Ante las agresiones que el personal de hospitales gallegos han vivido este año, siendo la sufrida por un vigilante de seguridad en el hospital de Oza la más reciente, la consellería de Sanidade avanza que valora la posibilidad de exigir por contrato a las empresas que cuenten con un plan de prevención de agresiones y asistencia legal.
La consellería liderada por Antonio Gómez Caamaño explica —un día después de las protestas protagonizadas por el personal de los servicios de seguridad frente al CHUAC— que está dispuesta a abordar en una reunión de trabajo la posibilidad de que los futuros pliegos de los contratos de vigilancia incluyan esta exigencia para las empresas concesionarias.
Sanidade indica que la idea es seguir con lo establecido con la reciente modificación de la Lei de Saúde, reformada el pasado mes de noviembre,
La modificación, que entra en vigor en el 2026, contempla aspectos como nuevas medidas preventivas, una ampliación del alcance de las sanciones y reconoce por primera vez la violencia digital ejercida por pacientes o acompañantes.
Desde la consellería explican que esta reforma ya introduce la exigencia para los contratos de prestación de asistencia sanitaria. De esta forma, abre la puerta a que la obligatoriedad de contar con un plan de prevención y asistencia letrada se extienda también a los contratos de vigilancia, algo que adelanta que tratará con los colectivos implicados.