La corporación municipal de Santiago ha aprobado el pago de facturas de bus urbano con valor de alrededor de 3.000.000 euros, bloqueado en los meses previos al verano, con los votos a favor de los miembros del gobierno local (BNG y Compostela Aberta), PSOE y concejales no adscritos.
Esta deuda se refiere a dos facturas: una de 402.093,27 euros en deuda con Autocares Rías Baixas y otra de 2.537.725,89 a pagar a TRALUSA. En junio, la abstención de los ediles no adscritos y el 'no' del PP impidió aprobarlas, después de que en mayo sucediera lo mismo con la primera de ellas.
Sin embargo, en el primer pleno de este curso, los concejales no adscritos han variado su sentido del voto y han votado a favor, lo que se suma al ya previo 'sí' del PSOE, BNG y Compostela Aberta y ha permitido desbloquear el pago.
El concejal de Movilidad, Xan Duro, ha recordado que el retraso de estos pagos se debe al "descabezamiento del departamento de Tráfico". Con la luz verde de la corporación municipal, todos los pagos quedan regularizados.
El PP vota en contra
En nombre de las concejalas no adscritas, Gonzalo Muíños ha recordado, como ya había adelantado, que su 'sí' estaba condicionado a dos factores. Estas exigencias pasaban por justificar que las facturas a pagar con este mecanismo se ajustaran al precio de mercado bajo criterios técnicos y, por otro lado, desbloquear la nueva licitación del transporte urbano.
En el primer caso, pedían un estudio económico que acreditase que el reconocimiento extrajudicial se adecuase al precio de mercado, ya que, según ha apuntado Muíños, el anterior informe del interventor no lo acreditaba.
Este punto ha suscitado la indignación y murmullo de los ediles del PP, que han puesto en duda la validez —e incluso María Rosario Ferreiro ha insinuado su "no existencia"— del estudio facilitado a las concejalas no adscritas de forma previa al pleno.
"Se lo haré llegar. No tengo problema", alegó Xan Duro, tras lo que el popular Borja Verea le ha reprochado decir "que ya se incorporará posteriormente un documento clave". Duro y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, han alegado que el presentado es ya un "expediente completo", el mismo que ya se había llevado en ocasiones anteriores.
Al respecto de la licitación del nuevo contrato, ha trasladado que existe un compromiso del edil de Movilidad, con que estará listo para octubre o, a más tardar, noviembre. Esto es, en palabras de Muíños, un "acto de fe". "Estamos dispuestos a hacerlo por responsabilidad, por empatía con las empresas y, sobre todo, con las familias y personas trabajadoras que dependen de estas facturas para cobrar sus nóminas", ha trasladado.
La socialista Marta Abal ha reafirmado el apoyo mostrado en anteriores ocasiones a la aprobación de esta deuda. "Lo que no compartimos es dejar de pagar servicios prestados porque no cambió el escenario en relación a otros reconocimientos extrajudiciales", ha criticado, dirigiéndose al resto de concejales en la oposición.
Por su parte, la popular María Rosario Ferreiro, que ha censurado "perpetuar en el tiempo las irregularidades" en la gestión del bus urbano, ha afeado el alquiler "a dedo" de autobuses urbano —al que responden las deudas a pagar—.