Bárbara, la madre okupa sevillana que será desahuciada hoy con sus 6 hijos: "Necesito un techo"

Dice Bárbara Campos Molde que le dio un vuelco al corazón cuando la semana pasada recibió la notificación del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla y leyó que van a desahuciarla del piso que okupa desde 2016. A ella y a sus seis niños, de entre 6 años y 7 meses de edad. “Necesito un techo para mis hijos. Si no me dan una solución, me meto en otro que no tenga dueño, que sea del banco”, dice la joven madre, que cumplió 27 años el pasado 21 de julio.

La diligencia de lanzamiento, como se llama el acto del desahucio en el lenguaje jurídico, está fijado para las diez de la mañana de este miércoles 18 de noviembre de 2020, en plena segunda ola de la pandemia por coronavirus y mientras todos los municipios andaluces están sujetos al cierre perimetral y al toque de queda entre diez de la noche y siete de la mañana. La notificación está fechada el 19 de octubre, cuando las medidas del nuevo estado de alarma aún no habían entrado en vigor.

Bárbara Campos cuenta a EL ESPAÑOL la odisea de supervivencia cotidiana que la ha llevado hasta este dramático punto. Es la penúltima de los 9 hijos que tuvieron sus padres, Carmen y Roberto. Estudió en el instituto Luis Cernuda del barrio sevillano de Rochelambert y dejó los estudios con 16 años, cuando estaba en 2º de la ESO. Hizo luego un curso de Estética que también abandonó antes de titularse. Conoció a Francisco Martínez, hoy de 43 años, el padre de sus hijos, y con 18 años se quedó embarazada. Sufrió tres abortos antes de dar a luz al mayor, Dyland, el único varón. Le siguieron Yasmina (5 años), Naima (4), Aitana (3), Sarayma (2) y la benjamina Adara, de siete meses.

Al convertirse en madre dejó el piso de sus padres en la barriada de Pino Montano en busca de un hogar independiente. Cuenta que como vendedores ambulantes de fruta, Francisco y ella apenas ganaban “300 euros al mes”, que ahora, durante la pandemia, se han reducido a unos 100 euros o menos porque “la cosa está fatal”.

“Estuvimos viviendo al principio de alquiler en un piso en San Jerónimo, pero la dueña nos lo subió a 550 euros, más el agua, la luz y el gas, y como eso ya no podíamos pagarlo, nos tuvimos que venir aquí”, rememora la luchadora madre. A falta de ingresos suficientes y de viviendas asequibles por la que pudieran pagar un alquiler acorde a su mísera economía, recurrieron a la vía irregular para acceder, sin violencia, al piso de tres habitaciones en el que llevan viviendo desde 2016, el séptimo C de la calle Mar de Alborán número 4 de la barriada de Pino Montano, al norte de la ciudad de Sevilla: “Pagué 600 euros a la pareja española con un niño que habían ocupado antes el piso. Llevaban dos o tres meses allí y se iban fuera con unos familiares”.

La vivienda, sigue explicando, estaba embargada y pertenecía al banco, o al menos eso le dijeron unos representantes que “hace unos dos años” fueron a verla. “Me ofrecieron 3.000 euros por irme. Les dije que no quería dinero sino un techo para mis hijos”. Insiste en que ella quiere pagar legalmente una cuota asequible por ésta o cualquier otra vivienda, pero que esos emisarios, a los que entregó la documentación que acreditaba su situación de pobreza, no le dieron ninguna posibilidad de negociar un alquiler social. No volvió a tener noticias de ellos.

Asegura que tampoco la han llamado para declarar en el juzgado en ningún momento. Ahora no sabe con quién negociar, porque CaixaBank, según le dijeron, traspasó el inmueble a otro fondo o propietario cuya identidad desconoce. “Ni las asistentas sociales del Ayuntamiento saben quién es”. El procurador de la parte propietaria que pide el lanzamiento debe comparecer este miércoles o de lo contrario las actuaciones se devolverán al juzgado, según precisa la notificación judicial.

A casa de sus padres

Bárbara Campos, resignada al desalojo, ha empezado a trasladar los muebles y enseres de los dormitorios de sus hijos y a llevárselos al piso de sus padres, por miedo a que se queden dentro el día del lanzamiento y no pueda luego recuperarlos. “Estoy con miedo”, dice sobre la anunciada expulsión legal.

La situación económica de Bárbara y sus hijos ha mejorado desde este pasado mes de junio, cuando, según detalla, empezó a cobrar automáticamente el único ingreso estable que ahora percibe: los 790 euros al mes del Ingreso Mínimo Vital, la nueva prestación de la Seguridad Social que el Gobierno de PSOE y Podemos puso en marcha en esas fechas. En su caso, explica, le correspondería en realidad percibir 1.015 euros, porque está en la categoría de una unidad familiar de un adulto con tres o más menores a su cargo, pero como no le han registrado aún en el sistema administrativo a las niñas más pequeñas, le están abonando de momento 225 euros menos. “Me lo tienen que arreglar”.

