica, mientras su compañero pide al amigo de la víctima que busque a alguien que les sirva de traductor. Cedida

EL ESPAÑOL ha localizado a la agente que afirma ser una de las protagonistas de esta polémica, que ha dado su versión sobre el suceso: "No hubo ninguna amenaza. Todo lo contrario, estábamos atendiendo a un menor que sufrió un ataque respiratorio. Iba con un amigo, pero ninguno de los dos hablaba español. Necesitábamos encontrar a alguien que pudiera servirnos de intérprete, y un compañero, tratando de hacerse entender con gestos, pidió al amigo que se fuera corriendo a buscar a alguien para traducir".

"En ese momento, alguien tomó una fotografía que ha dado la vuelta a las redes sociales, ya que parece que el compañero está amenazando al chico y que yo estoy reduciendo a su amigo, pero no es así", asegura esta agente del Cuerpo Nacional de Policía.

Como muestra de la veracidad del relato, adjunta a este diario una fotografía tomada varios días después con el menor al que estuvo auxiliando, con quien se encontró de nuevo este miércoles por la calle: "Vino a darme las gracias, fue un momento muy bonito. Para que luego digan que vamos maltratando a la gente".

La agente de la Policía Nacional, de paisano, junto al menor al que atendía en la fotografía que se viralizó en redes, en un reencuentro fortuito entre ambos que ha tenido lugar este miércoles. Cedida

Por eso, tanto desde los colectivos del Instituto Armado como de Policía Nacional rechazan por completo estas afirmaciones. Como prueba, la contundencia del sindicato Jupol ante este incidente: "Si tiene que venir Marruecos a darnos lecciones de derechos humanos a los policías españoles, apaga y vámonos".

En esta línea, han lanzado un mensaje directo a las autoridades marroquíes: "Que pregunten a sus ciudadanos qué policía prefieren, si la Policía Nacional, la Guardia Civil o la policía de Marruecos. Creo que la respuesta sería bastante clara".

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) subraya a este diario que "no hay una sola prueba: ni un parte médico, ni una identificación de agente, ni una denuncia formal presentada ante un juzgado español, ni una imagen. Lo que hay son testimonios recogidos entre personas ya retornadas a Marruecos, por un organismo estatal marroquí y sin contraste independiente. El propio documento es preliminar, presentado el 7 de agosto y sin versión definitiva, así que ni siquiera es una conclusión firme del organismo que lo firma".

"Además, choca frontalmente con lo que sí está documentado de aquellos días. Lo que recogieron las cámaras es a guardias civiles metidos en el agua durante horas rescatando personas, sacando niños en brazos y recuperando cuerpos. 82 autopsias practicadas en el Instituto de Medicina Legal de Ceuta: ese es el balance real del trabajo de nuestros compañeros, gente que se jugó la integridad física por salvar vidas ajenas y que va a convivir con esas imágenes el resto de su vida".

Además, desde el sindicato recuerdan que "este mismo organismo ya atribuyó a España la responsabilidad de la tragedia de la valla de Melilla de 2022 por mantener las puertas cerradas, en un dictamen que fue muy polémico porque distintas informaciones apuntaban a que habían sido los propios agentes marroquíes quienes flexibilizaron el paso. La Fiscalía marroquí acabó archivando aquella causa por ausencia de indicios de delito".

"El CNDH dispone de datos muy detallados sobre lo que ocurrió en su territorio. La pregunta pertinente sería por qué decenas de miles de personas pudieron concentrarse y salir sin que nadie lo impidiera, y qué pasó exactamente al otro lado del espigón", concluyen desde AUGC.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se expresa en unas líneas similares, mostrando su rechazo al informe y poniendo el acento en que "las propias conclusiones del Consejo reconocen que la escalada era conocida desde semanas antes. El organismo documenta alrededor de 1.500 intentos de entrada entre el 15 y el 27 de julio y afirma haber monitorizado 23 grupos en redes sociales que reunían a más de un millón de miembros, además de convocatorias y mensajes para desplazarse hacia la frontera".

"También reconoce que las autoridades marroquíes habían adoptado medidas para restringir esos desplazamientos. Por tanto, resulta legítimo preguntar cómo fue posible que, pese a conocer la movilización y la creciente presión durante semanas, miles de personas terminaran alcanzando simultáneamente la frontera española", valoran.

Por esta razón, el SUP concluye que "no puede analizarse únicamente qué hicieron los policías españoles cuando la frontera ya estaba desbordada. También debe esclarecerse qué ocurrió antes y qué falló al otro lado de la frontera para que se alcanzara una situación de semejante magnitud".