Una muñeca usada aparece en uno de los anuncios. A simple vista no parece excepcional: tiene el pelo rubio, un vestido rosa y las marcas propias de un juguete que ya pasó por otras manos.
Lo extraño está debajo de la imagen. El vendedor pide varios miles de euros y la descripción incluye una edad, una medida y una referencia al género infantil.
En otro anuncio se ofrece un peluche. En otro, un cochecito. Hay juguetes antiguos, objetos de colección y artículos destinados a bebés. Algunos cuestan 10.000, 20.000 o incluso 30.000 euros. Las cifras no parecen guardar relación con lo que muestran las fotografías.
Cuando las capturas comenzaron a circular por las redes sociales, la interpretación más perturbadora se extendió rápidamente: los objetos no serían realmente lo que estaba a la venta.
Las edades, las alturas y los precios formarían parte de un código empleado para ofrecer menores en Vinted.
La acusación era gravísima. También era imposible de demostrar únicamente a partir de aquellas imágenes.
Todo comenzó a mediados de junio con un vídeo publicado en francés. Una usuaria de TikTok reunió diferentes anuncios y sostuvo que detrás de los juguetes se escondía una red de tráfico infantil. "Está delante de nosotros", advertía.
Otros perfiles replicaron las capturas en X y aseguraron que la plataforma de compraventa se había convertido en un espacio utilizado por pedófilos.
En pocas horas, la sospecha dejó de presentarse como una hipótesis. Los vídeos ya no preguntaban qué podían significar aquellas publicaciones: afirmaban que se estaba vendiendo a niños.
Las imágenes reunían varios elementos capaces de provocar alarma. Había precios extraordinariamente elevados, descripciones ambiguas y referencias a edades o medidas que, fuera de contexto, podían parecer datos sobre una persona.
Algunos usuarios afirmaban además haber encontrado patrones repetidos entre distintas cuentas.
Las imágenes corresponden a capturas difundidas por usuarios en redes sociales, donde comenzaron a circular los anuncios que despertaron las sospechas.
Pero una sucesión de anomalías no constituye por sí sola una prueba de trata.
La alerta francesa
La Dirección Nacional de la Policía Judicial francesa lleva más de un mes recibiendo denuncias relacionadas con los anuncios. La Oficina de Menores y la Oficina contra la Ciberdelincuencia comenzaron a analizarlos y trasladaron el caso a la Fiscalía de Nanterre.
El Ministerio del Interior francés confirmó a EL ESPAÑOL que la información examinada hasta ahora apunta a que se trataba de publicaciones falsas y que no ha permitido vincularlas con la trata de menores.
Sin embargo, la investigación no está cerrada.
Debido a la gravedad de las denuncias, la Oficina de Menores continúa trabajando bajo la autoridad de la Fiscalía de Nanterre para identificar cualquier posible actividad delictiva relacionada con las publicaciones.
La precisión resulta esencial: las autoridades francesas no han encontrado hasta el momento pruebas que acrediten la existencia de una red dedicada a ofrecer niños.
Pero tampoco han esclarecido por completo quién fabricó todos los anuncios, si respondían a una acción coordinada o qué pretendían conseguir sus autores.
EL ESPAÑOL intentó contactar con la Fiscalía de Nanterre para conocer el estado de las pesquisas, pero al cierre de este reportaje no había obtenido respuesta.
Una publicación falsa puede haber sido creada como broma, provocación o contenido destinado a hacerse viral.
También puede formar parte de una campaña de desinformación, una operación para acosar a determinados usuarios o una trampa diseñada por particulares que intentan localizar a supuestos delincuentes.
Puede incluso servir para establecer contacto con alguien y trasladar después la conversación hacia un espacio más opaco.
Por eso, determinar que el artículo fotografiado no escondía la venta directa de un menor no permite necesariamente reconstruir toda la actividad desarrollada alrededor de la cuenta.
Para hacerlo habría que analizar sus mensajes privados, los dispositivos empleados, las direcciones IP, los medios de pago y sus posibles conexiones con otros perfiles.
Vinted asegura a este periódico que su propia investigación tampoco encontró "pruebas creíbles" de tráfico infantil. La empresa sostiene que esa conclusión coincide con la alcanzada por la Policía alemana y por la organización independiente de verificación Mimikama.
Según la plataforma, muchas de las edades que aparecen en los anuncios indican el grupo para el que está recomendado un juguete, de manera similar a la etiqueta incorporada en su embalaje. Ese campo se utiliza en diferentes categorías y no únicamente en prendas de ropa infantil.