A esa cantidad le agregaría los entre 100 y 300 euros que el padre de sus hijos, en paro y que no reside con ellos, gana con la venta informal de fruta en la calle. “Puedo pagar 300, 400, 500 euros al mes de alquiler como mucho. Más no puedo”, responde.

Bárbara está separada y vive sola con sus seis hijos, pero aclara que el padre, que reside con la madre de éste, está comprometido totalmente con el mantenimiento de la familia.

Cuenta que en estos cuatro años y pico como inquilina okupa no ha tenido incidentes y que, salvo con “dos o tres vecinos”, se lleva bien con los numerosos residentes del bloque. “Pago el agua y la luz” del piso, puntualiza para destacar su voluntad de vivir con normalidad y cumpliendo sus obligaciones. Enseña las habitaciones ya casi vacías y el cuarto de baño que ella se encargó de arreglar. Deja la vivienda en mejores condiciones de cuando entraron. “Entonces estaba todo deteriorado, ahora el baño está nuevo”.

Tras recibir la notificación del lanzamiento, ha preguntado en el juzgado qué tiene que hacer, y le han respondido, dice Bárbara Campos, que el pasado viernes ya acudieron allí trabajadoras sociales del Ayuntamiento para interesarse, y le han instado a que hable con ellas para enterarse de los siguientes pasos. Este lunes ha ido a la oficina de Asuntos Sociales cercana a su hogar pero no ha podido hablar con las trabajadoras: “Estaban desinfectando todo porque ha habido dos o tres casos de Covid, y me han dicho que vuelva mañana”.

Añade que lleva también seis meses esperando a que atiendan su petición al Ayuntamiento de comida y pañales para los niños. “Me han dicho que como me van a desahuciar, que para qué me van a llamar para los alimentos. Me he quedado sin palabras”, dice sobre el aparente colapso de la ayuda pública.

Okupar otra vez

¿A dónde irá cuando la echen? Aunque temporalmente vuelva al piso de sus padres, no quiere quedarse allí porque significaría sumar siete personas (ella y los seis pequeños) a las otras seis que ya habitan en ese domicilio. Su padre, cocinero en un bar, era el único que tenía empleo, pero ahora, enfermo de corazón, no puede trabajar.

Explica que los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, le ofrecen como realojo temporal de emergencia hospedarla con sus hijos “en un hotel o en un piso compartido con otras familias”. Ella responde que sólo aceptaría irse a este piso transitorio municipal si coincide con que no hay otras familias residiendo allí en este momento, porque entiende que con seis niños pequeños y en situación de pandemia no es viable compartirlo con más personas. Aunque puede que no le quede más remedio: “Las asistentas sociales me han dicho que para optar a una de las viviendas de [la empresa municipal] Emvisesa tienes que pasar antes por un piso compartido obligatoriamente”, asegura.

Su tercera opción tras el desahucio es okupar de nuevo otro piso vacío por el que no tenga que pagar. Aunque matiza: “Como madre, sé lo que hago. Yo no me meto en un piso por la cara que tenga propietario particular, sólo en uno que sea embargado o del banco”. Insiste en que actúa así por necesidad y no es una delincuente. “No hago daño a nadie. Las asistentas sociales me dan la razón y me dicen que entienden que lo haga, que no estoy robando sino buscando un techo para mis hijos. Ya tengo visto otro piso donde me puedo meter. Está vacío y es del banco. No estoy haciendo nada malo”.

La última opción, la mejor, es que Bárbara encuentre pronto a alguien que acepte alquilarle una vivienda para ella y sus seis criaturas por menos de 500 euros al mes y sin avales y demás complicaciones burocráticas, teniendo en cuenta que ella ingresa menos de mil. “Si me ofrecen un piso de alquiler barato, me voy allí con los ojos cerrados”.

Se aplaza 3 meses

Bárbara se fue con sus hijos a pasar la noche de ayer a hoy miércoles en casa de sus padres, con la idea que por la mañana el niño y las cinco niñas no fueran testigos del temido desalojo en caso de que comenzara antes de llevarlos al colegio (los cuatro mayores) y a la guardería (las dos pequeñas).

Cuando ha vuelto al portal del bloque para esperar a la anunciada comisión judicial que debía ejecutar el lanzamiento a las diez de la mañana, según consta en la notificación del 19 de octubre que le llegó la semana pasada, ha comprobado, para su alivio y sorpresa, que no ha llegado nadie. Por teléfono, una asistenta social municipal que lleva su caso le ha informado de que el desahucio se aplaza “tres meses”, dice Campos a EL ESPAÑOL.

Desde marzo, como parte del llamado “escudo social” frente a la pandemia de coronavirus, el Gobierno mantiene por ley hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de ejecutar ningún desahucio si no se ofrece una “alternativa habitacional”. Los tres meses de prórroga en la ejecución del lanzamiento que estaba inicialmente previsto para hoy da un tiempo extra a la joven madre para buscar una solución acorde a sus ingresos reales, y a los organismos públicos para ayudarle a encontrar un techo legal para sus hijos. Ese día, la madre okupa se quitará de encima la ‘k’ que arrastra desde hace cuatro por necesidad.