El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado este sábado al Gobierno que paralice el desahucio de una familia vulnerable que vive en un edificio propiedad de la Sareb en la plaza del Asilo, número 5, en Narón. El lanzamiento está previsto para el próximo sábado, según ha señalado el parlamentario, que ha acudido al inmueble acompañado por los concejales de la formación en el municipio, Geno Carballeiro y Olalla Ledo, además de personas afectadas por procedimientos similares.
La familia está formada por una mujer, su madre y dos menores. Según los datos trasladados por el BNG, cuenta con un informe municipal que acredita su vulnerabilidad económica y recibe la Risga, la renta de inclusión social de Galicia. Rego ha explicado que desde enero de este año se han producido reclamaciones por mensualidades atrasadas por parte de la inmobiliaria Gallega Directa 2018 S.L., aunque sostiene que una resolución judicial del Tribunal de Instancia de Ferrol establece que la Sareb ya era propietaria del inmueble durante los meses a los que corresponde la deuda reclamada.
El diputado nacionalista también ha señalado que otra familia residente en el mismo edificio atraviesa una situación similar. La formación reclama que se estudie la situación de los inquilinos afectados y que se formalicen contratos de alquiler social para que puedan permanecer en sus viviendas en condiciones asequibles.
Durante la visita, Rego ha cuestionado la gestión de los inmuebles de la Sareb y ha pedido que se revisen los procedimientos de desahucio que afectan a personas en situación de vulnerabilidad. El parlamentario considera que la entidad, cuyo capital es mayoritariamente público, debe ofrecer una solución habitacional a estas familias y evitar que se queden sin alternativa residencial.
El BNG también reclama al Gobierno central que paralice los desahucios de personas vulnerables en viviendas de la Sareb y que transfiera los inmuebles que la entidad tiene en Galicia para incorporarlos al parque público de vivienda y destinarlos al alquiler social. La formación defiende, además, medidas para contener el precio de los alquileres y las hipotecas y reforzar la protección de los inquilinos.