"A mi hermano le acusan de lanzar piedras y provocar incendios. Él no hizo nada".
El hermano de Anas Lafhel pronuncia esta frase con la misma convicción con la que la Fiscalía marroquí sostiene la acusación contraria.
Anas, de 17 años, permanece en prisión preventiva en Casablanca tras ser detenido por las autoridades marroquíes después de cruzar a Ceuta durante la invasión que desbordó la frontera entre España y Marruecos.
Su familia asegura que fue detenido apenas una hora después de llegar a la ciudad autónoma y niega que participara en los disturbios que acompañaron la entrada masiva de decenas de miles de personas el 31 de julio.
La Fiscalía, en cambio, le atribuye delitos relacionados con aquellos altercados y será juzgado el próximo 12 de agosto en el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán.
Anas Lafhel, de 17 años, permanece en prisión preventiva en Marruecos a la espera de ser juzgado por el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán.
Según el último comunicado de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), difundido el 5 de agosto, otras 50 personas ingresaron el 3 de agosto en prisión preventiva en la cárcel local de Tetuán.
Con ellas, la organización eleva a 59 el número de personas privadas de libertad cuyo procedimiento sigue por los sucesos de Ceuta. Sus comparecencias quedaron fijadas ante el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán en distintas sesiones celebradas entre los días 6 y 11 de agosto.
Según fuentes de la organización consultadas por este diario, al menos 86 personas han sido procesadas por los incidentes registrados durante la crisis fronteriza: 34 en Tetuán, entre ellas cinco menores, y otras 52 en Nador.
Los procedimientos abarcan desde acusaciones por facilitar salidas clandestinas o transportar pasajeros sin autorización hasta agresiones a agentes de la autoridad, desobediencia, vandalismo y daños contra bienes públicos.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia marroquí ya ha confirmado las primeras condenas: 11 personas han sido sentenciadas a penas de hasta seis meses de prisión y multas por delitos relacionados con la facilitación de salidas clandestinas, el transporte ilegal de pasajeros o la incitación a cometer delitos, mientras otros procedimientos continúan pendientes de juicio.
¿Quiénes son esos 59 marroquíes? ¿De qué delitos están acusados y qué penas pueden afrontar? El caso de Anas Lafhel permite entender la respuesta penal desplegada por Marruecos tras la mayor crisis fronteriza vivida en Ceuta en los últimos años.
EL ESPAÑOL ha hablado con familiares de los detenidos, abogados que participan en su defensa y responsables de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, además de acceder a documentación judicial de algunas de las causas abiertas.
"Le acusan de provocar incendios"
El 31 de julio, mientras decenas de miles de personas trataban de alcanzar Ceuta, Anas Lafhel, a sus 17 años, cruzó la frontera desde Marruecos.
Según el relato de su familia, fue detenido por la Policía Judicial marroquí poco después de haber regresado al lado marroquí del paso de Bab Sebta.
"Llegó esa misma mañana y fue arrestado apenas una hora después", recuerda su hermano en conversación con este diario.
Desde ese momento, el relato de la familia y el de la Fiscalía marroquí discurren por caminos distintos. Los familiares sostienen que Anas se había separado de sus amigos y que nunca participó en los disturbios registrados durante aquella jornada.
"Formaba parte de una gran multitud, pero él no cometió ninguna infracción; sin embargo, se le acusa de lanzar piedras y provocar incendios", asegura su hermano.
La acusación mantiene la tesis opuesta y será el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán quien la examine en el juicio previsto para el próximo 12 de agosto.
La familia también cuestiona cómo se produjo la detención. "Cuando la policía se lo llevó, no se pusieron en contacto con nosotros", lamenta.
Durante tres días no supieron nada de él. No fue hasta que pudo llamar desde el centro donde permanece privado de libertad cuando, siempre según el relato familiar, conocieron su versión de lo ocurrido.
"Me dijo que había sido objeto de una paliza brutal, tan grave que ya ni siquiera podía levantarse. Llora todo el rato", afirma su hermano.
Sostiene además que, durante el operativo, "más de 30 jóvenes acusados de los mismos delitos fueron objeto de palizas brutales y no provocadas".
Anas Lafhel, de 17 años, permanece en prisión preventiva.
EL ESPAÑOL no ha podido verificar de forma independiente estas afirmaciones, que no constan en la documentación judicial consultada por este periódico.
A pocos días de que se celebre el juicio, la familia mantiene intacta su versión. "Quiero que toda la prensa hable de este asunto y publique la historia, porque él no cometió ninguna infracción y, sin embargo, fue detenido", reclama su hermano.
Mientras espera la vista oral, Anas permanece en prisión preventiva en Marruecos a la espera de que el tribunal determine si existen pruebas suficientes para sostener los delitos que le atribuye la Fiscalía.
"No se trata de un problema de inmigración"
El abogado Yahya Charia, que defiende a más de una decena de los procesados, insiste en separar el intento de llegar a Ceuta de las causas penales que ahora tramitan los tribunales marroquíes.
"No se trata de un problema de inmigración. Mis defendidos no están en prisión por haber cruzado la frontera de Ceuta y regresar a Marruecos, sino por los incidentes que se produjeron en las calles durante esos días", explica a este diario.
