Freia, Matteo y Alejandra, los refugiados trans que ya pueden cambiar su sexo en España: "Mi padre me busca para matarme"

"De momento no hay citas. Existe la opción de renovar o hacer un nuevo DNI, pero no de cambiar el sexo".

La frase la pronuncia Freia, una mujer trans refugiada en España tras huir de Kuwait, donde la transexualidad está penada por ley. Lo hace con la resignación de quien lleva semanas intentando acceder a un procedimiento que ya ha sido aprobado, pero que todavía no ha terminado de llegar a las comisarías.

Desde que el pasado 13 de julio el Ministerio del Interior diera luz verde al protocolo que desarrolla el artículo 50 de la Ley Trans, la joven ha intentado acceder, sin éxito, al procedimiento que permitirá adecuar su documentación a su identidad.

Mientras espera, continúa utilizando unos documentos que la identifican con un nombre y un sexo que no le pertenecen. Freia explica que la urgencia va mucho más allá de una cuestión burocrática.

"Mi padre me está buscando para matarme. Por eso necesito cambiar mi nombre", explica este periódico.

EL ESPAÑOL ha hablado con ella; con Matteo, un solicitante de protección internacional que abandonó Perú después de que las autoridades rechazaran reconocer legalmente su identidad; y con Alejandra, una mujer trans venezolana que huyó convencida de que permanecer en su país suponía poner en riesgo su vida.

Los tres proceden de lugares distintos y escaparon por motivos diferentes, pero conviven con el mismo problema: la documentación española sigue identificándolos con un nombre y un sexo que no reflejan quiénes son.

Este limbo administrativo se ha prolongado durante más de tres años. Aunque la Ley Trans reconocía desde 2023 el derecho de las personas trans extranjeras a adecuar el nombre y el sexo de su documentación cuando sus países de origen no lo permitían, la falta de un protocolo había dejado ese derecho suspendido en la práctica.

"El derecho estaba reconocido, pero esa falta de protocolo hacía que las personas no pudieran ejercerlo", resume Judith González, coordinadora del Servicio Jurídico de ACCEM.

"El protocolo tendría que haber estado aprobado en febrero de 2024", sostiene Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.

La norma ya está en vigor. Ahora queda que la Administración la convierta en una realidad para quienes llevan años esperándola.

Judith González confía en que ese despliegue sea cuestión de días. "Es normal que durante un par de semanas se esté habilitando toda la parte práctica y de gestión y que enseguida podamos empezar a hacer los trámites efectivos".

"Me están buscando para matarme"

La voz de Freia resuena dulce y serena al otro lado del teléfono. Cuesta imaginar que detrás de ese tono pausado se esconda una historia atravesada por el miedo.

Se marchó de Kuwait con 17 años. Quería estudiar, trabajar y construir una vida que en su país intuía imposible. Primero vivió cinco años en Estados Unidos. Después, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la empujó a hacer de nuevo las maletas y se mudó a China.

Trabajó allí el tiempo suficiente para ahorrar y, más tarde, viajó a España para cursar un máster. Nueve años después continúa viviendo aquí y está terminando el quinto año de doctorado.

Fue precisamente en España donde comenzó, hace casi tres años, la transición de género y, dos después, el tratamiento hormonal.

Hasta entonces había vivido convencida de que el problema era ella. Llegó incluso a plantearse acudir a terapia para que alguien le explicara qué funcionaba mal en ella.

"Pensé que encontrarían algún fallo en mi cabeza. Quería arreglar esto de alguna manera", explica.

El miedo a quedarse sola hizo el resto. Estaba convencida de que vivir como una mujer trans significaría renunciar a una vida normal.

"Creía que nadie iba a querer compartir espacio conmigo por considerarme una persona anormal", sostiene.

Durante casi 30 años interpretó un personaje que nunca sintió suyo. Salía con mujeres porque era lo que se esperaba de ella. Forzaba la voz y su forma de caminar, vigilaba cada gesto para parecer el hombre que los demás querían ver.

Por mucho que intentara encajar, siempre había alguien dispuesto a señalar que no lo hacía.