Vinted atribuye los precios elevados a distintas causas: valor real para coleccionistas, errores, bromas, intentos de llamar la atención o tácticas de negociación entre compradores y vendedores.
También reconoce haber encontrado anuncios fabricados deliberadamente por usuarios que buscaban "atrapar" a presuntos traficantes.
La empresa está retirando esas publicaciones y bloqueando las cuentas implicadas. Advierte de que algunos vendedores legítimos fueron contactados y amenazados después de que sus artículos aparecieran en vídeos virales.
Sin embargo, incluso el comunicado de Vinted evita dar el asunto por terminado. La compañía asegura que seguirá investigando y colaborando con la Oficina de Menores francesa y otras autoridades mientras continúen sus propias pesquisas.
La compañía descarta haber encontrado indicios creíbles en los anuncios estudiados. Esa afirmación no equivale a una resolución policial o judicial sobre todos los contenidos denunciados ni permite conocer qué investigaciones pueden estar desarrollando distintos países.
Europol analiza
Europol también recibió consultas.
La agencia policial europea, en diálogo con este medio, explica que el fenómeno llegó a sus especialistas después de que las imágenes comenzaran a circular masivamente.
Varias autoridades nacionales habían recibido denuncias y algunos investigadores solicitaron intercambiar información sobre lo que estaba ocurriendo.
Los expertos de Europol se reunieron internamente y hablaron con unidades policiales de distintos países. La hipótesis debía tomarse en serio porque, en función de lo que pudiera esconderse detrás de las publicaciones, el caso podría afectar a delitos de trata de seres humanos o explotación sexual infantil.
Hasta ahora, sin embargo, la agencia no conoce ninguna investigación que haya logrado relacionar los anuncios con esos crímenes.
Eso no significa que Europol descarte que pueda existir alguna actividad ilegal.
La agencia policial europea subraya que los Estados no están obligados a informar a la agencia europea de todas sus pesquisas.
Un país puede estar analizando los anuncios, haber iniciado diligencias o incluso desarrollar una investigación avanzada sin pedir apoyo internacional.
Europol únicamente conoce aquello que las autoridades nacionales deciden compartir. Por esa razón, su portavoz se niega a identificar qué países han mostrado interés: ofrecer una lista podría transmitir una imagen incompleta o directamente equivocada de la situación.
"Lo hemos visto y hemos estado hablando con varios países", confirma. Pero, con la información disponible en la agencia, todavía no ha aparecido un indicio suficientemente sólido para sostener la hipótesis de una red de trata.
La incertidumbre no es excepcional en este tipo de investigaciones.
Los mercados digitales pueden ser utilizados para operaciones distintas de las que aparecen públicamente. Dos personas que ya se han puesto de acuerdo en otro canal pueden simular la compraventa de unas zapatillas, una muñeca o un mueble para transferir dinero.
El comprador paga dentro de la plataforma, pero el producto anunciado puede no existir o no corresponderse con aquello que realmente se intercambia. La operación serviría como pantalla o como mecanismo para justificar un movimiento de fondos.
Desde Europol ponen un ejemplo: alguien puede aparentar que compra unas zapatillas por 200 euros y recibir a cambio drogas, otro objeto o incluso nada, porque el pago salda una deuda acordada previamente.
Esa posibilidad no demuestra que haya ocurrido en Vinted. Pero explica por qué una descripción extraña o un precio desproporcionado no deberían analizarse de forma aislada.
En septiembre de 2025, una operación liderada por las autoridades neerlandesas y apoyada por Europol reunió a 73 especialistas de 26 países para rastrear posibles indicios de trata en redes sociales, aplicaciones de citas, páginas de empleo, servicios de mensajería y mercados digitales.
Los expertos detectaron indicios de trata en 44 plataformas e identificaron a 33 posibles víctimas. También hallaron páginas que afirmaban alquilar, comprar o vender menores, incluidos recién nacidos, sin que ello suponga que esas operaciones llegaran a confirmarse.
El precedente no prueba ninguna relación con los anuncios de Vinted. Sí demuestra que las plataformas abiertas y aparentemente ordinarias forman parte de los espacios que las autoridades deben observar.
Señales de alerta
FAPMI-ECPAT España, la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, advierte en diálogo con este diario que no existe un único indicador que permita concluir que un anuncio encubre trata o explotación sexual infantil.