"Según las familias con las que he hablado, hubo altercados, incendios, ocupación de la vía pública y ataques a establecimientos comerciales. Mi trabajo consiste en defender sus derechos y prestarles asistencia jurídica", añade.
La documentación judicial consultada por este periódico refleja que las acusaciones no son idénticas para todos los procesados, aunque sí se repiten varios delitos en numerosos procedimientos.
Entre ellos figuran la rebelión cometida por más de dos personas mediante el uso de armas, las injurias y ofensas a agentes de la fuerza pública, la violencia contra funcionarios durante el ejercicio de sus funciones, así como los daños y la destrucción de bienes destinados al servicio público.
En algunos casos, además, la Fiscalía añade delitos relacionados con el cruce de la frontera por lugares no habilitados, la organización de salidas clandestinas o el transporte de pasajeros sin autorización.
Esas acusaciones coinciden con las que aparecen en los expedientes que el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán comenzó a tramitar tras la invasión de Ceuta.
Según publicó el medio marroquí SawT MartiL, algunos de los investigados están acusados de haber recibido órdenes para atacar a agentes de las fuerzas de seguridad utilizando armas, insultar a funcionarios públicos y causar daños en bienes del Estado.
Otros responden por facilitar la salida clandestina de personas hacia Ceuta a través de pasos no habilitados o por transportar pasajeros sin licencia, mientras que un tercer grupo afronta cargos por desobediencia, vandalismo y uso de armas durante los disturbios.
Morad Ahsissene, otro de los abogados consultados por EL ESPAÑOL, confirma que los procesados afrontan cargos por rebelión, violencia contra agentes de la autoridad, insultos a las fuerzas públicas y daños a bienes públicos, además de imputar en algunos procedimientos delitos vinculados al cruce irregular de la frontera y a la permanencia ilegal en territorio marroquí.
"Las personas implicadas ya han sido puestas a disposición del Procurador del Rey", explica el letrado, quien precisa que la vista de parte de estas causas fue aplazada hasta el próximo 10 de agosto para facilitar la preparación de la defensa.
Las penas dependerán finalmente de los delitos que cada tribunal considere acreditados. Por el momento, el Ministerio de Justicia marroquí ya ha confirmado las primeras condenas: 11 personas han sido sentenciadas a penas de hasta seis meses de prisión y multas por delitos relacionados con la facilitación de salidas clandestinas, el transporte ilegal de pasajeros o la incitación a cometer delitos, mientras otros procedimientos continúan todavía en fase de instrucción o a la espera de juicio.
Juicios en plena huelga
La situación de los procesados por la invasión de Ceuta se está resolviendo, además, en un contexto poco habitual para la Justicia marroquí.
Desde hace casi dos meses, la abogacía mantiene una huelga general indefinida que ha alterado el funcionamiento de los tribunales y está condicionando el desarrollo de decenas de procedimientos penales abiertos tras la crisis fronteriza.
Las consecuencias son distintas en función del tipo de delito que se impute a cada acusado. La letrada Sara Charia, que sigue varios de estos procedimientos, sostiene que numerosos procesados están compareciendo ante los tribunales sin asistencia jurídica.
"Las personas que se encuentran actualmente en prisión preventiva están siendo juzgadas sin la asistencia de un abogado, lo que, en mi opinión, no permite garantizar plenamente las condiciones de un juicio justo ni el respeto del derecho de defensa", afirma.
No todos los casos, sin embargo, siguen el mismo camino. El abogado Morad Ahsissene explica que la legislación marroquí distingue entre los delitos menos graves y aquellos castigados con penas más severas.
En los primeros, el juicio puede celebrarse incluso si el acusado carece de representación letrada. En cambio, cuando las acusaciones son de mayor gravedad, la presencia de un abogado resulta obligatoria y los tribunales optan por aplazar las vistas hasta que pueda ejercerse la defensa.
"La vista ha sido aplazada hasta el día 10 con el fin de permitir la preparación de la defensa", señala el letrado, quien precisa que varios de los procesados ya han solicitado un abogado de oficio.
La huelga también ha ralentizado el trabajo de los propios abogados. Ahsissene reconoce que todavía no ha podido acceder a algunos autos ni a los informes elaborados por la Policía Judicial que sustentan parte de las acusaciones.
Esa falta de acceso a la documentación impide conocer con detalle el contenido de algunos expedientes y dificulta la preparación de las estrategias de defensa.
A esa situación se suma otro obstáculo: la mayoría de los acusados procede de ciudades del centro y del sur de Marruecos, lejos de Tetuán, donde se concentran buena parte de las vistas.
Esa dispersión geográfica complica el contacto con los familiares y obliga a los abogados a trabajar, en muchos casos, sin haber podido mantener una comunicación fluida con las personas a las que representan.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) también ha puesto el foco en esta cuestión. En su último comunicado anunció que continuará siguiendo el desarrollo de las vistas para comprobar que se respetan "las garantías de un juicio justo y todos los derechos que asisten a las personas detenidas", conforme a la Constitución marroquí y a los tratados internacionales suscritos por el país.
La invasión de Ceuta terminó hace días en la frontera; para decenas de jóvenes marroquíes, sin embargo, sus consecuencias acaban de empezar en los juzgados.