"Muchas de mis exparejas me llamaron 'gay'. No entendía qué estaba haciendo mal. Hacía todo lo posible por no parecer femenino, pero la gente siempre encontraba algo. Mis amigos me llamaban, de forma despectiva, 'la chica del grupo'", expresa.

Aquellas heridas se hicieron todavía más profundas con 14 años, cuando sufrió una agresión sexual por parte de varios hombres de su entorno, un episodio que, más de una década después, sigue condicionando la forma en la que se relaciona con los demás.

"Puedo tener una noche de sexo con un hombre, pero no una relación sentimental. Me genera ansiedad pensar que pueda ponerse agresivo y acabar pegándome y violándome", reconoce.

Dos años después abandonó la casa familiar. No solo quería marcharse de Kuwait, quería alejarse de un entorno marcado por el peso de la religión, el machismo y la homofobia que habían condicionado toda su infancia.

España terminó convirtiéndose en el lugar donde, por primera vez, encontró otras personas que habían recorrido un camino parecido. Una vez instalada en Vigo, comenzó a acudir a los encuentros organizados por la asociación feminista Las Mesmas.

Allí descubrió que tenía derecho a acceder a la sanidad pública y a iniciar su transición dentro del sistema sanitario.

"Me aconsejaron que fuera a la Seguridad Social. Pedí cita con Endocrinología, pero me dieron una lista de espera de seis meses. Yo ya estaba preparada. A día de hoy sigo esperando", sostiene.

La demora la empujó a tomar una decisión que nunca hubiera querido tomar. Sin supervisión médica, comenzó el tratamiento hormonal por su cuenta tras comprar la medicación a través de internet.

"Una amiga me pasó un enlace a una página donde se podían comprar hormonas en el mercado negro. Tengo amigas que lo hacen a través de la Seguridad Social y, aunque hay profesionales muy buenos, algunos siguen trabajando con conocimientos de los años 90 sobre las personas trans", afirma.

Desde 2022 no mantiene ningún contacto con su familia. Pensó que la distancia era suficiente para empezar de nuevo.

Sin embargo, el silencio con su familia se rompió hace unos meses. El mensaje llegó desde un número desconocido; era su padre. Lo primero que hizo fue recordarle que seguía siendo musulmana.

"No lo soy, pero nunca me he atrevido a decírselo a mi familia. Cuando era pequeña, me pegaron en la espalda con un palo de bambú por no rezar", relata.

"Maricón de mierda", "enfermo" o "pervertido" fueron algunos de los calificativos que leyó en aquella conversación, la primera que mantenían después de cuatro años sin ningún contacto.

"Me dijo que Dios me iba a castigar y que, o bien volvía a finales de este año por mi propio pie, o contactaría con un amigo que tiene en la Embajada para venir a por mí, arreglarme y sacar el diablo de dentro de mí porque no estoy bien".

Con el mensaje traducido al castellano, acudió a una comisaría para pedir ayuda.

"Les expliqué que me estaban buscando, que me iban a matar y que, aunque no sabía qué podía pasar, si me ocurría algo había sido mi padre", recuerda.

Fue entonces cuando un agente le habló por primera vez de la posibilidad de solicitar protección internacional. España reconoce el derecho de asilo a quienes sufren persecución en sus países de origen por motivos como la orientación sexual o la identidad de género y no pueden regresar sin poner en riesgo su vida o su integridad.

"Si no lo hacía y se acababa mi visado, tendría que volver sí o sí. Conté lo que me estaba pasando, enseñé el mensaje de mi padre y, un año después, me concedieron el asilo", sostiene.

Para Freia, volver a Kuwait significaría regresar a un país donde las personas LGTBI siguen viviendo bajo una fuerte persecución legal y social. Las relaciones entre hombres están castigadas con penas de prisión y las organizaciones de derechos humanos denuncian que las personas trans continúan sufriendo detenciones, hostigamiento y abusos, incluso después de que en 2022 se anulara el artículo que castigaba la llamada "imitación del sexo opuesto".

Hoy, pese a la protección del asilo, Freia sigue apareciendo administrativamente como un hombre. El protocolo que permitirá adecuar su documentación a su identidad ya ha sido aprobado, pero todavía no ha conseguido una cita para iniciar el trámite.

