La Xunta de Galicia insiste en que cumple con lo que marca la ley sobre las viviendas de uso turístico (VUTs) e insta al Concello de Santiago y al Gobierno central a asumir sus competencias en este ámbito.
Preguntado en el Parlamento gallego sobre el incremento de estos alojamientos, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha señalado que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos tienen potestad para ejercer sus competencias en la regulación de las viviendas de uso turístico. Así, las administraciones locales "son las encargadas de comprobar si una determinada vivienda cumple la normativa municipal y, de no cumplirla, de comunicárselo a Turismo de Galicia para que proceda, si es el caso, al expediente de baja para garantizar la seguridad jurídica", ha añadido.
En este sentido, el conselleiro se ha referido al encuentro mantenido por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, del que la Xunta no tuvo comunicación y en el que se anunció la existencia de un listado de supuesta publicidad ilícita por parte de propietarios de viviendas de uso turístico de la comunidad. Según Diego Calvo, el Gobierno gallego sigue a la espera de esta información para poder realizar las comprobaciones necesarias y garantizar así los derechos de todos los implicados.
La Xunta considera esta actitud totalmente oportunista y populista y por eso, el conselleiro ha solicitado de nuevo la documentación anunciada ante los medios de comunicación, donde consten los datos y motivos específicos para poder actuar con la contundencia y seguridad jurídica que caracteriza la actuación del Ejecutivo autonómico.
Las declaraciones del ministro se produjeron justo antes de un puente y "en un momento que pudieron afectar a las reservas" por parte de los posibles visitantes a la comunidad gallega. Por ello, el Gobierno gallego considera que estas manifestaciones fueron una irresponsabilidad al crear alarma con el objetivo de buscar más un rendimiento mediático y debilitar un sector que está reportando importantes beneficios para Galicia, repartiendo riqueza por todo el territorio a lo largo de todo el año, y generando una actividad productiva que representa más del 10% del PIB que da empleo a 130.000 personas.