Una edad, una altura o una cifra elevada no bastan.
La relevancia aparece cuando esos datos se combinan con otras señales: contenidos que no concuerdan con la finalidad de la plataforma, exposición innecesaria de información sobre menores, comportamientos repetidos entre perfiles, pagos inusuales o intentos de trasladar la interacción hacia canales cifrados.
También deben activar las alertas las solicitudes de material personal, la sexualización, la presión, el secretismo o cualquier dinámica que pueda colocar a un menor en una situación de riesgo.
Esos elementos justifican una evaluación especializada, pero siguen sin ser pruebas concluyentes. Hay que estudiar qué función cumple cada dato dentro del anuncio y qué relación mantiene con el resto de la actividad de la cuenta.
La organización recuerda además que las plataformas de compraventa no son los únicos servicios que pueden ser instrumentalizados.
Redes sociales, videojuegos, portales de empleo y sistemas de mensajería pueden intervenir en distintas fases de una explotación: identificar a una posible víctima, ganarse su confianza, formular una oferta engañosa, organizar un encuentro, efectuar pagos o mantener mecanismos de vigilancia y control.
El caso de Vinted se produce, además, después de otra polémica relacionada con la protección de menores.
En noviembre de 2025, Reuters informó de que la alta comisionada francesa para la Infancia, Sarah El Haïry, había pedido a Arcom que examinara a Vinted tras detectar anuncios aparentemente corrientes que conducían a los usuarios, incluidos menores, hacia páginas de contenido pornográfico.
Aquella denuncia no estaba vinculada con la supuesta venta de niños. Pero describía un mecanismo similar al que ahora preocupa a los especialistas: utilizar un anuncio ordinario como puerta de entrada hacia una actividad que se desarrolla fuera de la plataforma.
Para Carlos Puente, técnico de concienciación de menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad, las plataformas deben estudiar las coincidencias entre contenidos sospechosos y activar revisiones cuando aparecen palabras en clave, enlaces o referencias que no concuerdan con el producto.
El Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea exige que las grandes plataformas analicen el riesgo de que sus servicios sean utilizados de forma abusiva, especialmente cuando pueda verse comprometida la seguridad de los menores.
Las empresas no sólo deberían retirar los contenidos. Ante una sospecha grave, también resulta esencial conservar los mensajes, las direcciones IP, los medios de pago, los dispositivos y los posibles vínculos entre cuentas para ponerlos a disposición de las autoridades cuando exista un requerimiento.
FAPMI reclama que la decisión tampoco quede exclusivamente en manos de algoritmos. Las herramientas automáticas pueden reconocer patrones o precios anómalos, pero una posible situación de explotación requiere personal formado en derechos de la infancia y dinámicas de violencia.
Un protocolo eficaz debería permitir limitar cautelarmente el contenido, preservar toda la información disponible y derivar el caso hacia equipos especializados.
Los usuarios también tienen un papel. Pueden denunciar el anuncio dentro de la plataforma, conservar las capturas y trasladar la información a la Policía Nacional o la Guardia Civil. El INCIBE ofrece orientación gratuita a través del teléfono 017.
Lo que no deberían hacer es crear publicaciones falsas, amenazar al vendedor o hacerse pasar por compradores para desarrollar una investigación paralela. Ese comportamiento puede perjudicar a personas inocentes, contaminar pruebas y dificultar el trabajo policial.
La viralización del caso ha colocado a las autoridades ante dos riesgos opuestos.
El primero consiste en convertir una serie de anuncios extraños en la prueba de una red criminal sin disponer de elementos que lo acrediten. Una acusación de tráfico infantil puede desatar campañas de acoso, destruir reputaciones y amplificar contenidos fabricados precisamente para provocar miedo.
El segundo riesgo es considerar que todo quedó explicado porque varios anuncios resultaron falsos.
Las pesquisas francesas continúan abiertas. Europol confirma que habló con investigadores de varios países. Vinted sigue retirando publicaciones y colaborando con las autoridades. Todavía falta establecer quién creó parte de los contenidos, si existió coordinación entre cuentas y qué finalidad perseguían.
Por ahora, no hay pruebas públicas que permitan afirmar que Vinted escondía un mercado de menores. Pero tampoco existe una conclusión definitiva capaz de despejar todas las sospechas que generaron las publicaciones.
La incógnita permanece en el lugar en el que comenzó: detrás de una muñeca, un precio imposible y una descripción que nadie ha logrado explicar por completo.