"Necesito cambiar mi nombre porque desde que mi familia sabe que he iniciado la transición tengo miedo. Pueden localizarme, averiguar dónde vivo o quiénes son mis amigas. Mi familia es muy machista, muy cerrada. Para ellos, la agresión es la manera de arreglar las cosas", afirma.

"El hecho de que yo sea una mujer trans supone una deshonra para ellos. Por eso me están buscando: para matarme y acabar con esto", expresa.

Se siente tan desvinculada del país donde nació que ya no quiere conservar ni siquiera el apellido.

"Quiero cambiarlo porque me da igual toda esa cultura. Mantener ese vínculo puede hacer que alguien descubra que soy trans y ponerme en peligro", expresa la joven.

"Están vulnerando mis derechos"

Matteo tenía 31 años cuando decidió que no podía seguir esperando a que el estado peruano reconociera quién era. Nació en la región amazónica de San Martín, en la Amazonía peruana, en una familia con escasos recursos.

Su madre lo tuvo con apenas 14 años y fue un tío paterno quien terminó ejerciendo como la figura de referencia durante buena parte de su infancia, hasta su fallecimiento cuando Matteo era todavía un adolescente.

Desde muy pequeño supo que era un chico, aunque tardó años en poner nombre a aquello que sentía. Durante la adolescencia trató de encajar en una identidad que nunca fue la suya.

No fue hasta los 19 años, durante un intercambio universitario, cuando conoció a otros hombres trans y comprendió definitivamente quién era. A partir de ese momento comenzó una transición marcada por el rechazo familiar y la discriminación.

En la universidad sufrió burlas y amenazas; fuera de ella encontró dificultades para acceder a un empleo y llegó a denunciar a su padre por violencia física y psicológica.

Aun así, decidió iniciar el camino para que el Estado reconociera legalmente su identidad. En febrero de 2024 solicitó el cambio de nombre en su documento nacional de identidad peruano.

"Antes de solicitarlo pasé dos años en terapia psicológica para obtener un informe psiquiátrico que avalara que me identifico como un hombre", explica el joven a este periódico.

Aquella solicitud coincidió con uno de los momentos de mayor retroceso para los derechos de las personas trans en Perú. En mayo de 2024, el Gobierno de Dina Boluarte aprobó un decreto que incorporaba el "transexualismo", el "travestismo de rol dual" y los "trastornos de identidad de género" al listado de enfermedades mentales.

La medida provocó una fuerte contestación internacional, pero para Matteo supuso la confirmación de que el reconocimiento legal sería todavía más difícil.

En junio llegó la primera negativa. Decidió recurrirla, pero meses después recibió una segunda resolución desfavorable. Esta vez le exigían que una persona que lo hubiera conocido desde niño acreditara judicialmente que era un hombre.

"Mi madre ni siquiera sabía que yo estaba haciendo ese proceso. No podía pedirle que declarara", reconoce.

"Me negaron el tratamiento hormonal y entré en una depresión", sostiene.

Fue el punto de ruptura. Después de años de discriminación, agresiones y obstáculos administrativos, comprendió que ya no podía construir su futuro en Perú. Una profesora de yoga le habló de España como un lugar donde empezar de nuevo.

En apenas dos semanas pidió un préstamo, compró un billete de avión y el 6 de noviembre de 2024 aterrizó en Madrid con una mochila de ocho kilos y sin conocer a nadie.

"Mi madre solo me dijo una cosa antes de subir al avión hacia España: 'Ve a ser feliz'", recuerda Matteo.

Su intención inicial era viajar hasta Sevilla para contactar con ATA-Sylvia Rivera, una asociación de personas trans de la que había oído hablar durante su etapa como activista en Perú.

Allí descubrió por primera vez que podía solicitar protección internacional y, poco después, una abogada de CEAR le explicó que también podían solicitar al Ministerio del Interior el reconocimiento de su nombre y sexo en la documentación española.

Durante meses esa petición permaneció bloqueada. Mientras tanto, Matteo seguía viviendo entre dos identidades administrativas.

"En Andalucía tengo cambiado tanto el nombre como el sexo en la tarjeta sanitaria. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid me dijeron que no, a pesar de que lo valoraron una médica, una enfermera, el centro y la dirección"

Cada trámite administrativo, cada cita médica o cada curso suponían volver a enfrentarse a un nombre que no era el suyo.

"No se dan cuenta de que esto va mucho más allá de algo administrativo. Ese no es mi nombre, no se corresponde con mi identidad y, al final, están vulnerando mis derechos", expresa.

Dos años después de iniciar aquel procedimiento en Perú, la aprobación del protocolo que permite a las personas trans extranjeras rectificar sus datos identificativos en España abre por primera vez una posibilidad real de que la Administración reconozca oficialmente la identidad que su país de origen le negó.

"Ser transgénero en mi país es una muerte lenta"

Alejandra salió de Venezuela el 14 de noviembre de 2025 convencida de que quedarse suponía poner en riesgo su vida.

Nació hace 42 años en Maracaibo, una de las ciudades más conservadoras del país, en el seno de una familia profundamente religiosa.

Allí comenzó su transición en 2023, al mismo tiempo que estudiaba Psicoterapia Clínica, una formación que, explica, le obligó a iniciar un profundo proceso de conocimiento personal y que terminó por darle la seguridad para vivir conforme a su identidad.

"Ser chica transgénero en mi país es una muerte lenta, un suicidio automático", explica a este diario.

Aunque en Venezuela la transexualidad no está prohibida por ley, Alejandra describe un país donde la falta de protección institucional y el rechazo social empujan a muchas personas trans a la exclusión.

La atención sanitaria especializada prácticamente no existe, los tratamientos hormonales deben costearse de forma privada y la ausencia de referentes y recursos convierte la transición en un camino solitario.

Alejandra creció en un entorno profundamente religioso y conservador. En Maricaibo, cuenta, revelar que un hijo era homosexual o trans significa, en muchos casos, quedarse sin familia.

"Esa ruptura acaba empujando a muchas personas a la calle y, con frecuencia, a ejercer la prostitución como única forma de supervivencia", cuenta.

Ella consiguió escapar de ese destino gracias a los estudios y al trabajo, primero como enfermera y después como psicoterapeuta, pero nunca dejó de sentir que vivía en un entorno hostil.

"Una de las cosas que me hizo emigrar fue proteger mi integridad física y mental. No huía solo de un régimen político, huía por ser quien soy", afirma.

Poco antes de viajar a España, un familiar se refirió a su identidad como una "condición".

"Le respondí que yo no tenía ninguna condición, que no estoy enferma, ni tengo ninguna discapacidad. Soy una persona consciente. La condición era la suya, por no querer abrir la mente", espeta.

Cuando aterrizó en España el 14 de noviembre de 2025 fue acogida dentro del sistema de protección internacional.

Primero pasó por Madrid y después fue trasladada a Jerez de la Frontera, donde vive actualmente. Allí asegura haber encontrado una tranquilidad que nunca había experimentado en Venezuela.

Licenciada en Enfermería y formada también como psicoterapeuta, asegura que está dispuesta a trabajar "de lo que haga falta" mientras consigue homologar su experiencia profesional.

Sin embargo, la documentación sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque ya ha iniciado las gestiones junto a su abogado, todavía espera poder acogerse al nuevo protocolo para modificar el nombre y el sexo que figuran en su documentación española.

"Yo soy Alejandra y hasta el día que fallezca voy a seguir siendo Alejandra", afirma.

En las consultas médicas o en otros trámites públicos sigue siendo llamada por el nombre que figura en su documentación.

"No es solo una letra en un documento. Te llaman en el médico y no te llaman por tu nombre; vas a una comisaría y tampoco. Eso termina vulnerando a la persona", explica.

Como psicoterapeuta reconoce que ha aprendido a gestionar ese tipo de situaciones. Incluso recuerda con humor el día en que pronunciaron su nombre masculino en una sala de espera y todas las miradas se dirigieron hacia ella.

"Yo me lo puedo tomar con humor porque he trabajado mucho esa parte, pero quien no lo ha hecho recibe un golpe psicológico muy fuerte. Son muchos años de rechazo y de aprender a normalizar el maltrato", explica.